En el marco de un fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional, el INTA enfrenta una reestructuración que amenaza su presencia en el territorio. En Mendoza, la posible desaparición de las Agencias de Extensión Rural genera alarma entre productores y trabajadores, que ven peligrar una herramienta clave para la producción de alimentos y el desarrollo rural.
El gobierno de Javier Milei avanza con su motosierra, en un severo plan de ajuste que incluye la eliminación de organismos estatales, despidos masivos y recortes presupuestarios en áreas estratégicas como salud, educación y producción. En este contexto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una reestructuración que prevé el cierre de casi 300 agencias de extensión rural, la fusión con otros entes y un posible recorte de hasta 1500 puestos de trabajo. La medida forma parte de un presupuesto nacional que proyecta una caída del 24% en el gasto real respecto a 2023.
En Mendoza, la preocupación se siente particularmente fuerte en el departamento de Lavalle, donde pequeños y medianos productores dependen de la asistencia técnica del INTA para sostener y mejorar sus actividades. “Para nosotros, el INTA es la agencia que nos permite investigar y crecer, cosas que no siempre tenemos el tiempo ni los recursos para hacer”, explica Fernando Aristizábal, productor vitícola y chacarero de La Pega y presidente del Consejo Asesor Local del INTA en Lavalle.
La posibilidad de que se cierre la agencia local no solo inquieta por la pérdida de puestos de trabajo, sino por la desaparición de políticas públicas esenciales para la soberanía alimentaria. “Lograr que todos nos alimentemos bien también depende de estas instituciones”, señala Aristizábal, y subraya que la función del INTA trasciende el apoyo individual a los productores: implica garantizar alimentos sanos para toda la comunidad. Compartimos las palabras del productor peguino:
Santiago Ermili, productor olivicola y forrajero de San Francisco, también pone en valor el trabajo del organismo: “cuando compré la finca, sin tener ningún contacto, la gente del INTA se acercó, tomaron muestras de suelo, me ayudaron a tratar los olivos. Me enseñaron a pescar y me dieron las redes”, cuenta. Para Ermili, el rol del INTA es irreemplazable: “no es solo generar comida; se genera trabajo, se redistribuye conocimiento y se fortalece a las familias. Cerrar esto es un daño gravísimo”. A continuación las palabras del olivicultor en diálogo con Tierra Campesina:
Desde adentro de la institución, la jefa de la Agencia de Extensión Rural de Lavalle, Mariana Díaz Valentín, explica que la situación es crítica. El reciente cambio de estructura decidido por el Consejo Directivo Nacional del INTA, integrado por representantes del gobierno y del sector privado, traslada la definición sobre recursos humanos a cargos políticos y habilita el cierre de agencias y de institutos de investigación vinculados a la agricultura familiar. “Hoy somos una de las pocas instituciones que quedan en el territorio, con contacto directo con los productores, vinculando investigación y tecnología. Si se cierran las agencias, todo eso se pierde”, advierte Díaz Valentín. La palabras de la trabajadora del INTA:
La disponibilidad del personal –figura habilitada por la nueva Ley Bases– deja en situación de despido a trabajadores de planta permanente. Según Díaz Valentín, aunque se está intentando revertir la medida por vías legales y gremiales, el futuro inmediato es incierto.
En Lavalle, como en tantos otros puntos rurales del país, el INTA no es una oficina aislada: es una presencia constante en las fincas, en las rondas de capacitación, en las muestras de suelo, en las mejoras productivas. “Nosotros tratamos de mantener el contacto, de aprender y compartir experiencias para seguir creciendo”, describe Aristizábal. El ajuste amenaza ese tejido construido durante décadas.
Ermili, por su parte, cuestiona que los recortes se hagan en áreas que fortalecen el desarrollo local, mientras se destinan fondos a gastos superfluos: “la guita que se ahorran cerrando el INTA la gastan en F-16, en asesores, en pelotudeces que no le dan de comer a la gente”, denuncia. Y remarca que “romper esta herramienta es pasar de enseñarle a la gente a generar sus alimentos, a concentrar la riqueza en pocas manos”.
La defensa del INTA también es, en palabras de Aristizábal, la defensa de un proyecto de país inclusivo: “el INTA es como una universidad pública en el sentido de la soberanía. Nos ha hecho crecer como nación. No podemos permitir que lo cierren, sería tirar por la borda todo lo que hicimos bien”.
Así, mientras en Buenos Aires se discuten presupuestos y estructuras, en Lavalle se siente la incertidumbre en cada finca, en cada productor que depende del conocimiento y el acompañamiento para seguir trabajando. En un país donde la pobreza alcanza a casi la mitad de la población, el cierre de espacios como el INTA significa también resignar la posibilidad de construir un futuro más justo, desde la raíz.