El regreso del debate por la baja de la edad de imputabilidad expone una respuesta punitiva que no se sostiene en datos y elude las causas sociales de la violencia. En medio de la crisis económica y social, el Gobierno nacional impulsa una agenda que promete seguridad, pero profundiza la exclusión de niños y adolescentes.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda pública de la mano del Gobierno nacional, en un contexto marcado por la crisis económica, el cierre de fábricas y la pérdida de derechos laborales. Para Eva Fontdevila, referente en temas de infancias e integrante de FM Raco de Tucumán, no se trata de una discusión nueva ni inocente, sino de una estrategia política que apela a reflejos punitivistas profundamente arraigados en el sentido común.
“La derecha trabaja este tema con mucha eficiencia comunicacional porque encaja rápido en muchas personas. Es una ecuación simple, pero falsa: que hay que encerrar a los chicos cada vez más jóvenes porque delinquen más y con más violencia. Eso no se sostiene con ningún dato”, sostuvo la comunicadora.
Fontdevila advirtió que quienes cuestionan la baja de imputabilidad suelen ser ubicados en el lugar de quienes “defienden a los delincuentes” o minimizan la inseguridad. “No es que no nos importe lo que pasa. Al contrario: como no nos da lo mismo, cuidamos a esos niños con argumentos más complejos que decir ‘hay que encerrarlos’”, afirmó.
En ese sentido, explicó que los adolescentes que cometen delitos suelen arrastrar trayectorias marcadas por múltiples vulneraciones de derechos. “Son chicos con descuido acumulado. Que te hayan vulnerado derechos no justifica un delito, pero sí obliga al Estado a pensarte como un sujeto con una historia y a apostar a tu recuperación. El encierro no es una apuesta”, remarcó.
La referente tucumana también cuestionó la construcción de una frontera moral entre “los ciudadanos de bien” y “los malos”. “Esa frontera imaginaria nos deja tranquilos a algunos porque creemos estar del lado correcto, mientras encerramos a otros y dejamos de preguntarnos qué les pasa o qué va a pasar cuando salgan”, señaló.
Desde su experiencia en dispositivos de privación de libertad para adolescentes en Tucumán, Fontdevila relató que existen políticas y programas que apuntan a la responsabilización y no al castigo. “No es cierto que no se haga nada. Hay jueces de menores, defensores, abordajes interdisciplinarios, programas de seguimiento. El problema es que se discuten cosas que ya están legisladas”, explicó.
Uno de los ejes centrales de su crítica apunta a la idea de resolver problemáticas sociales con herramientas penales. “Un juez de menores lo dice muy claro: no podés resolver problemáticas sociales con el Código Penal. A lo sumo te sacás el problema de encima, encerrás a alguien y listo”, citó. Se refiere al juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito.
Fontdevila también cuestionó el rol de los grandes medios de comunicación en la construcción de la sensación de inseguridad. “Los hechos violentos cometidos por menores siempre estuvieron entre el 2 y el 3%. Sin embargo, se repiten una y otra vez en los medios y eso genera la idea de que son la mayoría. Incluso cuando el propio Ministerio de Seguridad reconoce que bajaron los homicidios y los robos desde 2020”, subrayó.
Finalmente, sostuvo que el debate no puede desligarse del contexto social y económico. “Si no hay educación, salud, empleo y un proyecto de vida posible, es muy difícil pedirle a un pibe que crea en el futuro. Hoy discutimos la baja de imputabilidad mientras aumentan la mortalidad infantil, la pobreza y la exclusión. Todo está relacionado”, afirmó.
“Nunca tenemos que perder la esperanza de que las personas pueden transformarse. Con los chicos, más que con nadie”, concluyó.