Una familia campesina de la localidad de Palma Sola enfrenta una amenaza de desalojo que volvió a poner en debate el avance de empresarios y terratenientes sobre territorios rurales indígenas en distintas provincias del país.
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC Via Campesina denuncian persecución judicial, desmontes y presión sobre comunidades que viven y producen alimentos en el campo desde hace generaciones.
En diálogo con el programa «Entre Mate y Mate», Gloria Mamani, integrante del movimiento campesino, explicó que la situación no es aislada y que responde a un contexto de creciente conflictividad territorial en la provincia de Jujuy.
“No es un caso aislado. Esto pasa en todo el país y también en Jujuy desde hace muchos años, pero se agravó después de la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial”.
La referenta campesina señaló que las familias rurales viven bajo una presión constante por parte de empresarios vinculados al agronegocio, inmobiliarias y proyectos extractivos.
“Después de los años ’90 comenzaron a llegar grandes terratenientes, empresarios y políticos amigos de jueces. Desde entonces la situación se volvió cada vez más compleja”.
El conflicto actual involucra a la familia de Vicenta Robles, productora campesina que reside junto a otras familias en una zona rural ubicada a unos 160 kilómetros de la capital jujeña, en una región de transición entre las yungas y el chaco salteño.
Según denuncian desde el movimiento, una jueza dictó el pasado 23 de abril un fallo que ordena el desalojo de la familia, aunque aclararon que la medida todavía no está firme y será apelada judicialmente.
“Son familias nacidas y criadas en el campo, que viven de producir alimentos y de cuidar el territorio, desarrollan actividades productivas y artesanales vinculadas a la cría de animales, elaboración de quesos, dulces, cultivo de maíz y zapallo, además de trabajos textiles y artesanías tradicionales”.
Desde el movimiento campesino sostienen que detrás del intento de desalojo se encuentra la familia Quintana Facio, empresarios de San Salvador de Jujuy vinculados al negocio inmobiliario y forestal
“Ellos quieren esas tierras para explotar el monte y sacar madera. Ya hubo desmontes y tala de árboles antiguos en la zona”, denunció Mamani, quien además vinculó el conflicto con sectores políticos y judiciales de la provincia.
La dirigente campesina aseguró que muchas veces las comunidades rurales quedan en desventaja frente al poder económico y judicial de empresarios con influencia política. “Los empresarios, los políticos y parte del poder judicial terminan funcionando juntos. A veces parecen enfrentados, pero después terminan defendiendo los mismos intereses”, afirmó.
Otro de los aspectos que destacó durante la entrevista fue el rol de las mujeres campesinas en la defensa del territorio. Según señaló, muchas de las causas judiciales y órdenes de desalojo recaen sobre mujeres que sostienen la vida cotidiana y la producción en el campo.
“Nos creen débiles o sumisas, pero somos mujeres fuertes y organizadas”.
En ese sentido, destacó la figura de Vicenta Robles, a quien describió como una mujer campesina con fuerte arraigo territorial y amplia participación en espacios de formación y encuentros de mujeres rurales.
“Ella conoce perfectamente sus derechos y toda su vida estuvo ligada al campo y a la producción”.
La referente del movimiento también remarcó que las comunidades rurales utilizan distintas estrategias de resistencia frente a los intentos de desalojo: desde la organización comunitaria hasta la difusión pública de los conflictos.
“La difusión es fundamental. A los poderosos no les gusta quedar expuestos públicamente cuando se sabe que están expulsando familias humildes o desalojando mujeres campesinas”.
Además, explicó que la familia afectada vive en una zona de difícil acceso, a unos 60 kilómetros del centro de Palma Sola, en caminos rurales atravesados por arroyos y aguadas. Sin embargo, denunció que empresarios y personas vinculadas al conflicto llegan constantemente al lugar para intimidar a las familias.
“Incluso hace pocos días aparecieron personas que dijeron ser de la Policía Federal para notificar a la familia, pero cuando empezaron a filmarlos dijeron que en realidad estaban haciendo un censo”.
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC Via Campesina insisten en que continuarán acompañando a la familia y apelarán judicialmente la medida. Mientras tanto, buscan visibilizar el conflicto en distintas provincias y fortalecer las redes de solidaridad.
“No vamos a bajar los brazos porque defendemos el territorio, el alimento y la vida campesina”, concluyó Gloria Mamani.
