El proyecto que promueve el gobierno nacional deja al descubierto serias objeciones constitucionales, intereses económicos concretos y una creciente respuesta de organización y resistencia en los territorios. Dialogamos con Arturo Razuri para desmenuzar el alcance de la iniciativa y explicar por qué con esta reforma se juega el nefasto y saqueador modelo de país que pretende imponer Javier Milei.
Desde el gobierno nacional impulsan la modificación de la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y la presentan como una “adecuación normativa”. Pero en realidad es la operación de desguace legal más agresiva contra un bien común estratégico en la última década como lo es el agua.
El proyecto, que podría avanzar por decreto o mediante maniobras legislativas express, esconde una geopolítica del saqueo: la entrega de las nacientes de agua dulce a corporaciones mineras transnacionales, con la complicidad activa de gobernadores provinciales y un relato que confunde desarrollo con destrucción.
En esta nota recorreremos el entramado de intereses, las consecuencias humanas y ambientales y la resistencia que se organiza desde Mendoza hasta Jujuy, de la mano del militante socioambiental Arturo Razuri, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Gran Mendoza y testigo de cada lucha por el agua en el país.
La ley que nació del pueblo y que hoy quieren borrar
Sancionada en 2010 tras un veto previo y una lucha social sin precedentes, la Ley de Glaciares estableció un principio claro: los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público, reservas estratégicas de agua para consumo humano, agricultura y conservación de la biodiversidad. El inventario del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales – IANIGLIA confirmó lo que las comunidades cordilleranas sabían hace siglos: sobre 8.484 km² de hielo y suelos congelados descansa el futuro hídrico de 12 provincias, 39 cuencas y 1.800 localidades.
El artículo 6 de la ley prohíbe terminantemente la actividad minera e hidrocarburífera en glaciares y zona periglaciar. Allí está la llave que hoy buscan quebrar.
La alianza política detrás del despojo: Milei, Cornejo y el lobby minero
“El presidente agradeció públicamente a Alfredo Cornejo por haber acercado la iniciativa de la modificación”, revela Razuri. El anuncio de Milei, desnuda el circuito de poder del gobernador radical de Mendoza -provincia con uno de los inventarios de glaciares más importantes- como operador político de un proyecto escrito, según denuncian organizaciones ambientales, “en los estudios jurídicos de las empresas mineras”.
Pero Cornejo no está solo. Razuri traza un mapa de complicidades que atraviesa partidos y jurisdicciones: “Hay grandes intereses económicos ligados con la complicidad de los gobiernos radicales en todas las provincias, más la alianza tácita con sectores del peronismo que van a habilitar con su voto el desguace de la ley”.
¿Cómo operan en el territorio? El mecanismo es multifacético:
- Control de la ciencia: “El desplazamiento del Dr. Ricardo Villalba, exdirector del IANIGLIA, para poner a alguien ligado a los intereses del gobierno provincial y de las corporaciones mineras”.
- Despojo previo: “Desarticular políticas que protegen a los pueblos originarios, a través de la acusación mediática y la expropiación de tierras… Eso va preparando el terreno”.
- Ahogo económico: “Ahogar con el presupuesto, no darle financiación a los proyectos productivos en la zona, no alimentar otras formas de economía regional”.
El objetivo final, según Razuri, es claro: “Limpiar el territorio para permitir el libre acceso a las mineras”.
Impacto desigual: mujeres y pueblos originarios en la primera línea
El movimiento socioambiental ha visibilizado cómo el extractivismo recarga sobre mujeres y disidencias las tareas de cuidado y reproducción de la vida, especialmente en contextos de crisis hídrica. Razuri advierte que una reforma regresiva de la Ley de Glaciares profundizaría estas desigualdades.
“Las primeras más afectadas son las disidencias y las mujeres que se cargan al peso la posibilidad de sostener las áreas rurales o sus pueblos”, explica. “Los hombres se van a buscar trabajo, si lo consiguen tienen suerte y si no, engrosarán la fila de desocupados. Las mujeres son las últimas en abandonar y las que más resisten ese cambio”.
En comunidades rurales y andinas, donde el agua de los glaciares es un bien común esencial, la instalación de megaproyectos mineros implica no solo contaminación, sino la pérdida de formas tradicionales de vida y la expulsión forzada a las periferias urbanas. “Te quitan el agua, te quitan el territorio, te vas yendo, abandonas el sentido de pertenencia”, describe el militante ambiental.
La democracia cortada: cómo se modifica una ley sin debatir con su pueblo
Quizás el aspecto más grave, más allá incluso del impacto ambiental, sea el procedimiento mismo. Una ley nacida de la participación ciudadana masiva pretende ser modificada a puertas cerradas, sin consulta previa, sin audiencias públicas, sin que las comunidades que dependen del agua de los glaciares puedan decir una palabra.
“El gobierno intenta reformarla porque es la expresión política de la dictadura del capital financiero”, analiza Razuri con dureza. “Hoy vivimos en una democracia en lo formal, pero hay un grupo concentrado de dueños del país que imponen la política económica”.
Esta “enorme regresión democrática”, como la define, tiene un efecto corrosivo: “Ellos mismos están poniendo en riesgo la participación y la democracia a nivel representativo. Al gobernar para una pequeña élite, nos excluyen a todos. Y eso crea una crisis de consenso social”.
Cuando las reglas del juego se quiebran, advierte Razuri, la respuesta social puede tomar caminos imprevisibles: “Si dentro de este orden democrático las reglas no se respetan, hay que romper esas reglas para defender lo conseguido”.
Cuando el pueblo dijo “No se toca”
Mendoza no es un caso teórico. Es el laboratorio donde ya se libró y se ganó una batalla por el agua: la defensa de la Ley 7722, que prohibió la minería contaminante en la provincia. De esa experiencia, Razuri extrae enseñanzas fundamentales para la resistencia actual:
Articulación con lo popular: “No separar la relación de la naturaleza con el trabajo, con el bienestar, con la salud, con la falta de agua en los barrios”.
Unidad amplia: En 2019, lograron articular con “gremios ligados a la producción, a la salud como ATE, la pequeña y mediana industria ligada al turismo y la vitivinicultura”. Todos comprendieron el riesgo común.
Discurso territorializado: “Hoy estamos impulsando la defensa de los glaciares ligada al agua para los barrios, a la emergencia hídrica provincial”.
La estrategia, insiste, debe ser inteligente: “Si nos despegamos en una defensa abstracta de la naturaleza sin interpretar las necesidades del campo popular, nos van a terminar aislando”.
Criminalización: el Estado que vigila a quienes defienden el agua
El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) tenía como “objetivo” al movimiento socioambiental. No era teoría conspirativa ya que en Mendoza, más de 20 activistas están imputades, algunes con figuras como “resistencia a la autoridad” o aplicaciones distorsionadas de la ley antiterrorista.
“Producen miedo, rumor, desinformación, fragmentación”, describe Razuri. Pero la respuesta se ha organizado:
- Red de abogades ambientales que actuán con perspectiva de derechos humanos.
- Protocolos de autocuidado: comisiones de seguridad en marchas, división de roles (protegiendo especialmente a voceres con más exposición), reglas precisas de acción.
- Evitar el sacrificio innecesario: “Sabemos que la lucha va a seguir teniendo detenidos, pero como no podemos reemplazar a ninguno, decidimos evitar las detenciones innecesarias”.
Es un juego de ajedrez donde el Estado usa sus piezas más pesadas, y los movimientos responden con inteligencia colectiva.
El mito del desarrollo minero: datos versus relato
El discurso oficial repite como un mantra: “minería = desarrollo + trabajo”. Razuri lo desmonta con datos concretos: “Catamarca y San Juan eran hasta hace un año las provincias que más fondos reciben de la nación para sostener sus arcas“. Es decir, la minería no las hace autosuficientes; necesitan subsidios nacionales.
“En Jáchal, desde que se instaló Veladero, perdió casi más del 20% de su población. Hay más jachaleros jóvenes viviendo en Gran Mendoza o Córdoba que en la propia Jáchal”.
¿Por qué persiste el relato? Razuri describe una maquinaria de lavado de imagen millonaria: pauta publicitaria en medios, sponsors de festivales y eventos deportivos, obras comunitarias menores presentadas como “grandes logros”. “La gente acepta esas migajas y se resigna a ser zona de sacrificio”, lamenta.
Frente a este escenario, la resistencia se organiza en múltiples frentes:
- Judicial internacional: “Llevar la lucha a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación al Acuerdo de Escazú”.
- Consulta popular: “Exigir una votación donde la gente decida”.
- Debate público obligatorio: “Exigir un debate abierto en televisión, con expertos, comunidades y legisladores, como los que hacen en campaña electoral”.
- Campaña nacional “Los glaciares no se tocan”: Una red de más de 250 activistas en todo el país que coordina acciones y contenidos.
- Alianza con el movimiento obrero: “En Mendoza, tenemos reuniones con la CGT local para movilizarnos el mismo día contra la reforma laboral y en defensa de los glaciares”.
