Un proyecto de ley que pretende permitir las fumigaciones con pesticidas a tan solo 10 metros de viviendas y escuelas rurales encendió las alertas en organizaciones socioambientales, asambleas y comunidades afectadas por el modelo agroindustrial.
La iniciativa, presentada por el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR–Entre Ríos), cuenta con el respaldo de más de treinta legisladores de distintos bloques y busca establecer “presupuestos mínimos” para el uso de productos fitosanitarios.
Desde la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, advierten que la propuesta “está escrita a medida de las empresas que se enriquecen vendiendo venenos” y que lejos de proteger la salud o el ambiente, profundiza una situación ya crítica en los territorios rurales.
“El proyecto intenta llevar a escala nacional la experiencia de Entre Ríos, una de las provincias más afectadas por los agrotóxicos”, señaló el biólogo y filósofo Guillermo Folguera, integrante de la Red. “Estamos hablando de una provincia que abastece con niños y niñas el Hospital Garrahan, producto de las enfermedades derivadas de la exposición a estos venenos”.
Folguera explicó que el texto contempla tres tipos de aplicación: terrestre, con drones y aérea, y que en los tres casos las distancias son mínimas. “Plantean fumigar a diez metros de las casas o las escuelas, incluso con drones. Es una locura. Tratan al dron como si fuera terrestre, cuando está volando y su capacidad de deriva es mucho mayor”, advirtió.
Según el investigador, el proyecto avanza sobre una “ficción de control”: “La idea de que la fumigación no se mueve del lugar donde se aplica es falsa. Está demostrado que existe la deriva. Cuanto más alto se fumiga, más se expanden las partículas por el viento”.
Otro de los ejes de la iniciativa, y del discurso que la respalda, es el de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), una suerte de “Caballo de Troya” de los agronegocios. “Las buenas prácticas agrícolas no existen. Son protocolos que suenan bien, pero que han sido incapaces de evitar que Argentina sea hoy el primer país del mundo en cantidad de venenos por habitante. Los números son escalofriantes: tenemos peces con niveles récord de neurotóxicos, aumentos de cáncer en edades tempranas y territorios enteros enfermos”, sostuvo.
Para el investigador, el trasfondo del proyecto no es técnico ni sanitario, sino político y económico: “El extractivismo siempre tiene un carácter suicida. Estos proyectos no solo envenenan los territorios, sino que también aumentan la desigualdad social”.
Folguera alertó que detrás del avance legislativo hay una intención clara: aprobar la ley antes del recambio parlamentario de diciembre, cuando Benedetti deje su banca. “Hay un apuro por parte de los sectores corporativos y del agronegocio. Y lo más grave es que no hay grieta política: radicalismo, PRO, La Libertad Avanza e incluso sectores del kirchnerismo acompañan la propuesta. Solo la izquierda se ha desmarcado”, explicó.
Desde la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados llaman a frenar el proyecto con movilización social. “Si no hay organización y una reacción acorde a la gravedad del asunto, el proyecto va a salir. Y quedará como uno de los hitos más terribles en la historia socioambiental argentina”, advirtió Folguera.
En contraposición, la Red insiste: “La única buena práctica agrícola es el no uso de agrotóxicos”.
Compartimos la entrevista completa con Guillermo Folguera: