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Desde hace algunos meses, la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) comenzó a impedir el acceso al trabajo a docentes migrantes tituladas en la provincia o en universidades nacionales. Para poder ejercer su función en educación, organismo les exige que se nacionalicen. Esta medida, en línea con las nuevas políticas migratorias nacionales, incumple con los derechos de las personas migrantes establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley de Migraciones N. 25.871. Valeria Chiavetta, Lic. en Trabajo Social y presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo, explica la problemática y cómo están acompañando el reclamo.