“Debemos exigir que abran los canales de diálogo. Hay herramientas para que la ciudadanía se entere de lo que hacen a espaldas de la población”, manifiesta enfático Razuri.
La urgencia de construir alternativas
En su análisis más autocrítico, el integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Gran Mendoza señala un problema estructural: “Lo que falta es una decisión política de querer realmente lograr la unidad”. El campo popular -ambientalistas, feministas, indígenas, sindicalistas, izquierdas- sigue fragmentado por “pequeñas diferencias del pasado como si fueran principios inamovibles”.
Pero su crítica va más allá: “Negarse a querer ser gestión”. Para Razuri, es imprescindible que los movimientos no solo resistan, sino que construyan alternativas concretas: “No se puede tener una propuesta alternativa si no se la lleva a la práctica. La gente no ve eso como un ejemplo, lo ve como una idea linda, pero no real”.
La ausencia de experiencias de gestión alternativa del agua en municipios donde hubo victorias ambientales es, para él, una deuda política. “Después de un triunfo de la resistencia, las organizaciones no quisieron conducir políticamente ese triunfo”.
En ese sentido, esboza un mensaje a las nuevas generaciones: “Esta es una lucha larga, hay que sembrar”
En el corto plazo, la resistencia se concentró en la gran movilización nacional del 4 de febrero en defensa de la Ley de Glaciares, en la que Cornejo desplegó todo el aparato represivo y dejó un saldo de mas de 9 manifestantes detenidos por más de 24 horas y liberades por la presión social. A esa lucha hay que articularla contra la reforma laboral el 10 de febrero. El 22 de marzo (Día Mundial del Agua) y el 24 de marzo (Dina Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia), serán también fechas clave para ligar la defensa del agua con la memoria y la crisis climática.
A sus más de 15 años de militancia, Razuri mira a les jóvenes, mujeres y disidencias que hoy se suman a la lucha con un mensaje directo: “Esta es una lucha larga, que lleva muchos años. Las victorias no van a ser dentro de pocos semanas; es todo un entramado social en el que hay que construir”.
Y recurre a una metáfora que resume su esperanza estratégica: “Hay que sembrar, y vamos a ver florecer esas semillas. Nosotros en Mendoza tenemos compañeras que tenían 5 o 7 años cuando se sancionó la ley 7722 y hoy son las referentas del movimiento”.
Los datos le dan razón: “Casi el 90% de la lucha socioambiental es protagonizada por compañeras. Y hay gente muy joven con mucha voluntad y capacidad”.
Un recorrido militante que es espejo de las luchas socioambientales argentinas
La trayectoria de Arturo Razuri indica que no es la de un teórico o un observador distante, sino la de un militante cuya biografía se entrelaza con los hitos fundamentales de la resistencia por el agua y los bienes comunes en la Argentina del siglo XXI. Su compromiso se forjó en el territorio y se puede rastrear en una cronología que es, a la vez, personal y colectiva.
Su inicio en la militancia socioambiental se remonta al año 2011, cuando se sumó a la Asamblea Popular por el Agua en pleno conflicto contra el proyecto megaminero San Jorge en Mendoza. Al año siguiente, fue parte de la toma simbólica de la Legislatura provincial, una de las movilizaciones más masivas y significativas en la historia de la defensa del agua en esa provincia.
En 2014, participó en la defensa de la constitucionalidad de la emblemática Ley 7722 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La solidaridad con otras comunidades afectadas lo llevó, en 2015, a organizar y participar en caravanas para llevar agua embotellada a la localidad de Jáchal, San Juan, tras el catastrófico derrame de la mina Veladero.
Su activismo se amplió en 2017 a la lucha contra el fracking, promoviendo ordenanzas municipales restrictivas en diversos departamentos de Mendoza. La defensa de la 7722 en 2019, el intento de modificación impulsado por el entonces gobernador Rodolfo Suárez. Desde 2023 hasta la actualidad, su rol ha trascendido lo provincial para coordinar estrategias dentro de la resistencia nacional contra la modificación de la Ley de Glaciares.
“Creo que los pueblos tienen que reaccionar y entender que es un derecho como el derecho a la vida, como el derecho al trabajo”, afirma. Y esa defensa, concluye, es múltiple: “se defiende jurídicamente… y con movilización atrás. Se defiende organizando, mejorando el nivel organizativo de cada territorio”.
La defensa de los glaciares, no es solo una lucha ambiental. Es una lucha por la democracia, la soberanía y el derecho a decidir qué futuro queremos para millones de personas que dependen, cada día, del agua que nace en la cordillera.