La comunidad acompaña el reclamo impulsado por ediles lavallinos. Denuncian que la digitalización deja sin acceso real a la justicia a vecinos con problemas de conectividad y escasos recursos de movilidad.
El cierre de la oficina fiscal de Lavalle sigue generando malestar y preocupación. A contramano de las promesas de modernización, el Ministerio Público Fiscal trasladó la atención a los tótems digitales, dejando a la población sin un espacio presencial para radicar denuncias y recibir orientación judicial.
Ante esta decisión, los concejales del bloque “Carlos Masoero” impulsan una campaña de firmas para exigir la reapertura. Luis Mangione, edil lavallino, explicó: “Hicimos un pedido de informe al Ministerio Público Fiscal para conocer los argumentos, pero hasta ahora no fue respondido. Por eso iniciamos esta campaña, tanto en formato digital como en papel, para llevar el reclamo directamente”.
La iniciativa ya suma más de 250 adhesiones y sigue creciendo. Según Mangione, la comunidad acompaña con entusiasmo: “La recepción es muy buena. Todos, en algún momento, hemos necesitado de la fiscalía. Nos piden formularios para juntar firmas y también el link digital para sumarse”. Al formulario digital se puede acceder haciendo click acá.
El trasfondo, sin embargo, va más allá de las firmas. La medida del cierre profundiza la brecha de acceso a la justicia en un departamento que ya arrastra serias dificultades de conectividad y transporte. En palabras del concejal: “El acceso a la justicia no puede limitarse a sistemas informáticos que, en muchos casos, ni siquiera funcionan bien. Es necesario el acompañamiento presencial de ayudantes fiscales y administrativos que orienten a la población”.
La digitalización, presentada como un avance, en la práctica deja afuera a quienes más necesitan el servicio. Para Lavalle, un territorio rural y extenso, el cierre de la fiscalía no es solo una incomodidad: es un retroceso en derechos básicos.
Compartimos las declaraciones de Luis Mangione: