El abogado querellante Fernando Peñaloza aseguró que no hay pedidos en curso y que, por los tiempos de la condena, es “prácticamente imposible” que el femicida acceda a beneficios en esta etapa.
La preocupación volvió a instalarse en Lavalle tras las declaraciones de Silvia Minoli, referente ineludible en la lucha por la verdad en los casos de Johana Chacón y Soledad Olivera. La ex directora de la escuela a la que asistía Johana al momento de desaparecer, advirtió sobre la posibilidad de que Mariano Luque, condenado por los femicidios de ambas jóvenes en Tres de Mayo, pudiera acceder a prisión domiciliaria u otros beneficios. Sin embargo, desde la querella salieron a aclarar que no existe ningún pedido formal en curso y que, además, las condiciones legales hacen inviable cualquier beneficio en el corto plazo.
Minoli expresó su inquietud en el marco de una actividad reciente en Lavalle y sostuvo: “escuché una noticia bastante preocupante, que es que este muchacho en la cárcel ha terminado el secundario, entonces como premio sus abogados defensores piden prisión domiciliaria”. También remarcó el peligro que implicaría su liberación: “no lo podemos dejar libre, un hombre que mató a dos mujeres de la misma forma”.
Las palabras de la referente se inscriben en una historia que marcó profundamente a Lavalle y a Mendoza. Las desapariciones de Johana Chacón (2012) y Soledad Olivera (2011), derivaron en la condena de Mariano Luque a 32 años de prisión, en un proceso que fue seguido de cerca por organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos. El documental sonoro «La finca» ha documentado el impacto social del caso y la persistencia del reclamo de justicia a lo largo de los años.
Frente a la alarma generada, el abogado querellante en ambas causas por la Secretaría de Derechos Humanos, Fernando Peñaloza fue categórico: “no tenemos ninguna novedad”. Explicó que cualquier solicitud de beneficio debe tramitarse mediante audiencias judiciales y que, de existir, la querella sería notificada.
Peñaloza aclaró que, si bien cualquier persona detenida puede solicitar beneficios, la situación de Luque no encuadra en los requisitos legales: “es prácticamente imposible que le acuerden algún tipo de beneficio, más con el tiempo que lleva recién de cumplimiento de su pena”.
En ese sentido, detalló que la finalización de estudios en contexto de encierro forma parte del régimen progresivo, pero no implica beneficios automáticos: “terminar la escuela secundaria no es más que una buena nota en su régimen de ejecución de la pena y nada más”.
Sobre los plazos, el abogado explicó que la legislación exige el cumplimiento de al menos dos tercios de la condena para acceder a instancias como salidas transitorias o libertad condicional. En el caso de una pena de 30 años, esto implica un mínimo de 20 años efectivos: “pensar que un interno condenado a 30 años pueda acceder a un beneficio con 10 años es prácticamente imposible”.
También descartó la posibilidad de prisión domiciliaria, ya que está reservada a situaciones excepcionales: personas mayores de 70 años, enfermedades graves o mujeres con hijos pequeños. “No sería la situación de Luque”, afirmó.
El caso sigue siendo un símbolo de lucha en la provincia. Las voces que se alzaron por Johana y Soledad continúan activas, atentas a cada novedad judicial. En ese marco, desde la querella buscaron llevar tranquilidad sin desestimar la sensibilidad social que despierta el tema: hoy, aseguran, no hay condiciones legales ni procesales que permitan pensar en la liberación del condenado.
Compartimos la entrevista con Fernando Peñaloza: