Comunidades mapuches del Puel Mapu repudiaron las declaraciones del gobierno de Chubut, que las responsabilizan por los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina, y denunciaron una estrategia de criminalización que busca ocultar la falta de prevención, recursos y respuesta frente al avance del fuego.
A través de un comunicado titulado “Desalojo a punta de fuego”, distintas lof mapuches cuestionaron que el discurso oficial y gran parte de los medios pongan el foco en la supuesta intencionalidad de los incendios, mientras se silencia la ausencia de políticas de prevención, incluso después de la tragedia ocurrida el año pasado en Epuyén, donde más de 70 viviendas fueron destruidas y la mayoría aún no han sido reconstruidas.
Las comunidades señalaron que, pese a ese antecedente, no hubo planificación ni inversión en infraestructura básica como tanques australianos, raleos de bosques implantados ni fortalecimiento del sistema de combate del fuego. A esto se suma la precarización laboral y el despido de cerca del 50% de los brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego durante el último año.
El comunicado también reconstruye una secuencia de hechos que consideran alarmante: el cierre de accesos y un fuerte operativo de seguridad el domingo 4, el inicio del incendio en la zona de Puerto Patriadas el lunes 5, la falta de respuesta oficial cuando el fuego cruzó el cerro Pirque el martes 6 y la propagación descontrolada a partir del miércoles 7, que obligó a evacuar sectores de El Hoyo, Epuyén, El Pedregoso, Río Minas y El Coihue.
Mientras el fuego avanzaba, la asistencia provino principalmente de la organización comunitaria: brigadas vecinales, cocinas comunitarias, radios locales y vecinos que pusieron sus propios vehículos, herramientas y recursos económicos. En contraste, denunciaron que el gobierno provincial mantiene retenidos alrededor de 600 mil dólares destinados a programas de prevención de incendios, al tiempo que desacredita públicamente las campañas solidarias y los pedidos de ayuda.
Las comunidades rechazaron de forma contundente las declaraciones del ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, quien sostuvo que “la hipótesis respecto del incendio es que fueron los mapuches, porque es lo que muestra la historia”. Según señalaron, lo que muestra la historia es que las primeras zonas afectadas suelen ser las comunidades mapuches, como ocurrió con los lof Monsalve y Pulgar Huntuquidel, que perdieron viviendas, animales y bosque.
Recordaron además los allanamientos realizados el año pasado, tras incendios similares, cuando se requisaron viviendas de comunidades, barrios y una radio mapuche, se golpeó y humilló a ancianos y ancianas, se tomaron muestras de ADN y se detuvo a una mujer que, seis meses después, no tenía ninguna prueba en su contra. “Otra vez quieren usarnos como chivo expiatorio”, advirtieron.
En el mismo sentido, cuestionaron el tratamiento del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que se quema desde diciembre, y vincularon la inacción estatal con posibles intereses territoriales y procesos de expulsión. “Nos están desalojando a punta de fuego. Año a año usan el fuego como estrategia de gentrificación”, afirmaron.
La gentrificación es un proceso de renovación urbana donde barrios o comunidades populares son desplazados, atrayendo así a las élites, transformando la identidad cultural y social del lugar,.
Finalmente, las comunidades llamaron a repudiar públicamente las acusaciones sin pruebas y a reconocer que el fuego no distingue entre identidades: afecta a comunidades mapuches y a vecinos y vecinas de toda la Comarca. También expresaron su solidaridad con bomberos, brigadistas oficiales y vecinales, cocinas comunitarias y radios comunitarias, cuya tarea, remarcaron, evitó una tragedia aún mayor.
“La tierra no se vende. Se defiende”, concluye el comunicado, que cierra con un mensaje contundente contra el racismo, la estigmatización y el abandono estatal frente a una catástrofe que, denuncian, no es natural sino política.