El ex diputado José Luis Ramón defendió con firmeza la vigencia de la Ley de Zona Fría y cuestionó los intentos del Gobierno nacional de modificar el régimen que beneficia a millones de usuarios de gas en regiones con bajas temperaturas. En una entrevista radial, el abogado mendocino aclaró que el sistema “no es un subsidio”, sino “un fondo que se forma con un aporte que hacemos todos los meses los usuarios de gas de toda la Argentina”.
Ramón, uno de los principales impulsores de la normativa sancionada en 2021, sostuvo que existe una “campaña” para instalar la idea de que el beneficio representa un gasto del Estado. “No es recaudación de impuestos ni mucho menos, sino que con ese fondo se logra descontar del valor de la factura a aquellos que vivimos en la zona patagónica y en la zona fría”, explicó.
El ex legislador remarcó que el objetivo de la ley es equilibrar las desigualdades entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias donde el invierno es más extenso y riguroso. “En el norte de Buenos Aires el rigor del invierno dura solamente un mes, mientras que en toda la zona fría dura tres meses”, señaló.
En ese sentido, defendió el mecanismo solidario de financiamiento: “Todos los usuarios de gas pagan un porcentaje de su boleta para este fondo. Nadie nos está regalando nada, la estamos poniendo nosotros”. Además, recordó que el descuento alcanza el 30% para la mayoría de los usuarios y llega al 50% en hogares vulnerables, jubilados, excombatientes de Malvinas y desocupados.
Ramón advirtió que desde la llegada de Javier Milei hubo “cuatro intentos” de avanzar sobre el régimen. “Le mandamos una carta documento al presidente y al ministro de Economía para decirles: ‘No se metan con esta guita, porque es nuestra’”, afirmó.
También apuntó contra dirigentes mendocinos alineados con el gobernador Alfredo Cornejo y cuestionó especialmente al diputado nacional Alejandro Nieri. “Cuando dicen que bancan la ley es mentira. El gobierno de Mendoza no banca la Ley de Zona Fría”, aseguró.
Finalmente, alertó sobre el impacto económico que tendría una eventual eliminación del beneficio. “Una factura de 50 mil pesos hoy pagamos 25 mil. Si esto avanza, nos iríamos a pagar 50 mil otra vez”, expresó. Y llamó a la movilización social para defender la norma: “Hay que desempolvar la frazada y salir a la calle, porque esto es un tema importante para las familias trabajadoras”.
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