El COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA es un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que resulta de un acuerdo con la ONU por lo que Argentina está obligada a cumplir.

Controla espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. El Comité observa, registra y entrevista atento a las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Dicho organismo puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial a fin de prevenir y erradicar la tortura.

El Comité ha sido clave en situaciones de detenciones, encarcelamientos masivos y represión durante protestas en nuestra provincia, pues sus miembros están dotados de herramientas no sólo para develar situaciones malos tratos mediante observación y entrevistas, sino también de arbitrar estrategias de denuncia y de resguardo a las víctimas.  

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad impulsó la reforma de la ley 8284, que contempla el funcionamiento de esta Comisión.  Las reformas propuestas tienden a generar mayor vulneración de derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Cabe destacar la “contradicción”: justamente la iniciativa es propia del ministerio objeto de control de esta Comisión.

En comunicaion con Ana Sosino que pertenece al Comité de Prevención de la Tortura en Mendoza, nos comenta los detalles sobre la reforma, haciendo incapie en la NO reforma de la Ley 8284 porque las organizaciones son imprescindibles en el control al Estado en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, en la construcción de estrategias de prevención de la tortura, en garantizar que no se perpetúe la impunidad ante los hechos más crueles que ocurren en los contextos de encierro.