Una familia puestera de la comunidad mapuche Lof Yantén Florido denuncia un nuevo avance judicial y llama a la solidaridad, ya enfrenta por estas horas una orden de desalojo en la zona de Los Parlamentos, al sur del departamento de San Rafael.
El conflicto por la posesión del territorio lleva más de dos décadas y se da en un área atravesada por intereses petroleros y mineros, según denuncian desde la organización territorial Malalweche.
Desde la comunidad advierten que el desalojo ocurre en un momento crítico del año: plena época de parición de chivos, principal sustento económico de la familia. “Los animales no pueden ser trasladados sin riesgo, afectar esto es afectar directamente la vida”, señalaron en un comunicado urgente.
La familia de José Luis Martínez, lonko y puestero trashumante, fue relevada en el marco de la Ley 26.160 que registra los territorios indígenas, pero la carpeta técnica definitiva del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aún no ha sido entregada. Esa demora, sostienen, deja a la comunidad en una situación de extrema vulnerabilidad.
Las comunidades denuncian además la participación de empresas vinculadas a la exploración petrolera y de litio en la zona, y la ejecución de la medida judicial con aval de la Cámara de San Rafael. También alertan sobre el alambrado de campos abiertos utilizados históricamente por más de diez familias para el pastoreo.
Ante este escenario, solicitan el acompañamiento de organizaciones sociales, asambleas y personas solidarias ante un posible desalojo violento, y no descartan un acampe en defensa del territorio.
“No es solo una orden judicial, es un ataque directo al modo de vida”
El werken mapuche e integrante de la organización territorial Malalweche, Gabriel Jofré, explicó que la ejecución del desalojo los tomó por sorpresa. “Nosotros siempre manejamos información, pero esta vez se adelantaron. Mientras esperábamos otras resoluciones judiciales, llegaron al territorio con el aval de una jueza local y avanzaron con el despojo”, relató.
Recordó que en primera instancia la justicia había fallado a favor de la comunidad, pero que luego la Cámara de San Rafael revirtió esa decisión. Apuntó directamente contra su presidente, el juez Bermejo: “Lo conocemos hace años, ha mostrado su racismo y su afinidad con la corporación empresarial. Desde ahí salió la orden de desalojo”.
Según Jofré, cuando intentaron llevar el caso a la Corte, ni siquiera fue tratado: “Dos jueces lo rechazaron sin revisar la causa. Dijeron que faltaba el relevamiento territorial, cuando ese trabajo está hecho: se firmó la planilla, están los estudios antropológicos, solo falta que el INAI entregue la carpeta técnica final”, señaló.
Mientras tanto, la familia de José Luis Martínez atraviesa uno de los momentos más críticos del año. “Estamos en plena época de parición. Hace días que las cabras están encerradas en un corral con una ola de calor, sin poder ir a tomar agua como lo hacen siempre. Los chivitos todavía están chicos, no se pueden mover ni vender. Sacarlos ahora es perder el trabajo de todo el año”, explicó.
Para Jofré, la orden judicial no es un hecho aislado. “Acá hay intereses muy claros. Hace más de treinta años que este territorio está en disputa con un ingeniero vinculado a una empresa petroquímica. En los últimos tiempos se sumó la exploración de litio. Hubo remoción de tierra, denuncias por impacto sobre el agua y ni siquiera avisaron: la familia se enteró por un vecino”.
En ese contexto, remarcó que el desalojo no afecta solo a una familia. “Es un campo abierto, histórico, donde más de diez familias tienen animales. Ahora quieren alambrar todo. Pero esta es una zona de pastoreo libre, siempre fue comunitario”, sostuvo.
Ante el avance de la medida, la comunidad decidió trasladar parte de los animales a otro sector del territorio. “No es que nos vamos. Lo hacemos para que no se mueran. Es una decisión de emergencia”, aclaró, y fue tajante: “No es solo una orden judicial, es una intención clara de arruinar por completo a la familia”.
También cuestionó con dureza al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por la demora en completar el relevamiento: “Si esa carpeta técnica estuviera entregada, hoy estaríamos hablando de otra cosa. El Estado nos dejó expuestos”.
Por último, Jofré confirmó una convocatoria para los próximos días. “El 13 y 14 vamos a reunirnos en Los Parlamentos, un lugar histórico donde también se juntó San Martín con el pueblo mapuche. Vamos a hablar del territorio, del agua, del impacto ambiental. Queremos que se empiece a contar la otra historia”, concluyó.
En las últimas horas, además, se sumó una novedad judicial: “la justicia federal rechazó los amparos con argumentos supuestamente técnicos, pero para nosotros son claramente políticos”, explicó Jofré. “Ahora vamos a apelar: desde hoy tenemos cinco días hábiles para presentar el recurso. La pelea judicial sigue abierta, no está nada cerrado”, remarcó.
Compartimos la entrevista completa con el werken Gabriel Jofré: