El Estado de Israel sancionó una ley de pena de muerte aplicable únicamente a palestinos. La decisión parlamentaria concitó el lógico rechazo de las más reconocidas organizaciones de Derechos Humanos.
En este archivo puede leerse el documento de Amnesty Internacional, y para intruducirlo en español compartimos el siguiente resumen:
En los últimos meses, la Knesset israelí ha estado debatiendo medidas legislativas propuestas para ampliar el alcance de la pena de muerte y reactivar su aplicación en Israel y en los territorios palestinos ocupados. Las propuestas permitirían cometer múltiples violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho consuetudinario y el derecho internacional humanitario, y afianzarían aún más el sistema de apartheid de Israel al introducir disposiciones adicionales diseñadas para ser utilizadas de forma selectiva contra los palestinos. Amnistía Internacional insta a las autoridades de Israel a que abandonen inmediatamente todos los planes de adoptar las medidas propuestas y, en su lugar, deroguen por completo la pena de muerte.
El rechazo a la pena de muerte como sanción penal es norma entre quienes trabajan en la materia. Se la considera una rémora que no tiene justificación cuando se asume la convivencia en una sociedad civilizada regida por la ley. Pero esto no es lo más grave de la medida. Se consagra legalmente el apartheid que rige de hecho en territorio palestino-israelí. La palabra apartheid, además de ser una evidencia de la realidad, está señalada en el documento de Amnesty.
El genocidio que arrojó un saldo aún indeterminado de asesinatos de civiles porque hay cuerpos que literalmente se evaporaron por los explosivos térmicos de Israel, que incluye al menos 20.000 niños, los desplazamientos forzados, el bloqueo y la emergencia humanitaria por hambre causada por el bloqueo a Gaza, se continúa hoy con el desplazamiento forzado de 1.000.000 de personas en el sur del Líbano, con continuos crímenes de guerra, asesinato de civiles, por fuera del derecho internacional y, en territorio palestino, con verdaderos grupos de tareas de “colonos” que atacan cotidianamente, cual progromos, las viviendas de familias ancestrales del lugar; todo ello constituye el marco para explicar la aberración legal que comentamos.
Estos hechos son conocidos por quien quiera conocerlos, la ley da un salto “de calidad”. Si la discriminación, el hostigamiento sistemático a palestinos, se impone de hecho, ahora la persecución selectiva se legaliza.
Las ultraderechas en el gobierno intentan naturalizar una supuesta superioridad étnica, religiosa, cultural o ideológica que se consagra en esta legislación. Urge denunciarla.
La fraternidad, la hermandad, la igualdad entre hombres, entre mujeres, entre pueblos de todo el planeta, es la base de cualquier régimen fundado en el derecho que tenga aspiraciones de legitimidad.
Como sostiene el filósofo francés Jacques Rancière, no hay que demostrar que somos iguales, somos iguales, a partir de ahí discutimos todo lo demás, entre iguales, mirándonos de frente.