La especialista en gestión de políticas sociales analizó las transformaciones impulsadas por el gobierno nacional. Asegura que el desmantelamiento del sistema de asistencia “no tiene precedentes” y advierte sobre las consecuencias del retiro del Estado.
Las políticas sociales atraviesan uno de los cambios más profundos desde la recuperación democrática. Así lo sostiene Pilar Arcidiácono, doctora en Ciencias Sociales, investigadora especializada en gestión de políticas sociales y profesora de la Universidad de Buenos Aires, quien analizó el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei y aseguró que la transformación “no tiene antecedentes” en la historia reciente del país.
En una entrevista con «Estamos a favor» al aire de La Lechuza, Arcidiácono sostuvo que la discusión ya no gira únicamente en torno a la eficiencia del Estado o la forma en que administra los recursos públicos, sino sobre un cuestionamiento mucho más profundo: la propia legitimidad de la intervención estatal frente a los problemas sociales. “Lo que vimos desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza es una transformación que no tiene precedentes. Por momentos estamos tentados de compararla con los años noventa o con el gobierno de Cambiemos, pero el nivel de transformación del Estado y particularmente de la política social es algo totalmente inédito.”
Para la especialista, la principal ruptura consiste en que el actual gobierno ya no plantea mejorar el funcionamiento del Estado sino reducirlo al mínimo posible. “No se trata solamente de decir que el Estado funciona mal o que es ineficiente. Eso es un discurso que escuchamos desde hace muchos años. Lo inédito es cuestionar que el Estado deba intervenir en la gestión de los problemas sociales.”
Del Ministerio de Desarrollo Social a una estructura mínima
Arcidiácono explicó que una de las primeras decisiones del gobierno fue la creación del Ministerio de Capital Humano, que absorbió distintas áreas del Estado y redujo considerablemente lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social. Según describió, el proceso tuvo distintas formas: reducción presupuestaria, licuación de programas, eliminación de estructuras y transformación de políticas hasta volverlas prácticamente inexistentes.
“Lo que conocíamos como Ministerio de Desarrollo quedó reducido prácticamente a su mínima expresión. Muchas de las políticas vinculadas a alimentación, economía social, desarrollo territorial y programas urbanos fueron desapareciendo o achicándose de manera muy acelerada.”
La investigadora definió este proceso como un “desmantelamiento institucional”, una categoría utilizada por quienes estudian las políticas públicas para describir el retiro deliberado del Estado de determinadas áreas de intervención.
El fin de una concepción colectiva de la política social
Uno de los cambios que más preocupa a Arcidiácono es la desaparición del enfoque de economía social que durante años acompañó a las transferencias de ingresos. Recordó que programas como Potenciar Trabajo buscaban vincular la asistencia económica con cooperativas, emprendimientos productivos y organizaciones territoriales. “Había una impronta colectiva. La transferencia individual viajaba acompañada por un proyecto comunitario que derramaba en el territorio.”
Aunque reconoció que esos programas tuvieron dificultades y problemas de implementación, remarcó que existía una concepción distinta sobre el papel de las políticas públicas. Hoy, en cambio, observa un modelo centrado exclusivamente en la transferencia individual de ingresos, con montos mínimos y un fuerte discurso sobre la capacitación individual. “Ahora la versión es mínimo dinero, mínima política y un enfoque capacitador. La idea es que el problema es la falta de capital humano de las personas.”
Los planes sociales y una discusión atravesada por prejuicios
Durante la entrevista, Arcidiácono repasó más de dos décadas de investigación sobre programas sociales, desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar de 2002 hasta la actualidad. Explicó que uno de los primeros cambios del gobierno fue cerrar el ingreso de nuevos beneficiarios y congelar los montos.
“Si vos cerrás el ingreso a un programa, con el tiempo ese programa se va muriendo. Si además dejás congelado un monto mientras hay inflación, ocurre exactamente lo mismo.”
También cuestionó la idea, muy extendida en parte de la sociedad, de que quienes reciben asistencia estatal viven exclusivamente de los planes sociales. “Los informes muestran desde hace muchos años que las personas no viven de los planes. Siempre combinaron esa transferencia con changas, trabajos informales o distintas estrategias de supervivencia.”
Según explicó, nunca existieron programas cuyos montos permitieran sostener por sí solos a una familia. “Eso forma parte del imaginario público, pero no coincide con la evidencia empírica.”
