La Provincia busca modernizar la ley de residuos urbanos, pero cooperativas alertan sobre ambigüedades y desafíos en la gestión, la inclusión social y la participación de “grandes generadores”, las empresas que más residuos producen.
La Provincia de Mendoza presentó un proyecto de actualización de la ley de residuos urbanos, vigente desde 1992, con el objetivo de modernizar la gestión y fomentar la inclusión social de las cooperativas de recuperadores. Sin embargo, desde el sector que nuclea a los trabajadores de reciclaje advierten que la norma contiene conceptos ambiguos que requieren mayor debate.
Emanuel Tobal, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e integrante de la Federación Argentina de Cartoneros en Mendoza (FACCYR), explicó: “Nos toca analizarlo más desde el lado de las cooperativas y poner en valor el rol y la importancia del actor en todo este sistema y esta nueva propuesta que está generando la provincia. Hemos participado en conversatorios, pero hay conceptos que resultan ambiguos y es clave ahondar antes de que la ley avance en la Legislatura“.
Según Tobal, quien coordina la Cooperativa “Entre todos” de Palmira, San Martín, las cooperativas cumplen un rol fundamental en la gestión de residuos, pero enfrentan desafíos que la ley todavía no aborda: “Hoy en día el reciclado no es rentable. Mucha gente prefiere otras actividades antes que trabajar en el reciclado. Por eso es clave la coparticipación entre el Estado y las cooperativas, y también el rol del sector privado, los grandes generadores de residuos, para garantizar un sistema eficiente“.
En Mendoza, la situación de las cooperativas varía según el departamento. Tobal señaló que mientras algunos municipios cuentan con sistemas más organizados, otros enfrentan falencias:
“Nosotros trabajamos en San Martín, en la escombrera sobre la ruta 7. Proponemos un sistema ordenado, pero la coordinación con áreas municipales es deficiente. Esperamos que esta nueva ley agilice la administración de residuos y que los materiales recuperados tengan un fin social“.
Un tema central, pendiente en debates provinciales y nacionales, es la responsabilidad extendida al productor, un concepto que obliga a las empresas que generan residuos a asumir parte de la gestión: “esto es fundamental para el desarrollo de las cooperativas. Sin políticas públicas claras y acompañamiento del Estado, todo queda en simples palabras o normas bonitas que se pierden con el tiempo“
Se calcula que actualmente, en Mendoza existen alrededor de 500 a 700 recuperadores en el marco de las cooperativas, sin contar a quienes trabajan de manera independiente, que son otros tantos. Según las promesas oficiales, la ley propone actualizar un sistema que busca cerrar los basurales a cielo abierto, y crear centros verdes equipados, fomentando la recolección diferenciada y fortaleciendo la inclusión social. Esta última es la preocupación de las cooperativas.
Tobal remarcó además la caída de la rentabilidad en la actividad: “Antes, materiales como el PET o el cartón tenían un valor que hacía rentable el trabajo. Hoy, los precios están por el piso y debemos buscar nuevas alternativas de comercialización o acumular más material para no regalarlo. Sin acompañamiento público y privado, cada vez será más difícil sostener el reciclado“
La discusión legislativa continúa, mientras el sector social espera que la nueva ley no se quede solo en buenas intenciones y que los municipios y grandes empresas se comprometan en un sistema eficiente, inclusivo y sostenible.
Compartimos la entrevista completa de Tobal con “Entre mate y mate”: