El cierre de la Oficina Fiscal de Lavalle genera malestar y dudas sobre el acceso a la justicia

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El Ministerio Público cerró la sede del departamento tras instalar tres tótems de denuncias digitales. Vecinos, concejales y abogados locales cuestionan la medida.

El 20 de agosto se concretó el cierre de la Oficina Fiscal de Lavalle. La decisión, dispuesta por resolución del Ministerio Público Fiscal (MPF) con fecha del 13 de agosto, fue ejecutada en apenas una semana y sorprendió a vecinos, referentes políticos y profesionales del derecho en el departamento. La medida se justificó en “dificultades para conformar una planta permanente” debido a licencias prolongadas de personal. Como alternativa, el MPF había inaugurado días antes tres nuevos Centros de Denuncias Web (CEDEW) en Jocolí, Gustavo André y Costa de Araujo.

Momento en el que estaban trasladando el mobiliario de la fiscalía, el mismo 20 de agosto. Gentileza: El Despertador

El plan provincial: más virtualidad, menos oficinas

El cierre de la sede de Lavalle se enmarca en una política provincial de reestructuración que busca reducir oficinas fiscales físicas y apostar a canales digitales. Hoy, el 72% de las denuncias en Mendoza ingresan por vías virtuales, frente al 28% que aún se realiza presencialmente. El objetivo oficial es llegar a 230 dispositivos en toda la provincia hacia 2026.

Según datos del MPF, los CEDEW permiten realizar denuncias de violencia de género, delitos sexuales, hurtos o estafas. Funcionan a través de videollamada con un ayudante fiscal, validación con huella digital y comprobante con código QR para el seguimiento de la causa.

Una medida “llamativa” y “forzada”

Gustavo Ortiz es abogado lavallino con vasta experiencia en la función pública y la actividad privada, y, en diálogo con “Entre mate y mate” consideró que los fundamentos del cierre resultan “llamativos”: “Concretamente, por una deficiencia en la gestión de los recursos humanos terminan fundando este cierre, no por una necesidad real o por una mejora del servicio”. Si bien valoró la instalación de tótems en zonas alejadas de la villa cabecera, criticó que se utilicen como excusa para eliminar la atención presencial: “Hay circunstancias que requieren empatía, una contención más humana, y eso no lo resuelve una pantalla en un espacio público”.

El profesional también advirtió riesgos de confidencialidad en el uso de los CEDEW y cuestionó que el personal municipal o policial asignado carezca de formación penal adecuada: “Una víctima de violencia de género necesita resguardo inmediato, y no cualquier persona sabe manejar esa situación”.

Compartimos la entrevista con Gustavo Ortiz:

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En la misma línea, el concejal Luis Mangione denunció que el cierre se realizó “de un día para el otro, sin comunicación formal” y que la noticia “cayó como una provocación” en la comunidad. Recordó que incluso el día 20 de agosto circularon imágenes de empleados retirando los muebles de la oficina fiscal. Para Mangione, los considerando de la resolución son “muy forzados”: “Si no logran conformar un equipo, no es culpa de la sociedad. El derecho de acceso a la justicia debe garantizarse”.

Reacciones y organización vecinal

El Concejo Deliberante de Lavalle, con apoyo de todos sus bloques, elevó un pedido de informes al MPF y prepara una nota colectiva para que vecinos también firmen y expresen su rechazo. “Estamos enojados. Nos están sacando un derecho básico. No se puede tomar una decisión tan sensible sin involucrar a la sociedad”, remarcó el concejal.

A continuación la entrevista con Luis Mangione:

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Ortiz, por su parte, no descartó que la medida pueda revertirse si la presión social crece: “Vivimos en democracia, estas decisiones pueden tener marcha atrás si el pueblo lo reclama”.

Entre la tecnología y los derechos

Mientras la provincia avanza hacia una digitalización casi total de las denuncias, en Lavalle se enciende la discusión sobre los límites de esa virtualidad. Vecinos y autoridades locales celebran el avance tecnológico, pero advierten que no puede reemplazar la atención humana en delitos graves. La tensión entre eficiencia y derechos vuelve a poner en debate qué justicia se garantiza en los territorios más alejados de la capital.