Por las calles de Los Corralitos, las rutinas se transformaron. Desde febrero, la vida de Gabriela y de sus vecinas cambió por completo. Ella vive sobre la calle 2 de Mayo, una de las más afectadas por el colapso cloacal.
“Nosotras no tenemos cloacas, pero estamos padeciendo las de otros”, dice con una mezcla de cansancio y resignación. Actualmente, y luego de meses de letargo estatal, se están realizando los trabajos que buscan reparar el colector que transporta las aguas residuales de parte del Gran Mendoza hacia la planta de Paramillos, en Lavalle.
Pero, en el camino, se convirtieron en una presencia constante y, muchas veces, insoportable. “Al principio fue tremendo. En febrero y marzo no podíamos salir de nuestras casas. Justo cuando empezaban las clases, el micro dejó de pasar y no teníamos respuestas. La calle estaba cortada y el olor era insoportable”, recuerda Gabriela.
En esa época, los vecinos y vecinas tuvieron que organizarse para entender qué estaba ocurriendo. “Nos fuimos reuniendo, exigiendo que nos contaran qué iban a hacer y cómo. Recién después de varios reclamos empezaron a informarnos algo”, cuenta. Pero la comunicación no resolvió los problemas cotidianos: cada lluvia trae nuevos rebalses, los pozos se llenan y el tránsito sigue restringido. “Cada vez que llueve esto se vuelve a rebalsar. El transporte todavía está reducido y hay veces que igual se corta. Hasta hace poco no se podía salir por ninguna calle”, detalla.
El panorama sigue siendo complicado. “Hay sectores donde el agua sale de los pozos, se junta en las esquinas y nadie la limpia. Es un foco de contaminación permanente”, advierte. A eso se suma la preocupación por la falta de control. “El municipio declaró la zona en emergencia ambiental, pero en los hechos no se nota. Hemos hecho denuncias, y no tenemos respuestas. Lo peor es ver los guantes, las botas, las bolsas que usan para limpiar, tiradas en los puentes o en las salidas de nuestras casas. Es como si no importara que acá vivimos familias”, lamenta.
El impacto también se siente en las escuelas. Gabriela cuenta que muchos chicos y chicas del barrio dejaron de asistir durante semanas: “Hay una gran cantidad de niños y niñas que viven por acá y no podían llegar. Las escuelas están lejos, necesitamos el micro o las bicicletas, pero cuando está cortado o lleno de residuos, no se puede pasar. Durante mucho tiempo fue imposible caminar por la contaminación que hay en la calle”.
Más allá de la indignación, su relato deja ver una sensación profunda de desamparo. “Esta obra poco y nada tiene que ver con nosotros, pero nos afecta muchísimo. Son las cloacas de Luján, de Godoy Cruz, de Ciudad… y sin embargo, las consecuencias las vivimos acá”, resume.
Entre el ruido de las bombas, los camiones que van y vienen, y los charcos que no terminan de secarse, las vecinas de Los Corralitos siguen esperando que la promesa de las obras también devuelva un poco de tranquilidad a quienes las ven pasar desde la vereda de su casa.
Compartimos el audio con las declaraciones de la vecina:
De febrero a esta parte …
A comienzos de 2025, la zona de las calles 2 de Mayo y Severo del Castillo en Los Corralitos registró desbordes cloacales persistentes: los vecinos denunciaron que el líquido colapsado “se extendía por las calles, veredas y hasta casas”. El Departamento General de Irrigación (DGI) autorizó de forma excepcional y provisoria a la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM) a volcar líquidos cloacales al Canal Pescara, para mitigar el colapso del colector máximo noreste que transporta los efluentes de varias zonas del Gran Mendoza.
Esa autorización se extendió varias veces: por ejemplo, en junio de 2025 se otorgó una prórroga de 15 días a partir del 15 de junio para seguir vertiendo al canal Pescara. Simultáneamente, se registraron mediciones que alertaron contaminación: el DGI admitió que en la zona productiva se detectaron “altos niveles bacteriológicos” y que al menos unas 500 hectáreas productivas se vieron comprometidas por el vertido cloacal al canal Pescara.
Finalmente, el 5 de septiembre de 2025 el municipio de Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria mediante el Decreto Nº 3125, reconociendo públicamente que la situación tenía “gravedad” y se extendía desde abril.