Mientras la Corte analiza el expediente, trabajadores de la empresa recuperada más antigua de Mendoza, continúan produciendo con incertidumbre. Legisladores denuncian irregularidades en el proceso judicial que llevó al remate.
La cooperativa Gráficos Asociados, una de las empresas recuperadas más emblemáticas de Mendoza, atraviesa un nuevo momento de incertidumbre. Mientras la Suprema Corte de Justicia analiza un recurso presentado por los trabajadores, persiste el riesgo de desalojo del inmueble donde funciona la imprenta desde hace más de dos décadas.
El conflicto tiene antecedentes recientes. Tal como informamos en notas anteriores el edificio donde funciona la imprenta fue rematado en diciembre de 2025.
Ahora, nuevas entrevistas con la técnica que acompaña a la cooperativa, Cintia Mora, y con la senadora provincial Flavia Manoni, aportan elementos que profundizan las dudas sobre el proceso judicial.
Un remate con cuestionamientos
Según explicó Mora, la subasta finalmente se concretó con una sola oferta y por el monto exacto de la base fijada. “Se presentó una sola persona con el monto exacto de la base, que era de 100 millones de pesos. Eso refuerza la sospecha de que sabían que no habría otras ofertas”, señaló.
La técnica explicó que el proceso de quiebra lleva más de 23 años y que durante ese tiempo nunca aparecieron herederos de los antiguos propietarios. Sin embargo, tras concretarse el remate, surgieron supuestos herederos que reclaman fondos de la quiebra. “Durante todo el proceso no apareció ningún heredero ni acreedor. Incluso había un remanente de 15 millones de pesos que sobraba después de pagar las deudas”, explicó.
Para Mora, esa aparición tardía fue utilizada para justificar la subasta del inmueble. “Consideramos que ese fue el argumento que necesitaban para sostener el remate”, afirmó.
La situación se vuelve más compleja porque, según indicó, la cooperativa sigue funcionando en el edificio mientras espera definiciones judiciales.
“Hoy están trabajando con una incertidumbre total, con temor de tomar trabajos y no poder cumplirlos si se concreta un desalojo”, explicó.
El expediente en la Corte
Actualmente la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisa el expediente a partir de un recurso presentado por la cooperativa. El pedido principal es que se suspendan los plazos del proceso mientras se revisa lo actuado por el juzgado concursal.
Mora también cuestionó el accionar del tribunal que llevó adelante el remate, a cargo de la jueza Gloria Cortéz, del Segundo Juzgado Concursal. “Todas las presentaciones que hicimos fueron rechazadas. Es muy difícil ejercer el derecho de defensa en esas condiciones”, señaló.
Intervención legislativa
La situación también llegó a la Legislatura provincial. Desde la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, presidida por la senadora Mercedes Derrache, se realizó un pedido de informes al juzgado que interviene en la causa.
La senadora Flavia Manoni explicó que el tema generó preocupación en legisladores de distintos bloques políticos. “Todos los bloques estamos interesados en este tema porque estamos hablando de familias que sostienen su fuente de trabajo desde hace más de veinte años”, afirmó.
Según detalló, el Senado recibió una respuesta de la jueza que, a juicio de los legisladores, no coincide con la información del expediente. “Cuando analizamos la respuesta vemos que está muy distante de lo que surge de las actuaciones judiciales y de las fuentes que hemos consultado”, explicó.
Por esa razón, la comisión evalúa avanzar con nuevas medidas institucionales para esclarecer la situación.
Posible pedido de jury
Entre las alternativas aparece la posibilidad de impulsar un pedido de jury contra la magistrada, aunque esa iniciativa debería ser presentada formalmente por la propia cooperativa.
Manoni explicó que ese procedimiento no se basa en cuestionar el contenido de una sentencia, sino en posibles irregularidades en el proceso. “Cuando vemos actuaciones que podrían perjudicar a una de las partes o vulnerar derechos, ahí se analiza la posibilidad de un jury”, sostuvo.
Mientras tanto, la legisladora señaló que la Corte podría ordenar la suspensión del desalojo hasta terminar de revisar el expediente.
Una empresa recuperada emblemática
Gráficos Asociados funciona en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y es una referencia de la economía social y las empresas recuperadas en la provincia. Desde hace más de dos décadas, los trabajadores sostienen la imprenta como cooperativa, produciendo etiquetas, impresiones industriales y trabajos para organismos públicos y privados.
Para quienes acompañan el proceso, el caso trasciende a una sola empresa. “Es la última empresa recuperada que queda en Mendoza y ha demostrado durante más de veinte años que el trabajo autogestionado es posible”, expresó Mora.
Mientras esperan una definición de la Corte, las y los trabajadores continúan produciendo en la imprenta, aunque bajo la amenaza de perder el espacio que sostuvieron durante más de dos décadas.