Las manifestaciones de familias de personas con discapacidad generó que la comuna rompiera el silencio frente al veto presidencial. Los funcionarios locales advierten que la decisión del Gobierno nacional deja a cientos de familias sin respuestas y pone en riesgo derechos básicos de las personas con discapacidad.
La reciente media sanción de Diputados que rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad abrió un nuevo capítulo en un conflicto que viene tensando la vida de miles de familias en todo el país. El Senado deberá definir en los próximos días si “re” convierte en ley la iniciativa (aprobada por amplia mayoría en la primera instancia), que busca actualizar aranceles, regularizar prestaciones y garantizar derechos elementales como la educación inclusiva y el acceso a terapias.
En Lavalle, donde la ruralidad marca distancias y barreras adicionales para las personas con discapacidad, la medida nacional se siente con particular crudeza. Así lo expresaron en diálogo con este medio Osvaldo Sarmiento, director de Desarrollo Humano del municipio, y Cecilia Gómez, trabajadora social y responsable del programa nacional Incluir Salud en el departamento.
“Incluir Salud brinda prestaciones de salud a todas las personas que perciben una pensión no contributiva por invalidez o por madre de siete hijos”, explicó Gómez, subrayando que el programa funciona como un sostén indispensable. “Dentro de la dirección está el área de discapacidad, que genera el Certificado Único de Discapacidad. Esta ley buscaba declarar la emergencia en todo el territorio nacional y actualizar aranceles para que las personas con discapacidad sigan accediendo a transporte, terapias y rehabilitación. Es un derecho que no puede esperar”, remarcó.
Reclamos, acompañamiento y política
En las últimas semanas hubo manifestaciones en la plaza departamental de familias de personas con discapacidad. Desde la comuna aseguran que no fueron invitados formalmente, pero lo cierto es que su ausencia en esas instancias públicas se sintió fuerte. La falta de presencia del municipio en espacios de reclamo directo dejó a muchas familias con la sensación de estar solas frente a la vulneración de derechos.
“Puede haber faltado comunicación, pero nosotros estamos siempre disponibles para asesorar y acompañar”, aseguró Sarmiento. Hay quienes esperaban ver a las autoridades municipales al frente de una defensa activa y visible. En un contexto en el que se recortan derechos básicos, el acompañamiento institucional es clave. Por eso las familias reclamaron presencia política en la calle y el respaldo público.
El funcionario también fue categórico al analizar la dimensión política del veto presidencial: “Es un presidente que lamentablemente no está parado frente al paradigma de los derechos de la niñez y la discapacidad. Vemos cómo se maneja de manera cruel con quienes más necesitan. No se están garantizando derechos, sino recortándolos”.
Transporte y accesibilidad: el drama rural
Uno de los puntos más sensibles es el transporte escolar y terapéutico, vital en un departamento con población mayoritariamente rural. “En Lavalle, cerca del 70% de los chicos con discapacidad que asisten a escuelas especiales dependen del transporte cubierto por el área de Discapacidad y por Incluir Salud”, señaló Gómez. La falta de actualización de aranceles amenaza con cortar ese servicio.
Sarmiento lo graficó con crudeza: “Estamos hablando de chicos que tienen que recorrer más de 200 kilómetros para una rehabilitación. No se trata sólo de plata, sino de movilidad, de medicamentos carísimos como la insulina. Si se caen las pensiones, se corta también Incluir Salud, y esas familias quedan a la deriva”.
Suspensiones arbitrarias de pensiones
El director municipal alertó además sobre otra práctica que viene afectando a beneficiarios locales: la suspensión de pensiones sin notificación previa. “Tenemos alrededor de 38 casos en Lavalle en los que nunca llegó la carta aviso. La gente se entera en el cajero, cuando ve que no tiene depositado lo que le corresponde. Eso es una crueldad”, denunció. Las familias organizadas en torno a esta situación aseguran que los casos de pensiones “caídas” ya son más de 60.
Las familias deben iniciar engorrosos trámites para revertir estas bajas. Desde la comuna difundieron pasos a seguir y habilitaron delegaciones y puntos digitales para cargar documentación. “Es fundamental que la gente se acerque a Desarrollo Humano o a las delegaciones. No se trata sólo de un ingreso de 200 mil pesos, sino de todas las prestaciones médicas y de acompañamiento que se pierden”, insistió Gómez. Desde la comuna acercaron los contactos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para realizar los reclamos por las cartas documento: citacion@andis.gob.ar, por teléfono al 011 43797630 o por Whatsapp al 1139101010.
Derechos en riesgo y trabajo precarizado
La emergencia no sólo afecta a las familias, sino también a los equipos profesionales que sostienen terapias y acompañamientos. “Al no actualizar aranceles, se reducen horas y se pierden puestos de trabajo. El impacto es enorme: instituciones debilitadas, familias desprotegidas y derechos conquistados que retroceden”, advirtió la trabajadora social.
En paralelo, la suspensión de nuevas altas de pensiones desde hace más de un año mantiene en la espera a cientos de personas que cumplen los requisitos. “La ley también pedía agilizar estos trámites y compatibilizarlos con la actividad formal, algo que hoy está bloqueado”, explicó.
Una definición clave
Mientras tanto, en Lavalle la urgencia no espera. Las familias siguen peleando por mantener terapias, transporte y acompañamiento, y los equipos municipales y del programa nacional multiplican esfuerzos para suplir los vacíos. “Nosotros no podemos dejar de asistir a quienes pierden la pensión, aunque no nos corresponda directamente. Sería dejarlos sin tratamiento, sin medicación. No podemos mirar para otro lado”, resumió Sarmiento.
El futuro inmediato depende de lo que ocurra en el Senado. Si la Cámara Alta ratifica el rechazo al veto, la Ley de Emergencia en Discapacidad quedará firme y abrirá una ventana de alivio para miles de familias. Si no, el escenario de incertidumbre y vulneración de derechos se profundizará.
Compartimos la entrevista completa a Osvaldo Sarmiento y Cecilia Gómez: