Las comunidades huarpes de Lavalle alcanzaron un paso que definen como “histórico” en su largo recorrido por el reconocimiento territorial. Después de años de movilizaciones y resistencias, representantes de las comunidades fueron recibidos en Casa de Gobierno, donde firmaron junto al ministro de Gobierno, Natalio Mema, un documento que será presentado en el juicio de expropiación. El escrito busca destrabar un proceso judicial que lleva más de quince años paralizado y que es clave para cumplir con la Ley 6920, que establece la entrega de tierras a las comunidades originarias.
Nancy González, presidenta de la comunidad Juan Manuel Villegas de San José, recuerda que el camino hasta este logro comenzó a comienzos de año, cuando el gobernador presentó en la Legislatura un proyecto de modificación de la ley. La propuesta buscaba derogar ocho de sus artículos. “Fue un momento muy difícil —contó— porque nunca se nos consultó. No hubo consulta libre, previa e informada como corresponde a los pueblos originarios. Eso generó una reacción inmediata. Nos movilizamos, enviamos escritos al gobernador y a los legisladores, y dejamos en claro que íbamos a defender la ley porque es nuestra herramienta legal más importante”.
El intento de modificar la norma encendió la alerta en todo el pueblo huarpe. La posibilidad de que se desconociera una conquista obtenida tras décadas de lucha generó movilizaciones y reuniones urgentes. Según González, “tuvimos que explicar una y otra vez qué significa esta ley, por qué la defendemos y cuál es el trasfondo histórico. Hemos resistido y seguimos de pie. Esta ley nos protege, nos reconoce y garantiza que podamos vivir en paz”.
El abogado de las comunidades, Fidel Bustelo, jugó un rol central en este proceso. Ante las autoridades provinciales, presentó escritos y fundamentos que demostraban el alcance de la norma y la necesidad de avanzar en su cumplimiento. Gracias a esa insistencia, las comunidades lograron abrir una instancia de diálogo con el ministro de Gobierno y, finalmente, la firma de un documento que ahora será incorporado al expediente judicial. Ese escrito exige el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 6920, que ordena el traspaso de la titularidad de las tierras a la provincia para su posterior entrega a las comunidades.
“Lo que anhelamos —subraya González— es que ese traspaso se concrete en un lapso corto. Sabemos que ahora la pelota está en manos de la justicia, pero esperamos que la respuesta sea favorable. Si no lo es, seguiremos luchando. Porque lo que está en juego no es solo un papel: es el reconocimiento histórico, la posibilidad de vivir tranquilos y de no tener que estar pensando en que aparezcan supuestos dueños a alterar nuestra vida cotidiana”.
La jornada en Casa de Gobierno reunió a todos los presidentes de comunidades huarpes, al ministro Mema y al intendente de Lavalle, Edgardo González. Para las comunidades, el hecho de que el Estado provincial y municipio acompañen el proceso es una señal de fortaleza y de mayor respaldo. “Se han aunado fuerzas —explicó Nancy— y eso puede ayudar a que la causa avance más rápido”.
Por su parte, Ramón Tello, presidente de la comunidad huarpe José Andrés Díaz de San Miguel de los Sauces, describió la jornada con emoción: “Lo de hoy es un hecho prácticamente histórico. Durante mucho tiempo recurrimos a Casa de Gobierno manifestándonos, reclamando y exigiendo, y hoy fuimos recibidos para firmar un documento trabajado junto a nuestro abogado y las mismas comunidades. Lo que pedimos es que la justicia cumpla con la ley. Una ley se hace para cumplirse, y la justicia debe dar el ejemplo”.
El documento firmado contó con la participación de Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno y el propio ministerio, además del trabajo articulado con el representante legal de las comunidades. Según Tello, ese trabajo conjunto marca un antes y un después en el proceso: “Es conmovedor. Ojalá que la justicia de Mendoza cumpla con esta ley, porque es lo que corresponde. El acompañamiento del intendente también demuestra que no estamos solos en este reclamo”.
Aunque la firma del acuerdo no implica la resolución inmediata del juicio, las comunidades valoran el paso dado como un punto de inflexión. Tras años de reclamos, sienten que el Estado provincial comienza a reconocer su obligación de garantizar el derecho al territorio. “No podemos decir que estamos tranquilos del todo —advirtió González—, pero tampoco podemos negar que fue un avance importante. Ahora todo depende de la justicia, y de que realmente se concrete lo que establece la ley. La lucha sigue en pie, siempre”.
El recorrido de resistencia, las movilizaciones y la persistencia en la defensa de la Ley 6920 permitieron que hoy las comunidades huarpes puedan mirar hacia adelante con un horizonte más claro. El desafío ahora es transformar la firma de un documento en una resolución judicial que reconozca, de una vez por todas, que esas tierras pertenecen a quienes las habitan desde hace generaciones.
