A fines de agosto, el Ministerio Público Fiscal cerró la oficina fiscal de Lavalle. Desde entonces, vecinos deben recurrir a cabinas digitales (tótems) en la Comisaría 17° de Villa Tulumaya o en delegaciones municipales. El anuncio oficial habló de “modernización”, pero para comunidades rurales con poca conectividad significó perder la presencia judicial cercana.
La experiencia de Claudia Tristán, orientadora social de la escuela “César Milstein” de El Vergel, expone los problemas del sistema. Citada a declarar en el tótem de Villa Tulumaya, relata una espera interminable, sin sillas, agua ni baños, y una comunicación deficiente: “la pantalla estaba negra, escuchaba una voz con eco, no sabía quién era”.
Señaló además que le pidieron repetir información ya presentada y que se violó la ley 9.054, que protege a docentes cuando activan protocolos escolares. Al momento de firmar, el acta no aparecía en pantalla: “me negué, no voy a firmar algo que no puedo leer”. La situación se agravó cuando le negaron el baño y solo tras cuatro horas y un llamado de la fiscal pudo acceder. Finalmente, la declaración fue impresa por policías que reclamaron que debían costear tinta y papel.
Tristán se fue sin poder firmar: “es como si mi palabra quedara flotando en el aire”. También denunció falta de privacidad: “contás cosas delicadas frente a cualquiera que pasa, incluso detenidos”.
Advirtió que no se trata solo de su experiencia: “si a nosotros, con respaldo institucional, nos pasa esto, peor para un vecino común. Es un atropello a los derechos”. Junto a colegas elevarán notas a la DGE y reclamarán al Ministerio Público cambios urgentes.
Lo que debía ser una herramienta de accesibilidad terminó como una nueva barrera. En Lavalle, la distancia entre la promesa de modernización y la realidad se mide en horas de espera, pantallas negras y testimonios sin respaldo. Distintos sectores ya exigen que vuelva la fiscalía presencial.
Compartimos a continuación los dichos de Claudia Tristán: