El cierre de la planta industrial de FATE dejó a 920 trabajadores en la calle y abrió un nuevo frente de conflicto en medio del debate por la reforma laboral. Víctor Otoboni, uno de los despedidos, dialogó con radios comunitarias de Mendoza, en el programa Entre Mate y Mate, y describió el impacto de la medida, cuestionando tanto a la empresa como al Gobierno nacional.
“Estamos viendo que ya cada vez se multiplican los despidos y los cierres de fábricas, de empresas”, afirmó. Y vinculó la situación con el contexto económico y las políticas oficiales: “Hay toda una política que en los hechos se contradice con el proyecto este llamado de reforma laboral donde el gobierno asegura que va a generar empleo”.
Según explicó, el caso de FATE adquiere mayor relevancia por el peso histórico y económico de la compañía. “El caso de Fate creo que cobra más relevancia por la magnitud de la empresa, por la historia de la empresa. Parece medio difícil de creer, pero llegó también acá”, señaló.
Otoboni rechazó que la firma atraviese una crisis terminal. “La empresa no es que esté en crisis terminal por la cual no puede seguir produciendo”, sostuvo. En cambio, apuntó a la política de apertura de importaciones y al tipo de cambio: “La apertura de importaciones, de un dólar planchado y demás le ha reducido el margen de ganancia a Javier Madanes Quintanilla, que es el dueño y también dueño de ALUAR, uno de los empresarios más ricos del país, que tiene espalda suficiente para bancar una merma en su ganancia”.
En ese sentido, denunció que la decisión empresaria busca trasladar el costo a los trabajadores: “Evidentemente lo que hace es descargar sobre los trabajadores, atacar a los trabajadores también como una forma de producir un hecho para buscar las salidas, las medidas que necesita o que está requiriendo el gobierno para mejorar las condiciones del negocio”.
Consultado respecto de los salarios, indicó que el promedio rondaba “más o menos un millón y medio al mes”. Actualmente, explicó, solo unos 100 operarios se encontraban trabajando porque el grueso del personal estaba de vacaciones y debía reincorporarse el lunes. “La mayoría de los que están ahora están participando de las acciones que se hacen”, detalló.
El conflicto se agrava por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por las autoridades laborales. “La conciliación está dictada, pero la empresa no la está acatando”, denunció. Según explicó, la resolución establece que debe retrotraerse la situación previa al conflicto, pero “la empresa sigue cerrada”.
Otoboni calificó la postura empresarial como “una maniobra”, y que la Conciliación obligatoria, dictada por nación y provincia de Buenos Aires, “La condiciona a determinados factores para de alguna forma no volver a reabrir, seguir con la planta cerrada, que es lo que manifestó que va a hacer”. Y advirtió: “Por más que acate la conciliación, cuando termine la misma la planta seguirá cerrada”.
En cuanto al rol del Estado, aseguró que los trabajadores no han recibido información sobre gestiones concretas. “No estamos informados. Si la dirección del gremio tuvo alguna comunicación con funcionarios de provincia o de nación, no lo sabemos”, afirmó. Y concluyó: “Después no hubo nada oficial, ni ninguna intervención oficial para que se cumpla esa conciliación”.
Mientras tanto, las familias permanecen afuera de la planta y los trabajadores sostienen medidas de fuerza en defensa de sus puestos laborales, en un conflicto que pone en tensión el rumbo económico y el futuro de la industria nacional.
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