Presentaron cuatro proyectos en Mendoza que apuntan a proteger glaciares, garantizar derechos y limitar demandas contra activistas y periodistas.
Dirigentes de distintos espacios políticos y sociales presentaron en la Legislatura de Mendoza y en concejos deliberantes un paquete de proyectos centrados en la defensa del agua, la protección de los glaciares y las garantías para la participación ciudadana. La iniciativa reúne a referentes de diversos sectores: Emanuel Fugazzotto, Dugar Chapel (Partido Verde) Flavia Manoni, Jorge Difonso, Gabriela Lizana (Provincias Unidas), Gerardo Vaquer, Félix González, Valentina Morán (Justicialismo), Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica) y Silvina Anfuso (Libres del Sur), entre otros y otras, y busca construir consensos en torno a una agenda ambiental común.
El planteo surge en un contexto que califican como crítico a nivel global y local. Según advirtieron, existe una creciente presión sobre las reservas de agua dulce y sobre quienes defienden el ambiente, en una provincia donde más del 95% del recurso hídrico proviene del deshielo.
En diálogo con «Entre mate y mate», el diputado provincial Emanuel Fugazzotto explicó el sentido político de la iniciativa y destacó el intento de construir acuerdos por fuera de la lógica de confrontación: “ante un camino de conflicto permanente que plantea el gobierno nacional, el camino de la unidad tiene que ser superior al conflicto”.
El legislador remarcó que la defensa del agua no es un tema sectorial, sino estructural: “afectar los glaciares y el agua termina perjudicando nuestra forma de vida, nuestra producción y nuestra industria”.
Cuatro proyectos con eje ambiental y democrático
El paquete presentado incluye cuatro iniciativas que combinan herramientas institucionales con demandas sociales.
Por un lado, se impulsa el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en Mendoza, mediante un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y Justicia sobre la existencia de protocolos para proteger a activistas ambientales. Este tratado internacional, vigente en Argentina, establece la obligación de garantizar un entorno seguro para quienes defienden el ambiente.
En segundo lugar, se promueve una declaración para que el Congreso nacional avance en una ley anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation o Demanda Estratégica Contra la Participación Pública), orientada a evitar demandas judiciales utilizadas para intimidar o silenciar voces críticas.
El tercer proyecto apunta a defender la Ley Nacional de Glaciares, ante posibles modificaciones que —según advierten— podrían habilitar actividades extractivas en zonas sensibles. En ese sentido, remarcan que cualquier discusión debe basarse en evidencia científica independiente.
Por último, a nivel provincial, se propone una ley anti-SLAPP que permita detectar y frenar demandas abusivas desde etapas tempranas, incorporando sanciones para quienes utilicen la justicia como mecanismo de hostigamiento.
“Un bozal legal” contra quienes opinan
Fugazzotto hizo especial hincapié en este último punto y explicó en términos concretos el problema que buscan abordar: “hay causas judiciales que no persiguen reparar un daño, sino poner un bozal legal a quienes expresan o investigan”.
El diputado señaló que este tipo de herramientas no solo afectan a activistas, sino también a periodistas, y advirtió que suelen ser impulsadas por grandes actores económicos: “muchas veces son empresas las que generan causas para silenciar voces opositoras”.
En ese marco, sostuvo que es necesario dotar a la justicia de instrumentos que permitan distinguir entre reclamos legítimos y estrategias de intimidación.
Escazú, protesta y criminalización
Otro de los ejes centrales es la relación entre el Acuerdo de Escazú y la situación local. Según planteó Fugazzotto, en Mendoza existe un escenario preocupante de criminalización de la protesta ambiental. “Mendoza se ha transformado en la provincia con mayor criminalización de la protesta ambiental”, afirmó, y señaló que hay al menos 35 personas procesadas por participar en manifestaciones.
En ese sentido, cuestionó el accionar estatal frente a los conflictos socioambientales y reclamó mayor transparencia en los protocolos de actuación: “queremos saber cuál es el protocolo que tiene la policía para garantizar los derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú”.
El rol de los municipios y la construcción de consensos
La estrategia también incluye la presentación de iniciativas en concejos deliberantes, con el objetivo de territorializar el debate y fortalecer el rol de los municipios.
Para Fugazzotto, estos espacios son clave porque constituyen el primer nivel de representación ciudadana: “son el primer frente donde los problemas llegan al Estado y donde se puede reconstruir la confianza”.
Finalmente, el legislador reconoció las dificultades para avanzar en la Legislatura, donde el oficialismo cuenta con mayoría, pero planteó que el desafío es construir una alternativa política desde acuerdos programáticos: “no sirve juntar el agua con el aceite, hay que construir desde las coincidencias y pensar soluciones colectivas”.
Con este paquete de proyectos, la oposición busca instalar el debate sobre el modelo de desarrollo en Mendoza, en un escenario atravesado por la crisis hídrica global y las tensiones en torno al uso de los bienes comunes.
Compartimos la entrevista completa con Emanuel Fugazzotto: