La reforma modifica criterios para el uso de armas por parte de la Policía. El oficialismo habla de mayor claridad jurídica, mientras la oposición denuncia ambigüedades y posible retroceso en controles.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó modificaciones a la Ley 6722, que regula el accionar de la Policía provincial y el uso de armas de fuego. El proyecto, impulsado por legisladores cercanos al oficialismo, obtuvo 26 votos afirmativos y 6 negativos y ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para completar su trámite legislativo.
Según el oficialismo, la iniciativa busca actualizar el protocolo de uso de la fuerza y ampliar los supuestos de actuación policial ante situaciones de peligro inminente, además de brindar mayor seguridad jurídica a los efectivos.
El senador David Sáez, miembro informante del proyecto, explicó durante la sesión que la reforma redefine el concepto de “peligro inminente” y establece con mayor precisión cuándo puede utilizarse el arma reglamentaria, por ejemplo para impedir la fuga de una persona que represente ese riesgo o para resguardar establecimientos de detención.
También incorpora el artículo 322 bis, que habilita la convocatoria de policías retirados “altamente calificados” para cumplir funciones específicas dentro de la fuerza. Según se explicó en el debate, estos efectivos podrían percibir hasta el 100% de la asignación de su grado al momento del retiro si desempeñan tareas directivas.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca “armonizar” la normativa provincial con el reglamento aprobado en 2024 para las fuerzas federales y otorgar mayor claridad normativa al accionar policial.
Cuestionamientos de la oposición
El bloque del Partido Justicialista votó en contra del proyecto y expresó fuertes críticas a la iniciativa. En un comunicado difundido tras la sesión, advirtieron que la reforma “introduce ambigüedades que pueden generar mayor inseguridad jurídica tanto para la ciudadanía como para los propios efectivos”.
Entre los principales cuestionamientos señalaron que el texto replica casi de forma literal una resolución ministerial nacional. “Se está convirtiendo en ley provincial lo que en Nación es apenas una resolución administrativa”, afirmaron.
También cuestionaron la ampliación de los supuestos para el uso de armas de fuego y la redefinición del concepto de “peligro inminente”, que a su entender introduce expresiones abiertas y subjetivas.
Otro de los puntos más discutidos fue la incorporación del artículo 8 bis, que impediría aplicar sanciones administrativas a policías cuyo accionar parezca ajustado al protocolo hasta que exista una sentencia judicial firme. Para el justicialismo, esta disposición debilita el control civil sobre la fuerza policial.
“Genera ambigüedad y no da seguridad jurídica”
La senadora provincial Adriana Cano, del Partido Justicialista, cuestionó tanto el contenido del proyecto como su origen legislativo. “Nos pareció raro que no fuera enviado por el Ejecutivo de la provincia, sino presentado por legisladores cercanos al oficialismo. Ahí hay un vacío en cuanto a la responsabilidad política de las consecuencias que va a traer esta ley”, señaló.
Según Cano, la reforma no aporta mayor claridad jurídica: “Creemos que es una ley que, por el contrario, en vez de brindar seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como incluso a los efectivos policiales, lo que genera es una ambigüedad total respecto a cuál es el tipo penal”.
La legisladora también sostuvo que el proyecto reproduce criterios establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich. “Fue un copia y pega de una resolución ministerial. Una decisión política muy rara, más pensada para quedar bien con el discurso y el eslogan político que para discutir profundamente temas como el uso de la fuerza pública”, afirmó.
Debate sobre controles y derechos
Otro de los aspectos más criticados por la senadora fue la limitación al accionar de la Inspección General de Seguridad, organismo encargado de controlar a la Policía. “Determinar que la Inspección General de Seguridad tenga que abstenerse de investigar a los policías en estos casos es sacar el control civil que hoy existe sobre la fuerza”, advirtió.
En ese sentido, consideró que la modificación implica un retroceso institucional. “Mendoza está retrocediendo anormalmente en la cuestión de calidad legislativa e institucional”, afirmó. Cano también vinculó la discusión con el impacto que podría tener en sectores más vulnerables. Según señaló, los conflictos suelen darse en contextos de movilizaciones sociales o en barrios populares.
“La desprotección que van a tener (los barrios populares) y la protección excesiva que va a tener la fuerza de seguridad frente a estas situaciones nos parece de una gravedad absoluta”, sostuvo.
Compartimos la entrevista completa:
Posibles consecuencias judiciales
La senadora adelantó además que la norma podría ser cuestionada judicialmente una vez sancionada definitivamente. “En el caso de que sea aplicada, caso por caso tendrá que discutirse la inconstitucionalidad de la misma”, indicó.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene que la reforma apunta a fortalecer el accionar policial dentro de parámetros legales más claros, en un contexto donde la seguridad pública se mantiene como uno de los temas centrales del debate político en la provincia.