Durante una reunión de comisiones en el Senado de Mendoza, comunidades huarpes, referentes políticos y abogados advirtieron sobre las graves consecuencias jurídicas, políticas y sociales que implicaría la derogación de la Ley 6920. Denunciaron falsedades en el proyecto del Ejecutivo, la ausencia de consulta previa y defendieron el derecho constitucional a la posesión de tierras ancestrales.
En la reunión de la Comisión sobre Legislación y Asuntos Constitucionales sobre la posible derogación de la Ley 6920 (que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una extensa superficie de tierras habitadas por comunidades huarpes) estuvo lejos de ser un mero trámite legislativo. Se transformó en un fuerte alegato en defensa de los derechos indígenas, con denuncias, advertencias legales y pedidos de diálogo.
“Una ficción construida para negar derechos”
Fidel Bustelo, abogado de las comunidades huarpes desde hace 25 años, fue una de las voces más firmes de la jornada. Su intervención combinó conocimiento técnico con una profunda carga política e histórica: “El proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo, firmado por el señor gobernador, es falso. Falso por donde se lo vea”, denunció, y desafió públicamente a una reunión con la Fiscalía de Estado para contrastar pruebas.
Bustelo aseguró que el texto presentado por el Ejecutivo está plagado de afirmaciones sin sustento, con el único objetivo de justificar la derogación de la ley: “Hablan de obstáculos para cumplir la ley, pero no hay obstáculos. Hay desidia. En 15 años no se notificó ni una sola demanda. Eso no es imposibilidad jurídica, es decisión política”, sostuvo.
El abogado explicó que el Estado provincial no tiene perjuicio económico alguno por mantener vigente la Ley 6920, ya que esta establece que los supuestos propietarios deben acreditar su derecho en un plazo de diez años para poder reclamar una indemnización. Ese plazo ya venció: “¿Dónde está el daño a las arcas públicas? Nadie reclamó nada. Lo que molesta es el reconocimiento de la posesión ancestral”, afirmó.
Bustelo también criticó la “ficción jurídica” con la que se intenta justificar la derogación: “Hablan de 700 titulares registrales como si eso fuera un obstáculo. ¿Cuántas cédulas notifica el ATM por día? Esto es una excusa. La fiscalía tiene recursos y personal para hacerlo si realmente hubiera voluntad”.
En otro tramo, aportó una perspectiva más profunda del conflicto: “En Lavalle hay más títulos de propiedad registrados que superficie de tierra disponible. Es decir, tres personas pueden tener escrituras sobre la misma parcela, y nunca entraron en conflicto porque ninguno la tiene en posesión: la tienen las comunidades. Eso es lo que no se quiere reconocer”.
Y remató: “Esto es racismo estructural. Porque cuando un príncipe de Malasia compra miles de hectáreas no hay problema, pero cuando los huarpes reclaman sus territorios, dicen que es mucha tierra para poca gente”.
Bustelo fue claro: el proyecto de derogación no es solo técnicamente inconsistente, sino que viola derechos constitucionales y tratados internacionales. “Es tan grave que no se puede dejar pasar. Si lo aprueban, lo vamos a judicializar. No tengan dudas”, advirtió.
Compartimos la intervención de Fidel Bustelo:
Desde otro ángulo, el diputado provincial José Luis Ramón respaldó el reclamo de las comunidades y alertó sobre las implicancias legales: “Estamos hablando de pueblos originarios, comunidades preexistentes a la Nación y la provincia. Cualquier intento de derogar la ley es una violación directa de sus derechos”, afirmó. “El fiscal de Estado dice que no hay fondos y que se le viene la noche al gobierno. Miente. El dinero está, figura en el expediente. El problema no es técnico, es político”, agregó.
Ramón advirtió que una derogación de la Ley 6920 implicaría desconocer el derecho vigente en Argentina y violar tratados internacionales con jerarquía constitucional: “No podemos desde dos cámaras provinciales borrar una ley que reconoce derechos de posesión ancestrales”, sentenció.
Por su parte, el senador Gerardo Vaquer, del bloque del Partido Justicialista, también fue categórico: “Desde nuestro bloque no vamos a acompañar esta derogación. Y solo podríamos votarla si las comunidades están de acuerdo”, expresó.
Vaquer también cuestionó la falta de consulta previa, un paso obligado según la legislación internacional: “Esto es apenas un primer paso. Lo que sigue es una verdadera agenda de reuniones y diálogo con las comunidades”, propuso.
La audiencia mostró una firme resistencia a una posible marcha atrás en el proceso de reconocimiento territorial a las comunidades huarpes. Más allá de los aspectos jurídicos, el trasfondo es la defensa de una historia viva que durante décadas ha sido negada o invisibilizada: “No es solo una ficción jurídica, las comunidades huarpes están compuestas por personas de carne y hueso, con historias, con nombres. Y con una relación con la Pachamama que no entra en los expedientes judiciales, pero que es la base de todo”, concluyó Bustelo.
“La 6920 hoy está a salvo”
Al concluir la reunión entrevistamos al senador Gerardo Vaquer sobre el posible devenir de este debate:
TC: ¿Cuál fue su postura cuando conocieron el proyecto de derogación?
GV: Desde el primer minuto pedí que se escuchara a las comunidades, porque no habían sido convocadas. Por suerte, la comisión aceptó.
TC: ¿Qué cambió tras las reuniones?
GV: El gobierno desistió de derogar la ley y se abrió a aplicar lo que la 6920 ya contempla: inscribir los terrenos a nombre de las comunidades.
TC: ¿Le da confianza ese giro?
GV: Hoy la 6920 está a salvo, pero hay que seguir atentos. El gobierno tiene que cumplir con los plazos y las comunidades seguir organizadas.
TC: ¿Qué valora de la presencia de las comunidades en la Legislatura?
GV: Es fundamental. Tienen derecho a ser escuchadas. Nuestra posición es clara: si las comunidades avalan, acompañamos.