La situación de las personas con discapacidad y de jubilados y jubiladas en Argentina se ha agravado tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, moratoria previsional y aumento de haberes jubilatorios.
Estos proyectos, aprobados por mayoría en diputados y por unanimidad en el Senado, buscaban paliar la crítica situación en los diversos sectores. El veto, publicado en el Boletín Oficial esta semana, ha generado una profunda crisis y enojo.
La situación de las personas con discapacidad en Argentina ha alcanzado un punto crítico. El 90% no accede a un empleo formal y el sistema de prestaciones básicas se encuentra en deterioro con la falta de actualización de aranceles para quienes prestan servicios a este colectivo desde 2024. Esta situación, denunciada por las organizaciones y espacios de discapacidad de Mendoza y San Juan pretende que Diputados y Diputadas de la Nación defiendan el proyecto de ley de emergencia en discapacidad y rechacen el veto presidencial.
En Mendoza, el Observatorio de Discapacidad viene denunciando que el sector sufre constantemente los ataques del Gobierno Nacional respecto a las pensiones no contributivas, la falta de actualización de los aranceles para quienes prestan servicios a personas con discapacidad desde 2024 ha deteriorado el sistema de prestaciones básicas. Mónica Bascuñan, del Observatorio de Discapacidad, explica, en diálogo con Tierra Campesina, que esta situación pone en riesgo la calidad y cantidad de terapias, rehabilitaciones y prestaciones, ya que los trabajadores no pueden cubrir sus necesidades básicas. Los aumentos otorgados en 2024 fueron “paupérrimos”, muy por debajo de la inflación y la canasta básica.
Por su parte, Erica Godoy, Presidenta de la Asociación Autismo San Juan calificó, entrevistada por La Lechuza, a este nuevo veto como “el veto del dolor” al mencionar que la vida de sus hijos y de las personas con discapacidad en general. En la provincia son mas de 20 familias que se han quedado sin terapias, estas personas estaban incluidas dentro del programa Incluir Salud que en actualidad presenta grandes dificultades en la garantía de derechos a sus prestadores.
El gobierno argumenta un desequilibrio fiscal, pero Bascuñan lo desmiente, afirmando que el presupuesto solicitado representa solo el 0.01% del PBI. La ley vuelve a Diputados para su reconsideración, necesitando una mayoría de dos tercios para superar el veto. La preocupación se centra en la posibilidad de que algunos diputados, especialmente los radicales de Salta, que modificaron el proyecto inicialmente, retiren su apoyo. Bascuñan advierte que se está “especulando con la vida y la calidad de vida de las personas con discapacidad”.
El Observatorio convoca a una manifestación el miércoles a las 11:00 en la Plaza San Martín, en Mendoza, junto a jubilados y otros sectores afectados, para presionar a los diputados nacionales y exigirles responsabilidad en la votación del veto. Bascuñan enfatiza que se está “especulando con la vida y la calidad de vida de las personas con discapacidad”, y llama a la responsabilidad de los legisladores, recordando que el sector de la discapacidad también vota. La presión sobre los diputados para que no retrocedan en su apoyo a la ley de emergencia es crucial para asegurar la supervivencia y la calidad de vida de miles de personas.