Abogados y detenidos denunciaron ilegalidad, incomunicación y apremios durante el operativo policial tras la protesta contra la modificación de la Ley de Glaciares el pasado 4 de febrero.
La abogada Julieta Lavarello, a través de un video de Instagram, en conjunto con los detenidos y otros abogados del Centro de Profesionales de Derechos Humanos, confirmó que se presentaron como querellantes en la causa judicial que investiga las detenciones de los 9 defensores ambientales ocurridas el pasado 4 de febrero, tras una manifestación pacífica en defensa de la Ley de Glaciares y el agua en Mendoza.
La acción judicial se enmarca en el habeas corpus que derivó en una investigación ordenada por la jueza penal N°1, Marina Alejandra Martín, quien constató presuntas situaciones de tortura, incomunicación y detenciones ilegales durante el operativo policial. Según denunciaron, las personas arrestadas fueron trasladadas a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), en el Polo Judicial, y también retenidas en dependencias públicas utilizadas de manera irregular.
Lavarello sostuvo que la presentación busca aportar pruebas sobre lo ocurrido: “todos fueron torturados, aprendidos ilegalmente y hoy venimos a decirle a la justicia que no nos vamos a quedar callados”. La letrada afirmó que ya cuentan con elementos que demostrarían que las detenciones se realizaron fuera de los marcos legales y que los manifestantes fueron retenidos en condiciones irregulares.
Durante la audiencia de habeas corpus, la magistrada ordenó la apertura de una compulsa penal para investigar posibles responsabilidades penales de los funcionarios intervinientes. En ese sentido, la abogada señaló: “la jueza pudo constatar todas las situaciones de tortura y ordenó que se investigue penalmente lo sucedido”.
La defensa también remarcó que las personas detenidas son defensores ambientales amparados por el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que protege la participación y la integridad de quienes intervienen en la defensa del ambiente. “Lejos de ser ecoterroristas, somos defensores ambientales”, expresó Lavarello, quien además cuestionó la criminalización de la protesta social.
Los propios manifestantes difundieron mensajes públicos tras recuperar la libertad, en los que se identificaron como defensores ambientales protegidos por ese acuerdo internacional y reafirmaron su compromiso con la defensa del agua y el rechazo a la minería a cielo abierto en la provincia.
La causa judicial recién comienza y buscará determinar responsabilidades por los hechos denunciados durante el operativo policial que puso nuevamente en debate el tratamiento estatal hacia las protestas socioambientales en Mendoza.