Una nueva ley aprobada en julio pasado en la Legislatura Provincial de Mendoza ha puesto en jaque la estabilidad laboral de decenas de trabajadores del Instituto Provincial de Juego y Casino estatal. Según relató Pablo Cucchi, trabajador del sector en entrevista radial, desde el 5 de agosto, 82 compañeros y compañeras han quedado “en periodo de disponibilidad”, sin tareas asignadas y con la amenaza de despido inminente.
La “reconversión” cuestionada
La legislación, presentada oficialmente como una medida para “optimizar los recursos” del instituto, marca un nuevo paso en lo que el sindicato describe como un proceso de privatización progresiva. “Ahora ya directamente se lo ha convertido en algo donde el Instituto solo va a tener una función de contralor y ya no de gestor“, cuneta Pablo Cucchi.
El trabajador enfatizó la contradicción entre el discurso oficial y la práctica real: “Y aparte el gobierno lo vendió en su momento como una lucha contra la ludopatía cuando es exactamente todo lo contrario“.
Desmantelamiento progresivo
El conflicto no es reciente. Según Cucchi, la planta del personal venía siendo reducida fuertemente desde 2016: “En su momento 18 programas de salud eran cubiertos por la recaudación del juego entre algunos tan sensibles como la lucha contra el SIDA, programas oncológicos provinciales“.
La situación financiera del organismo habría cambiado drásticamente: “A fines del año 2015 el Instituto Provincial de Juego y Casino era tan superavitario que le transfería recursos al Estado provincial para cubrir los sueldos. Actualmente […] lo han dejado tan quebrado que la ley tuvieron que poner un extra de plata para podernos despedir, porque ni siquiera tenían plata para despedirnos“.
Intereses empresariales
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el aumento en la participación de los privados en las ganancias del juego. “Cuando se instalan en los casinos estatales, en su momento el porcentaje que se llevaba el privado era alrededor del 20%. Eso fue escalando y actualmente se llevan entre el 54 y el 62%“, relata Pablo explicando porqué el organismo estatal ha comenzado a ser deficitario.
La expansión de los juegos online habría acelerado este proceso: “El año pasado informaron por primera vez estos casinos online cuánta plata estaban moviendo y se habla de un número de entre 31.000 y 33.000 millones de pesos“.
Sin instrucciones, sin comunicación
La modalidad del desmantelamiento ha sido particularmente criticada por los trabajadores. “Se nos ha dejado sin tareas, a la espera de instrucciones. No hay instrucciones, no hay ningún tipo de comunicación, simplemente se nos prohibió el ingreso a nuestro lugar de trabajo mediante un mensajito por WhatsApp“, relató Cucchi.
Impacto social ampliado
Más allá de la situación laboral, el entrevistado destacó las implicancias sociales: “Es una estrategia de recaudación donde la mayor parte de las ganancias se la lleva el privado y no el Estado, además de eso es, si se permite la palabra, una hijaputez“.
Los trabajadores exigen que el Estado recupere su rol como gestor del monopolio estatal y no se convierta en un “socio minoritario de su propio negocio“. Mientras tanto, los 82 empleados afectados deben decidir antes del 1 de octubre si aceptan reubicación o enfrentan el despido definitivo.
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