Las comunidades huarpes del secano lavallino recibieron en su territorio a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza para expresar su rechazo al proyecto del gobernador Alfredo Cornejo, que busca derogar parcialmente la Ley 6920. Esta norma, vigente desde 2005, reconoce los derechos territoriales ancestrales del pueblo huarpe, y su posible eliminación representa un grave retroceso en materia de justicia histórica.
Palabras de apertura: intendente y diputados presentes
Edgardo González, intendente del departamento, expresó su respaldo y preocupación: “No podemos ir contra los sueños de quienes han vivido acá por generaciones. Esta ley fue un sacrificio enorme, y hoy está en riesgo”. También advirtió sobre el cierre de campos y el corte de paso a animales como consecuencias directas si se deroga la ley.
El presidente de la Comisión, José Luis Ramón, fue contundente: “No hay conflicto, hay derechos. El Estado tiene la obligación de respetarlos”. Ademas señaló que el intento de derogar la ley viola derechos constitucionales de comunidades con preexistencia reconocida.
Desde Tunuyán, se hizo presente el diputado Julio Villafañe quien remarcó la ausencia de legisladores oficialistas y apuntó: “Este gobierno avanza sobre derechos adquiridos. Esta comisión está acá para visibilizar y acompañar la resistencia de las comunidades”.
Testimonios de diferentes referentes de las comunidades
Ramón Tello, referente huarpe, explicó en detalle el estado de situación. Presentó mensuras, depósitos judiciales y el listado de comunidades con personería jurídica. Señaló que los argumentos del Ejecutivo son falsos y denunció una estrategia deliberada de no cumplimiento. También alertó: “Este proyecto no modifica: deroga. Nos deja sin nada. Volvemos cinco siglos atrás”.
Diego Barroso denunció que el proyecto fue redactado por la misma Fiscalía de Estado que desde el inicio buscó frenar la ley: “Nunca existió voluntad política de cumplirla. Quieren hacerla desaparecer”. Señaló además que toda la documentación está en el expediente judicial y que el problema es político, no técnico.
Nancy por su parte habló desde la emoción y la historia familiar: “Nos están matando la ley, pero también el futuro de nuestros hijos. Esto es matar la memoria de quienes lucharon antes y dejarnos sin herramientas para el futuro”. Llamó a seguir organizados.
Julio otro vecino destacó la amenaza identitaria que implica la derogación: “Me quieren hacer desaparecer. Me quieren quitar el documento de identidad. Pero no va a ser tan fácil. Detrás de cada uno de nosotros hay generaciones que seguirán peleando”.
Una voz joven expresó con fuerza: “Nos quieren enjaular. Pero nacimos libres, como pájaros silvestres. Y libres vamos a seguir”. El testimonio reflejó el impacto emocional y simbólico que atraviesa el conflicto territorial.
Otros de los testimonios acompaña la lectura de una carta abierta compartida durante la asamblea esta, denuncia el intento de derogación como un acto de racismo institucional: “El territorio no se negocia. La derogación perpetúa el despojo. Exigimos el respeto total a la Ley 6920 y el cumplimiento del proceso de expropiación pendiente”.
Por otra parte un comunero compartió una copla nacida del monte: “Le quitaron el agua y le llamaron desierto, hasta talaron el árbol que daba pan a mi pueblo… Por eso, hermanos, les pido: que unidos la reclamemos”. La canción sintetizó el sentimiento colectivo de resistencia.
¿Qué está en juego con la Ley 6920?
Ramón Tello detalló que el proyecto del gobierno no busca modificar sino derogar por completo la ley. “Nos dejarían sin base legal, sin garantía, sin herramientas de defensa. Volvemos al 2000”. También se refirió a la falta de respuestas institucionales y a la posibilidad de acudir a organismos internacionales.
Cristian Ocaña, presidente de la comunidad Secundino Talquenca, explicó el impacto directo sobre las comunidades con esta derogación que dejaría a las familias en la incertidumbre legal absoluta: “Esta ley es el único respaldo que tenemos. Sin ella, quedamos expuestos a desalojos y pérdida de derechos. Vamos a pelear hasta lo último”.
El acompañamiento institucional
El intendente reafirmó el compromiso del municipio con la causa: “Estas tierras son de quienes las habitan y las han cuidado. No vamos a permitir que se quiten derechos adquiridos. Vamos a estar presentes en cada instancia”. Señaló además que durante la jornada recibió documentación clave que refuta los argumentos del Ejecutivo.
Esta nota es una producción colectiva realizada por quienes realizan el programa radial “La Chiva Mensajera”, con Radio Campesina del Encón (San Juan) y Radio Tierra Campesina (Mendoza). Aunque actualmente en lo que va del año, el programa no está al aire La Chiva sigue viva: informando sobre los temas que importan a las comunidades originarias de nuestros alrededores, visibilizando las voces silenciadas por los grandes medios y tejiendo comunicación popular desde el territorio.