Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte una fuerte reducción del presupuesto ejecutado en 2025, con caídas profundas en salud, educación, ciencia, obra pública y desarrollo social, mientras crece el gasto en inteligencia y se sostiene el peso de la deuda.
Al cierre de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional registró una caída real cercana al 29% respecto de 2023, lo que da cuenta de un ajuste fiscal de magnitud con consecuencias directas sobre políticas públicas esenciales. Así lo señala el informe del CEPA, elaborado a partir de datos oficiales del sistema e-SIDIF y actualizado a diciembre de 2025.
El estudio muestra que el recorte atraviesa a la mayoría de las funciones del Estado. Los Servicios Sociales, que concentran más de la mitad del gasto total, cayeron un 20% real frente a 2023. Dentro de este rubro se destacan retrocesos críticos en vivienda y urbanismo (-98%), agua potable y saneamiento (-92%), promoción y asistencia social (-73%), educación y cultura (-47%) y ciencia y tecnología (-44%).
En el área de salud, el informe advierte fuertes recortes en organismos clave como la Superintendencia de Servicios de Salud (-72%), el Instituto Nacional del Cáncer (-74%), el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-25%). También se registran caídas de entre el 20% y el 42% en hospitales nacionales, mientras que varios programas de prevención sanitaria directamente no tuvieron ejecución durante 2025.
La educación aparece entre los sectores más afectados: programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron una ejecución nula (-100%), al igual que otras políticas de apoyo al sistema educativo. En paralelo, las becas estudiantiles, la formación docente y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles sufrieron recortes de entre el 75% y el 90%.
El ajuste también golpeó con fuerza a la obra pública y el transporte, con caídas que van del 75% al 100% en programas de infraestructura vial, hidráulica y urbana. Según el informe, la ejecución en este sector fue “extremadamente baja”, cercana a la paralización.
En contraste con este escenario, el trabajo del CEPA señala dos datos que llaman la atención. Por un lado, el gasto en la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó un 52% real respecto de 2023. Por otro, los Servicios de la Deuda Pública mantuvieron un peso significativo, representando el 8% del gasto total, a pesar del fuerte recorte general.
El informe concluye que la Administración Pública Nacional atraviesa una etapa de reducción marcada del gasto, con impactos profundos en áreas sensibles como salud, educación, ciencia, desarrollo social y obra pública. La magnitud del ajuste, advierte el CEPA, plantea un escenario de alta preocupación sobre la continuidad y sostenibilidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico adverso
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