El organismo depende del Congreso de la Nación y tiene la misión de proteger los derechos de las audiencias. La interventora colocada por el ejecutivo nacional, sin tener incumbencias al respecto, despidió a varios trabajadores y redujo la estructura de funcionamiento.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene la misión de promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. Recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados.
Por eso, promueve la participación y el debate y lleva adelante una tarea pedagógica para explicar en qué consiste el derecho a la comunicación, cómo ejercerlo y cómo reclamar si no es respetado. Además acompaña procesos de democratización de la comunicación a través de la capacitación de diferentes sectores, como el de los medios comunitarios.
En los últimos días la interventora Soher El Sukaria (abogada cordobesa militante del PRO, sin experiencia en el área) dispuso el despido del 60% del personal, cerrando direcciones y achicando agunas a departamentos.
“Lo que vinieron a hacer es, supuestamente, una auditoría, pero antes de terminar siquiera el informe, comenzaron a modificar el la normativa de la Defensoría en términos regresivos para posibilitar esto que vinieron a hacer: producir retiro voluntario de contratos dejando a disponibilidad casi en 65% de la planta” señaló Marcos Ocampo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en diálogo con el COMECUCO.
Los y las trabajadoras de la Defensoría son, para ser un organismo de alcance nacional, una planta chica de alrededor de 135 personas, “la verdad que en este momento la Defensoría está con riesgo de no poder funcionar por la reducción de personal” asegura Ocampo.
“Hacemos un llamado fuerte al Poder Legislativo, porque lo están avasallando también, ya que no se constituyó la Comisión Bicameral (que regula el organismo) y está tomando decisiones una persona que no tiene competencia para eso” exhortó el representante de ATE, respecto a la interventora.
Compartimos a continuación la entrevista completa a Marcos Ocampo:
“En el fondo que estamos hablando de la trama de los sectores de la comunicación y de las audiencias de radio y televisión y, en definitiva, de la ciudadanía, porque no es posible pensar es que se respeten los derechos humanos de la población, si no se garantiza una comunicación plural y libre” reflexionó, y sintetizó: “no podemos pensar a la comunicación con un carácter instrumental respecto de cualquier otro derecho, sin un debate público robusto, si no hay una pluralidad de voces, si no hay una participación efectiva y activa de toda la población y de toda la ciudadanía, es muy difícil que el debate público transite por canales que potencian el respeto de los derechos“.
La solidaridad de sectores democráticos
Diferentes organizaciones, sindicatos y grupos se solidarizaron con los y las trabajadores de la Defensoría del Público, entre ellos el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.