La trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Mendoza, Natalia Brite, denunció el vaciamiento sostenido del área por parte del gobierno nacional y alertó sobre las consecuencias que los despidos tendrán para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la provincia y el país. En diálogo con el programa Entre Mate y Mate, sostuvo que la medida “era esperable” dentro del rumbo asumido por la gestión nacional, aunque aclaró que “no es menos duro”.
“Desde que asumió esta gestión nacional hemos estado permanentemente con la angustia de ver si nos toca y cuándo nos toca”, expresó Natalia quien trabajaba desde 2015 en la delegación mendocina de la Secretaría. Según relató, el área de Derechos Humanos sufrió despidos de manera continua durante 2024 y 2025, acompañados por la falta de financiamiento y la paralización de políticas públicas específicas.
“El vaciamiento de la estructura de Derechos Humanos nacional ha sido claro. Además fue algo anunciado. No hubo ningún escondimiento ni enmascaramiento al respecto”, afirmó. En ese sentido, vinculó el desmantelamiento institucional con “el discurso negacionista cuando no apologista del genocidio”.
La entrevistada explicó que el 30 de abril recibió una notificación oficial informándole la “limitación” de su contrato, junto a otras cinco personas de distintas provincias. “No es que terminó un contrato: están limitando contratos vigentes”, remarcó. También señaló la precariedad laboral y el destrato existente en el organismo: “Nos enterábamos si seguíamos trabajando cuando llegaba el día del cobro y estaba el sueldo”.
En la entrevista Natalia consideró que los despidos representan “un ataque al sistema federal de protección y promoción de derechos humanos”, ya que afectan directamente las delegaciones provinciales. En Mendoza, recordó, ya había sido despedida otra trabajadora en marzo de 2025, dejando desmantelada la representación nacional en la provincia.
Durante la entrevista, también relacionó el contexto de despidos con recientes decisiones judiciales favorables a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Mencionó particularmente la libertad condicional otorgada a represores vinculados al terrorismo de Estado, entre ellos condenados por actuar en centros clandestinos “En las últimas semanas la novedad de que Casación habilitó y autorizó la libertad condicional de Trentini. Sí, represor, condenado por delitos de lesa humanidad, pero también condenado previamente por el asesinato de Sebastián Bordón en nuestra provincia. No es casualidad. Es un plan”, sostuvo.
Respecto a su trabajo, Natalia destacó que buena parte de su tarea estaba vinculada al acompañamiento cotidiano del Espacio para la Memoria ex D2 de Mendoza, aunque aclaró que el sitio depende de la provincia y no de Nación. “Decidimos que la sede de la delegación funcionara ahí porque sabíamos que iba a necesitar trabajo cotidiano, refuncionalización y acompañamiento permanente”, explicó.
A lo largo de once años, señaló, se construyó una experiencia de trabajo específica en políticas de memoria y acompañamiento a víctimas y familiares. “Hay 11 años de aprendizaje, acumulación de saberes y metodologías de trabajo acordes a las particularidades de estos espacios”, indicó.
Entre las tareas desarrolladas enumeró el acompañamiento a juicios de lesa humanidad, el trabajo con familiares y sobrevivientes, el Archivo Provincial de la Memoria “Susana Muñoz”, la biblioteca de libros recuperados, los recorridos guiados para estudiantes, el proyecto Baldosas, las trayectorias de vida y la Comisión de Pedagogía de la Memoria.
“Más de 22 mil estudiantes hicieron recorridos guiados en el espacio”, destacó. También valoró el aporte de organizaciones de derechos humanos, voluntarios y de la Universidad Nacional de Cuyo, aunque advirtió que esos apoyos “son puntuales y esporádicos”.
Para Natalia, la pérdida de trabajadores rentados afecta directamente la continuidad cotidiana de esas políticas. Agregó: “Hay tareas integrales que hay que mirar todos los días para que después puedan hacerse los abordajes específicos”.
Finalmente, agradeció la solidaridad recibida y remarcó la importancia de visibilizar la situación. “No queremos que esto quede como una trabajadora más que perdió el empleo. Lo que se está perdiendo es capacidad del Estado para sostener políticas de memoria, verdad y justicia”.
Gabriela Isuani Galarza, integrante de la organización NIETXS, expresó su preocupación por el impacto del despido de Natalia Brite en el funcionamiento del Espacio para la Memoria. Señaló que, aunque gran parte de las tareas se sostienen con trabajo voluntario desde hace más de diez años, la salida de Natalia obliga a “rearmar el esquema” para atender demandas vinculadas a identidad, acompañamiento a víctimas y procesos legales relacionados con el terrorismo de Estado.
Gabriela advirtió que la medida no solo afecta a las trayectorias personales de los trabajadores despedidos, sino que representa “un mensaje político muy claro” del gobierno nacional. “Implica que el Estado se retire de la responsabilidad que tiene en materia de garantía y reparación de derechos humanos”, afirmó. También sostuvo que existe una política de “vaciamiento” de los procesos de memoria, verdad y justicia.
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