El geógrafo Emanuel Jurado analizó el proyecto que busca modificar la Ley de Tierras y advirtió sobre sus posibles efectos en la soberanía, el acceso al agua, la producción de alimentos y las comunidades rurales.
El proyecto para modificar la Ley Nacional de Tierras volvió a instalar el debate sobre la soberanía, el uso de los bienes comunes y el modelo de desarrollo del país. En diálogo con «Entre Mate y Mate», el geógrafo Emanuel Jurado analizó la iniciativa que podría tratarse en los próximos días en el Congreso y sostuvo que la propuesta no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
“Este proyecto es un ladrillo más en la pared de otras leyes y medidas que buscan convertir en mercancía todo lo que habita este suelo argentino”, afirmó. Para Jurado, la iniciativa debe leerse junto al RIGI, las modificaciones impulsadas sobre organismos como el INTA, el INTI y el CONICET, la reforma de la Ley de Glaciares y otros cambios normativos que, a su entender, apuntan a facilitar el ingreso de grandes capitales privados, especialmente extranjeros.
Actualmente, la Ley 26.737 establece que las tierras rurales en manos extranjeras no pueden superar el 15% del territorio nacional. Según explicó, hoy ese porcentaje ronda el 5%, aunque algunos departamentos ya alcanzan el límite permitido. “La ley actual todavía deja margen para que continúe la extranjerización. Este proyecto directamente elimina ese tope”, explicó.
El especialista señaló que el debate no pasa únicamente por la nacionalidad de los propietarios, sino también por la concentración de la tierra y el destino que se le da. “La pregunta es quién concentra la tierra, para qué la utiliza y qué recursos estratégicos quedan bajo control privado”.
Entre los principales cambios que advirtió se encuentran la eliminación de restricciones para adquirir tierras en zonas de frontera o cercanas a cuerpos de agua, la flexibilización de controles y la desaparición de organismos encargados de producir información sobre la propiedad rural. “Sin información es imposible planificar el territorio ni diseñar políticas públicas”.
Otro de los puntos que genera preocupación es la situación de las comunidades campesinas e indígenas que ocupan tierras de manera comunitaria desde hace generaciones. “La ley facilitaría los desalojos y desconocería formas históricas de uso colectivo del territorio” señaló el especialista.
Jurado sostuvo además que el ingreso de grandes capitales podría incrementar el valor de la tierra y de los alquileres rurales, afectando especialmente a pequeños productores: “Muchos agricultores familiares alquilan las tierras donde producen alimentos. Si aumenta el precio de la tierra, muchos no van a poder seguir produciendo”.
También advirtió que la reforma incorpora modificaciones vinculadas a la Ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones para cambiar el uso o vender terrenos incendiados. En el caso de Mendoza, el geógrafo puso el foco en Malargüe, uno de los departamentos con mayor porcentaje de superficie rural en manos extranjeras y con importantes reservas de agua: “Malargüe está prácticamente en el límite que establece la legislación vigente. Si desaparece ese límite, podría profundizarse aún más la privatización del territorio”.
Durante la entrevista también se mencionaron otros departamentos mendocinos como San Martín y La Paz, donde la participación de propietarios extranjeros también es significativa. Finalmente, Jurado planteó que el debate excede la coyuntura política y debe centrarse en el modelo de país que se busca construir. “No se trata solamente de quién gobierna. La discusión es qué lugar ocupan la tierra, el agua, la producción de alimentos y la soberanía dentro del proyecto de país que queremos”.