La nueva normativa provincial sobre residuos promete mejoras, pero deja abiertas incógnitas sobre financiamiento, inclusión de cooperativas y desafíos particulares de departamentos alejados como Lavalle.
La provincia de Mendoza discute una nueva ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Con media sanción legislativa, aparece como un avance respecto a la normativa vigente desde hace 30 años. Sin embargo, desde los municipios del interior surgen miradas críticas que ponen en evidencia desafíos aún pendientes.
“Es realmente una ley superadora de la anterior, sobre todo porque incorpora la economía circular y el reciclado, que antes no estaban contemplados”, valoró Nancy Griffone, Directora de Ambiente de Lavalle. Aun así, advirtió que el proceso de debate no fue tan abierto como se presentó: “Sólo hubo dos reuniones, y una de ellas fue básicamente para leer el proyecto. No fue tan participativo el proceso”.
Lavalle, con un territorio extenso y baja generación de residuos, enfrenta un escenario distinto al de los grandes centros urbanos. “Nuestro problema no es solamente la extensión del departamento, que nos dificulta muchísimo, sino también los costos de operación de esa gestión”, explicó Griffone. Por eso, el financiamiento aparece como un punto clave y todavía poco claro en la ley. “Lo que hace es delegarles más responsabilidades a los municipios, pero sin las partidas correspondientes de presupuesto, lo que agravaría más aún la situación”, señaló.
La funcionaria también puso el foco en la situación de las cooperativas de recuperadores, que hoy sostienen gran parte del reciclado en la provincia. “Evidentemente no van a llegar a la tecnificación que plantea la ley, y tampoco van a llegar los municipios más pequeños”, advirtió. Desde distintos sectores, como las cooperativas de recuperadores, se viene alertando sobre estas ambigüedades: si no hay un esquema claro de apoyo, podrían quedar marginadas del sistema formal.
Otro de los puntos de debate son los consorcios. La ley abre la posibilidad de armar estructuras regionales de gestión, algo que ya funciona con buenos resultados en otros departamentos: “En el Valle de Uco funciona muy bien, pero no es aplicable a todos los lugares por igual”, opinó Griffone. En el Gran Mendoza, por ejemplo, pensar en un único relleno sanitario para siete municipios podría reproducir los problemas actuales: “Hoy tenemos un solo lugar aprobado para la disposición final, que le queda muy lejos a muchos departamentos, y eso hace que proliferen los basurales a cielo abierto”.
Con la media sanción ya obtenida, lo que se defina en la reglamentación será determinante. “Podríamos elaborar un reglamento mucho más específico y con reglas claras, siempre y cuando el Ejecutivo provincial le dé espacio a municipios y cooperativas para incluir esa parte”, planteó Griffone. Y cerró con una advertencia: “Si lo van a hacer de la misma manera en la que se ha realizado esta ley, diciendo que fue participativa cuando en realidad sólo hubo dos reuniones, la verdad es que no vamos a poder hacer mucho”.
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