El Gobierno provincial convocó a una audiencia pública para habilitar el proyecto “Cobre Mendocino” en Las Heras. Desde el Partido Verde aseguran que está diseñada para desalentar la participación y avanzar sin licencia social.
El anuncio oficial llegó con la promesa de transparencia y participación: el Gobierno de Mendoza convocó a una audiencia pública para el 2 de agosto con el objetivo de evaluar el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge), en Uspallata, departamento de Las Heras. Según el comunicado, se busca garantizar “una gestión minera sostenible y participativa”, con posibilidad de participación presencial o virtual. Sin embargo, la iniciativa encendió críticas y reavivó viejos (y no tanto) fantasmas en la provincia: la desconfianza social frente a la minería y la protección del agua como bandera.
El Partido Verde presentó un recurso administrativo para frenar la audiencia, al considerar que se trata de “una trampa institucional” para imponer el proyecto a espaldas de la ciudadanía. “Esto no es una audiencia, es un filtro. Está armada para que la gente no llegue, no hable, no moleste”, denunció Mario Vadillo, presidente del Partido Verde y ex legislador provincial, el diálogo con el programa radial “Entre mate y mate”.
Una audiencia en la alta montaña y sin garantías básicas
El lugar elegido para la audiencia es un punto en plena alta montaña, a más de 2.400 metros de altura y a unos 40 km de Uspallata. Según explican desde el Partido Verde, no hay transporte público, ni infraestructura sanitaria ni condiciones climáticas adecuadas en esa época del año. “Imaginen hacer una audiencia en agosto, con frío extremo y nieve, en un sitio sin caminos seguros. Es un mecanismo deliberado para excluir”, afirmó Vadillo.
A esta barrera territorial se suma la digital. La información oficial (incluido el Informe de Impacto Ambiental y los dictámenes técnicos) está disponible únicamente online, sin copias impresas ni distribución en medios locales o zonas rurales. Desde el espacio opositor advierten que esto vulnera derechos básicos de acceso a la información y participación real, sobre todo en comunidades con menor conectividad.
“Lo que está pasando es gravísimo. Es una audiencia digitalizada, cerrada, pensada para que solo participen quienes tienen tiempo, acceso y formación técnica. Están dejando afuera a miles de mendocinos”, sostuvo el diputado provincial Emanuel Fugazzotto a través de un comunicado.
Antecedentes de desconfianza y una ley clave
La resistencia social a la megaminería en Mendoza no es nueva. La Ley 7722, sancionada en 2007, se convirtió en un símbolo de defensa del agua y prohibió el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. En 2019, un intento del gobierno provincial de derogar la norma generó una masiva movilización que forzó su restitución. Ese recuerdo sigue vivo en la memoria colectiva.
“El gobierno ya mostró antes su intención de favorecer a las mineras por encima del consenso social. Lo vimos cuando quisieron voltear la 7722 en 2019. Ahora intentan avanzar con un procedimiento viciado para habilitar el proyecto San Jorge disfrazado de ‘Cobre Mendocino’”, señaló Vadillo.
Recurso administrativo y posibles caminos legales
El recurso presentado por el Partido Verde exige la nulidad parcial del acto administrativo que fija la audiencia en la alta montaña, que se convoque nuevamente en el centro de Uspallata (único lugar cercano al yacimiento con condiciones adecuadas) y que se garantice el acceso físico a la información. Además, piden extender los plazos y habilitar mecanismos presenciales alternativos.
Si la presentación es rechazada, el espacio anticipa que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia provincial e incluso a un amparo ambiental para frenar el proceso: “vamos a usar todas las herramientas legales para impedir que esta audiencia avance de manera fraudulenta”, advirtió Vadillo.
Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que la audiencia pública cumple con la normativa vigente y que la participación ciudadana es “una condición indispensable” para el desarrollo minero. “Se realiza un día sábado para ampliar la participación. La provincia adhiere al Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la participación ambiental”, sostuvo Jerónimo Shantal, director de Minería.
Una disputa que trasciende lo técnico
El debate sobre el proyecto San Jorge vuelve a poner en el centro la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental. Aunque la minería es presentada como una vía de generación de divisas y empleo, para amplios sectores sociales y ambientales de Mendoza sigue siendo vista como una amenaza directa al agua, recurso estratégico en una de las provincias más áridas del país.
“Si ya esconden la audiencia pública, ¿qué podemos esperar cuando la mina esté funcionando? No queremos zonas de sacrificio, queremos que se respete el derecho de la ciudadanía a decidir sobre el agua y el territorio”, concluyó Vadillo.
El reloj avanza hacia el 2 de agosto. Mientras tanto, crece la expectativa por la respuesta oficial al recurso presentado y por la posible escalada judicial. Una vez más, el agua vuelve a unir, y a movilizar, a Mendoza.
Compartimos la entrevista completa a Mario Vadillo: