La Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA) manifestó su rechazo absoluto a la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, al advertir que se trata de “una estafa a todos los argentinos” y de la entrega de infraestructura estratégica construida íntegramente con fondos públicos.
Desde la organización sindical señalaron que el sistema hidroeléctrico del Comahue representa alrededor del 24% de la generación eléctrica nacional y constituye la fuente de energía más económica del país. En ese marco, denunciaron que estas obras, ya amortizadas y financiadas por generaciones de argentinos y argentinas, son entregadas “a precio vil” para que unos pocos grupos privados se apropien de su rentabilidad.
“El esfuerzo colectivo de todo un país no puede convertirse en ganancia extraordinaria para empresas que no realizaron la inversión original”, afirmó Pedro Wasiejko, secretario general de FETIA. En ese sentido, remarcó que privatizar las represas implica regalar activos estratégicos y resignar recursos clave para el desarrollo nacional.
Desde el gremio también subrayaron que las represas no deben ser pensadas únicamente como un negocio financiero. “Constituyen la base de una visión integral de desarrollo regional que articula agua, energía, transporte, producción y empleo”, sostuvo Wasiejko, y advirtió que su control público es central para fortalecer la industria nacional y las economías regionales, especialmente en la Patagonia.
En la misma línea, Fernando Lisse, integrante del Foro en Defensa de los Ríos y las Represas del Comahue, alertó que la privatización implica ceder soberanía energética, profundizar un modelo extractivo y poner en riesgo a las poblaciones ubicadas aguas abajo. “Subordinar la operación y el mantenimiento de obras críticas al lucro privado compromete la seguridad y el interés público”, señaló.
El comunicado también exige a las fuerzas políticas de la oposición que no se limiten a rechazar las privatizaciones, sino que elaboren y difundan una propuesta alternativa que recupere el control público de los recursos estratégicos, garantice energía accesible y promueva un proyecto de desarrollo nacional.
En este contexto, una investigación reciente de Chequeado detalla quiénes son los empresarios y grupos económicos detrás de las licitaciones de las centrales hidroeléctricas ubicadas en Neuquén y Río Negro, aportando información clave para comprender los intereses en juego en el proceso de privatización.
Según publicaron, las licitaciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue concentran el interés de grandes grupos empresarios con fuerte peso en el sector energético, algunos de ellos ya vinculados a concesiones previas y a negocios en generación y distribución eléctrica.
El Gobierno nacional, debido a las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas, espera recibir en los próximos días cerca de US$ 707 millones por parte de las empresas adjudicatarias. De acuerdo a la información relevada, Edison Energía se quedó con dos de las cuatro concesiones; se trata de un holding integrado por la familia Neuss —aportantes de campaña de La Libertad Avanza—, accionistas del Grupo Newsan y otros empresarios locales. En tanto, Central Puerto, uno de los principales operadores del mercado energético, continuará al frente de la represa Piedra del Águila, mientras que MSU Energy, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, operará la central El Chocón.
“Las represas del Comahue fueron concebidas para impulsar el desarrollo industrial y federal del país, no para el beneficio de unos pocos”, concluye el documento de FETIA, que convoca a defender el trabajo argentino, la soberanía energética y el futuro nacional.