Incendios en la Comarca Andina: no es fuego, es capitalismo

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Como cada verano, la Comarca Andina vuelve a arder. Esta vez, el incendio en Puerto Patriada, Chubut, arrasó al menos 1.800 hectáreas, destruyó viviendas y obligó a evacuaciones preventivas en El Hoyo y zonas cercanas a Epuyén, donde el fuego cambió de dirección y se está propagando hacia la zona del Pirque. Además, el Parque Nacional Los Alerces está en alerta, con un incendio activo en el Lago Menéndez.

Por su parte, la Fiscalía provincial confirmó que el fuego fue intencional y que se detectó “material acelerante”. Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿quiénes se benefician cuando el bosque desaparece?

Foto redes sociales, Lago Puerto Patriada, Cushamen Chubut

Desde el territorio, la voz de las comunidades rompe el cerco informativo. Moira Millán, weichafe mapuche, denunció: “Miles de hectáreas de paraísos milenarios están siendo devorados por el fuego, decenas de familias lo han perdido todo. El llanto y la desesperación se han instalado en nuestros corazones”. Y señaló con precisión la responsabilidad estatal: “El gobierno que invierte en aviones de guerra no ha sido capaz de incorporar más aviones hidrantes”.

Mientras brigadistas voluntaries arriesgan su vida para contener las llamas y rescatar personas y animales, el Estado llega tarde como lo hace el Ministro del Interior Diego Santilli, con anuncios rimbombantes y fotos para redes digitales.

Foto Parque Nacional los Glaciares

El desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, profundizado desde la asunción de Javier Milei, agrava un escenario que se repite año tras año y vacía de contenido una herramienta clave: la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815 y su modificatoria 27.604). Esta norma establece una política federal de prevención, combate y restauración a través del Sistema Federal de Manejo del Fuego, y fija un punto central para frenar la especulación: la prohibición de cambiar el uso del suelo tras un incendio -por 60 años en bosques, humedales y áreas protegidas, y por 30 en pastizales y matorrales- -sin importar si el fuego fue accidental o intencional.

Cuando el Estado no financia ni hace cumplir la ley, no solo deja desprotegidas a las comunidades y a quienes combaten el fuego, sino que habilita el avance del negocio inmobiliario sobre territorios arrasados. En Epuyén, a menos de un año de otro incendio que dejó más de 70 viviendas destruidas, muchas familias aún sobreviven sin asistencia estatal, confirmando que la emergencia continúa mucho después de que se apagan las llamas.
Lejos de asumir responsabilidades, el gobernador Ignacio Torres volvió a ensayar discursos racistas y teorías fantasiosas sobre el origen del fuego. Millán advierte: “Una vez más el gobernador sale a esgrimir estrategias racistas y fantaseosas”, mientras despliega fuerzas de seguridad contra comunidades mapuche. No es un desastre natural aislado ni una fatalidad climática: es un modelo de saqueo territorial donde el fuego allana el camino al negocio inmobiliario. No es fuego: es capitalismo.

Foto Eugenia Neme Chubut

A este cuadro se suma un dato preocupante que evidencia la intencionalidad del avance del fuego. El incendio comenzó en un lugar y horario estratégicos, con presencia de turistas y familias, y con el riesgo concreto de bloquear el único camino de salida. Así lo reconocieron las propias autoridades provinciales. En la ladera sur del cerro Pirque, las llamas avanzaron durante la noche mientras Epuyén observaba con angustia un escenario tristemente familiar. La reiteración de estos episodios expone un patrón: fuegos intencionales, zonas codiciadas por el mercado inmobiliario y una respuesta estatal que se limita a promesas y conferencias de prensa.

Foto captura de video redes sociales

Moira Millán también llamó a escuchar a quienes están en la primera línea: “Se necesita mucho apoyo, sobre todo escuchar a lxs brigadistas voluntarios que están arriesgando su vida para salvar el bosque”. Sin embargo, cuando llegan los micrófonos de los grandes medios, la responsabilidad política suele diluirse y el foco se desplaza hacia la criminalización de los pueblos originarios. La pregunta final vuelve a imponerse, incómoda pero necesaria: ¿a quiénes señalarán esta vez cuando el humo se disipe y la tierra quemada quede lista para ser negociada?

Foto Gobierno de Chubut