¿Qué significa esto para las infancias? ¿Qué ocurre una vez que sus condenas finalizan y deben reintegrarse a la sociedad? ¿El Estado contempla estas problemáticas? Ana Sosino, integrante del colectivo No a la baja, planteó estas preguntas para reflexionar sobre el proyecto presentado por el Gobierno Nacional para la a baja de edad de punibilidad.
En el marco del renovado debate sobre la baja de la edad de punibilidad en Argentina, el colectivo “No a la baja” volvió a manifestar su rechazo a la iniciativa. En una entrevista, Ana Sosino, integrante del espacio en Mendoza, cuestionó el enfoque punitivista y advirtió sobre el impacto que podría tener la medida en niños, niñas y adolescentes.
“Sí, como vos decís, nuevamente otra vez nos encontramos dando pelea para que el Estado garantice derechos en principio y no baje la edad de punibilidad”, sostuvo Sosino, quien vinculó la reaparición del tema con el contexto electoral. “En época electoral este tema vuelve a surgir y busca el voto de aquellos sectores que creen que el punitivismo es la válida a cualquier tipo de problema social”, afirmó.
Según la referente, existe una construcción discursiva que instala la idea de que el encierro es una solución. “También insisten en que los chicos y las chicas tienen que estar encerradas para ver sus derechos garantizados, la alimentación, la educación, porque si no es de otra manera no se podría hacer”, señaló. Frente a ello, remarcó: “Es necesario un Estado que proteja y no que castigue”.
Derechos vulnerados y sistema de protección
Sosino subrayó que la discusión no puede reducirse al delito juvenil, sino que debe enmarcarse en la situación estructural de vulneración de derechos. “La vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes es un tema que debiera estar en la agenda estatal, tanto nacional como provincial”, expresó.
En ese sentido, explicó que la legislación vigente establece que el alojamiento en hogares o residencias alternativas debe ser la última instancia, luego de haber agotado todas las redes familiares y comunitarias. Sin embargo, advirtió que “hay hogares que actualmente en Mendoza contienen a niños y a niñas que podrían estar con otras redes familiares o comunitarias”.
Para la integrante de “No a la baja”, el foco del debate está desproporcionado. “El delito es muy mínimo y muy bajo en comparación a la cantidad de niños que no están por situaciones que tienen que ver con delito en los hogares”, aseguró. Y agregó: “Se pretende destinar un montón de dinero para reforzar el aparato represivo y no se está pensando en el grueso de la población que presenta derechos vulnerados”.
Más cárceles o más inclusión
En relación al financiamiento y la infraestructura, Sosino cuestionó qué recursos se destinarían a sostener la baja de edad. Señaló que en otras provincias, como San Miguel de Tucumán, se construyen módulos para menores dentro de cárceles de adultos, y advirtió que Mendoza no estaría exenta de avanzar en esa dirección.
Además, expresó preocupación por la situación de salud mental en las infancias. “Es alarmante la cantidad de chicos y chicas con ideas de muerte, con autolesión, que ingresan en las guardias de los hospitales”, describió, y denunció la falta de servicios con perspectiva de infancia y la escasez de profesionales.
A ello sumó el aumento de la pobreza infantil: “Cada vez vemos más niños y niñas en los merenderos y comedores comunitarios, como así también situaciones de niños actualmente en situación de calle”.
Para Sosino, el encierro no es una respuesta válida. “La cárcel en sí misma es una bomba para un adulto; para los niños y las niñas, mucho más. Los expone a más violencia institucional”, afirmó. Y citó que organismos internacionales ya han advertido que “la cárcel deshumaniza, destruye los vínculos y no es efectiva”.
“Hay que pensar que los chicos y las chicas que están en contextos de encierro en algún momento van a tener la libertad y van a salir. ¿Qué alternativas estamos ofreciendo como sociedad y como Estado?”, planteó.
Propuestas y articulación nacional
Desde el colectivo, indicó, se presentó un documento con propuestas basadas en el enfoque de derechos humanos. “Pensamos que tiene que ver con la salud mental, el hambre y la inclusión de los pibes y las pibas”, explicó.
También señaló que, según los datos con los que trabajan, “es muy baja la cantidad de chicos y chicas que están en esta situación, es menos del 30%”, y remarcó: “Hay que pensar cómo se refuerza el sistema de protección de derechos y no el sistema punitivo, que a la vista está que no da resultados y profundiza las desigualdades y las violencias”.
Sosino detalló que han mantenido reuniones con sectores de la Iglesia en Mendoza que se manifestaron en contra de la baja de edad, y que articulan con una mesa nacional integrada por organizaciones sociales, espacios sindicales y colectivos que trabajan con infancias.
Finalmente, concluyó con una advertencia: “Mientras más temprano el Estado se aleja, mientras menos atiende las necesidades principales que tienen que ver con la alimentación, la educación, la vivienda y la salud en los niños, es más difícil después elaborar una propuesta alternativa”. Y consideró que no resulta casual que el debate resurja “en el marco de un gobierno nacional y provincial que viene arrebatando derechos”.
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