La Cámara de Diputados dió media sanción al acuerdo que habilita a la Provincia a ejecutar obras en tramos claves de algunas de las rutas nacionales que surcan territorio mendocino. El convenio habilita al Gobierno provincial a financiar y gestionar y la oposición advierte sobre ilegalidad, el cobro de peajes y pérdida de autonomía financiera.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó esta semana, con 28 votos afirmativos, el proyecto que ratifica el convenio entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad, a través del cual Mendoza se hará cargo de obras, mantenimiento y conservación de tramos clave de rutas nacionales en su territorio. La medida fue respaldada por el oficialismo y sus aliados, mientras que 12 legisladores de distintos bloques opositores votaron en contra, 2 se abstuvieron y hubo 5 ausencias.
El acuerdo (formalizado en el Decreto N° 1165) contempla la intervención sobre más de 200 kilómetros de las rutas nacionales 7, 40 y 143. Entre los tramos incluidos figura el sector inconcluso de la Ruta 40 hacia el norte, desde la rotonda del avión hasta el ingreso a Lavalle, cuya obra se encuentra con más de un 50% pendiente.
Además de habilitar a la Provincia a contratar por gestión directa o concesión (bajo legislación provincial), el convenio incluye la posibilidad de implementar peaje para financiar las obras, previa gestión ante el Poder Ejecutivo Nacional. También establece la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental y fija un plazo de vigencia de 36 meses, prorrogables.
Las posturas: urgencia vs. legalidad
Durante el tratamiento en la Legislatura, el oficialismo defendió la iniciativa como una decisión pragmática ante la parálisis de las obras viales nacionales. “Son rutas postergadas por décadas, con puentes caídos y calzadas deterioradas. El gobernador Cornejo decidió avanzar con una mirada de largo plazo. El mecanismo de ‘resarcimiento con repago’ permitirá recuperar la inversión”, explicó la diputada provincial Elisabeth Crescitelli en diálogo Tierra Campesina.
La legisladora aseguró que el cobro de peaje no será inmediato ni generalizado: “No se aplicará hasta que las obras estén terminadas y se contemplarán tarifas diferenciadas o exenciones para viajeros frecuentes, estudiantes, trabajadores y otras situaciones especiales”.
Compartimos las palabras de la diputada radical:
En contrapartida, sectores de la oposición rechazaron el convenio por considerar que transfiere una competencia nacional a la órbita provincial sin garantía de reembolso. También cuestionaron la legalidad del acuerdo, por contradecir leyes nacionales de tránsito y obras públicas.
“Esto es un disparate jurídico. La Nación es la responsable de las rutas nacionales. Para eso se cobra un impuesto del 28,8% en cada litro de nafta. La plata está, lo que falta es voluntad política”, sostuvo el diputado provincial José Luis Ramón, quien además denunció el uso del fideicomiso de Portezuelo del Viento (originalmente destinado a obras hídricas) para financiar obras viales sin respaldo normativo.
Según Ramón, el posible cobro de peaje representa una doble carga para los mendocinos: “Ya estamos pagando por estas rutas en el surtidor. Ahora nos quieren cobrar otra vez con peaje. Hablan de excepciones, pero no hay ninguna garantía. Esto va a generar conflictos judiciales y un fuerte rechazo social”.
A continuación las palabras de Ramón en diálogo con “Entre mate y mate”:
Un debate que sigue
La media sanción en Diputados deberá ser tratada ahora en el Senado provincial. Mientras tanto, el proyecto reavivó el debate sobre el financiamiento de la infraestructura nacional, la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias, y el impacto directo en la ciudadanía, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y caída de la obra pública nacional.