El gobierno de Javier Milei volvió a poner en agenda la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la inseguridad. El proyecto, impulsado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y acompañado por el Ministerio de Justicia, propone llevar la imputabilidad penal hasta los 14 años. Lejos de ser una novedad, esta iniciativa reactiva una lógica punitivista que ya mostró sus límites y que choca de frente con los estándares de derechos humanos.
Este martes 10, se conoció que tras haber enviado al Congreso el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, el propio Ejecutivo pidió su retiro y anunció el envío de un nuevo texto. Finalmente, la iniciativa no llevaría la imputabilidad a los 13 años, como se había propuesto inicialmente, sino a los 14, retomando en gran medida el esquema que ya había obtenido dictamen en mayo de 2025.
El proyecto, incorpora ahora la asignación de partidas presupuestarias para su implementación: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. Lejos de expresar un cambio de enfoque, estos fondos aparecen como parte de una negociación política acelerada para conseguir dictamen en el plenario de comisiones que el oficialismo necesita habilitar en Diputados, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Así, la baja de la edad de punibilidad vuelve a instalarse no como resultado de un debate serio y participativo, sino como una maniobra de impacto mediático y disciplinamiento social, que reactiva una lógica punitivista ya conocida y en abierta tensión con los estándares de derechos humanos.
Punitivismo vs. enfoque de derechos
En San Luis, al igual que en resto del país, el proyecto de Javier Milei encontró oposición en organizaciones de base y militantes de derechos humanos. En esta nota, recorremos los argumentos expuestos por la Licenciada en Psicología Mechy Loizo y por la Murga Domadores de Suegras.
Para entrar en el debate, urge recordar que en septiembre de 2024, la Legislatura de San Luis aprobó el Presupuesto 2025 que incluía la construcción de una cárcel para menores. La decisión, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, se alinea con la estrategia de “mano dura” que baja desde Nación. Para la psicóloga y docente jubilada de la Universidad Nacional de San Luis, Mechy Loizo, el enfoque es claro: se trata de “atender el conflicto de menores que delinquen, con más punitivismo”, una respuesta que ignora las causas sociales y profundiza la exclusión.
“De manera recurrente se instala en el país la discusión acerca de la necesidad de disminuir la edad de imputabilidad de los “menores” que hayan cometido infracciones a la ley penal. Este es uno de esos momentos, a partir de la presentación de un proyecto elaborado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya titular Patricia Bullrich, con el apoyo del Ministro de Justicia Cuneo Libarona, aboga por considerar imputables a partir de los 14 años ya que, según su criterio, a esa edad se puede comprender la criminalidad de los actos y regular la conducta de acuerdo con esa comprensión”, advierte Loizo en un texto redactado y publicado en sus redes sociales.
Y agrega que el argumento oficial desconoce el marco normativo vigente. Desde la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes con rango constitucional en Argentina desde 1994, el sistema de justicia penal juvenil debe regirse por el principio de especialidad y considerar la privación de la libertad como “el último recurso”.
En esa línea, Loizo detalla que lo que verdaderamente debe caracterizar al sistema penal juvenil es que la sanción debe tener una finalidad educativa y de inserción social y de restauración, por encima de lo punitivo. Además, subraya que los recursos públicos destinados a encierro -en San Luis, 1.200 millones de pesos para una cárcel- podrían invertirse en acompañamiento, educación, capacitación en oficios y programas comunitarios que permitan a les adolescentes “asumir la responsabilidad del hecho cometido y reparar de alguna manera el daño causado”.
La construcción de cárceles para niñes y adolescentes no solo contradice este enfoque, sino que consolida un modelo que iguala infancias con delitos. “Una justicia juvenil con enfoque de derechos debe estar centrada en niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad progresiva para comprender las normas que rigen en la sociedad de acuerdo a su edad y grado de madurez”, insiste Loizo, marcando la necesidad de un sistema diferenciado del penal adulto.
La cultura barrial toma la palabra
Desde los territorios, la respuesta también es colectiva. La Murga Domadores de Suegras, espacio cultural, barrial y comunitario del Barrio 9 de Julio de la ciudad de San Luis, expresó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad con un comunicado que pone el acento en lo que el punitivismo oculta. “Creemos firmemente que bajar la edad de imputabilidad no es una solución real al problema de la inseguridad”, afirman, y advierten que esta medida “expone a niños y adolescentes a entornos punitivos y criminalizantes, sin el acompañamiento social, educativo y emocional que necesitan”.
La Murga retoma una mirada compartida por organismos de derechos humanos y especialistas planteando que el derecho penal no puede ser la herramienta principal para abordar problemáticas sociales complejas. “El camino para reducir la criminalidad juvenil es invertir en educación, inclusión, trabajo, cultura, deporte y políticas públicas que contengan y acompañen a las infancias y juventudes”, sostienen, especialmente en los barrios más vulnerados.
Lejos de la lógica del castigo temprano, Domadores de Suegras reivindica el rol de la organización comunitaria. “Como murga, creemos en el poder de la cultura, la organización barrial y la inclusión como herramientas de transformación social”. Y cierran con una consigna que resume el debate: “No es bajando edades, es elevando derechos”.
Los datos desmienten el discurso del miedo
El relato oficial que justifica la baja de la edad de punibilidad se apoya en la idea de impunidad y en una supuesta explosión del delito juvenil. Sin embargo, los datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) cuentan otra historia. Según su informe de 2024, en Argentina se registraron 4.119 niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. De ese total, solo 865 estaban en lugares de encierro.
Esto significa que ocho de cada diez NNyA contaban con medidas judiciales alternativas, como programas de acompañamiento y supervisión en territorio. La tasa nacional de encierro fue de apenas “1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes”, una cifra que desarma el argumento de la excepcionalidad convertida en regla. Además, el propio informe señala que predominan los delitos contra la propiedad (57,1%), muy por encima de los delitos graves contra las personas.
El CNPT es contundente respecto del rumbo que deberían tomar las políticas públicas: el objetivo es “promover medidas no judiciales y alternativas a la privación de la libertad”, ya que “el encierro debe ser una medida excepcional, de último recurso y por el tiempo más breve posible”. Incluso el organismo advierte que la baja de la edad de imputabilidad podría contradecir la Constitución Nacional y los tratados internacionales que obligan al Estado a priorizar el interés superior de niñes y adolescentes.
La insistencia en el retroceso democrático
La insistencia del gobierno nacional en bajar la edad de punibilidad, acompañada por iniciativas provinciales como la construcción de cárceles para menores, revela una elección política ligada a gestionar la desigualdad con castigo. Frente a eso, las voces de Mechy Loizo, de la Murga Domadores de Suegras y los datos del CNPT convergen en una misma advertencia: más encierro no es más seguridad, sino más vulneración de derechos.
En un contexto de ajuste, desfinanciamiento de políticas sociales y criminalización de la pobreza, el debate es profundamente político. Y lo que el gobierno de Jabier Milei busca no es proteger sino disciplinar a les más jóvenes. Porque sin inclusión, sin Estado presente y sin justicia social, bajar la edad de punibilidad no es solución, es retroceso.