La “vagancia” como argumento histórico
La especialista sostuvo que la acusación de que los planes fomentan la “vagancia” atraviesa las discusiones sobre política social desde hace décadas y no es exclusiva del gobierno actual. A su entender, ese debate está profundamente ligado a la identidad histórica de una sociedad construida alrededor del trabajo asalariado formal. “Cualquier ingreso que venga por fuera del empleo genera sospechas morales.”
Por esa razón, recordó que distintos gobiernos incorporaron contraprestaciones, capacitaciones, controles sanitarios o educativos y otras exigencias para justificar las transferencias. “Siempre hubo intentos de demostrar que la plata no se entregaba sin ninguna condición.”
El debate sobre los intermediarios
Uno de los ejes centrales de la conversación giró alrededor de los llamados “intermediarios”, concepto utilizado por el gobierno para justificar la eliminación del vínculo entre organizaciones sociales y beneficiarios.
Arcidiácono señaló que el fenómeno es mucho más complejo. “Hay un supuesto muy instalado según el cual el Estado debería relacionarse directamente con las personas, sin mediaciones. Pero cuando investigamos cómo funcionan realmente las políticas públicas descubrimos que intermediarios hay muchísimos.”
Enumeró gestores, familiares que ayudan a realizar trámites, empleados públicos que orientan a los ciudadanos e incluso plataformas digitales como formas de intermediación. Por eso considera que el problema no es la existencia de intermediarios sino cuáles son los que reciben cuestionamientos. “Cuando hablamos de sectores populares aparece una sospecha que no aparece en otros casos. Técnicamente eso es un sesgo de clase.”
Incluso recordó que actores históricos como Cáritas o las iglesias evangélicas también cumplen funciones de intermediación en las políticas sociales, aunque rara vez son objeto del mismo nivel de cuestionamiento.
El avance del individualismo
Para Arcidiácono, el verdadero cambio de paradigma consiste en reemplazar la dimensión colectiva por una lógica estrictamente individual. “Todo aquello que tenía una impronta comunitaria desaparece. Lo que permanece son las transferencias individuales que administra ANSES.”
En ese esquema, sostuvo, los problemas dejan de ser sociales para convertirse en cuestiones individuales o familiares.
“La responsabilidad se traslada a las familias. El discurso es que los problemas son familiares y que cada uno debe resolverlos.”
¿Qué pasa cuando el Estado se retira?
La investigadora aseguró que una de las principales preguntas que hoy intentan responder quienes estudian políticas sociales es qué ocurre cuando el Estado deja de ocupar determinados espacios. “La pregunta no es solamente qué deja de hacer el Estado. La pregunta es quién ocupa ese lugar.”
En ese sentido, mencionó fenómenos que comienzan a observarse con fuerza en distintos territorios.
“Estamos viendo niveles muy altos de endeudamiento de las familias. También aparecen otros actores vinculados al narcomenudeo ocupando lugares que antes estaban asociados a la política social.”
Un deterioro mayor que el de los años noventa
Aunque muchas veces el proceso actual es comparado con las reformas neoliberales de los años noventa, Arcidiácono considera que existen diferencias importantes. “El nivel de destrucción es muchísimo mayor.”
Recordó que durante aquella década se crearon instituciones como ANSES y otros organismos que luego fueron fundamentales para la expansión de políticas sociales durante los años posteriores. Además, destacó que tras la crisis de 2001 existió un fuerte proceso de recuperación económica y del empleo.
Hoy, en cambio, observa un escenario mucho más complejo.
“Lo que hay que reconstruir es enorme: pobreza, informalidad, empleo, programas que funcionaban muy bien, políticas de salud sexual, prevención del embarazo adolescente y muchas otras herramientas que fueron desmanteladas.”
Un Estado cuestionado y una sociedad con malestar
Arcidiácono también reflexionó sobre el apoyo electoral que obtuvo Javier Milei y llamó a no simplificar la explicación. Según indicó, distintas investigaciones muestran que muchos de sus votantes no necesariamente comparten una visión antiestatista tan extrema como la del propio gobierno.
Lo que sí existía era un fuerte malestar acumulado con el funcionamiento del Estado. “Hace mucho tiempo que las investigaciones muestran que, aun cuando el Estado se expandía, también crecían los malestares con el propio Estado. La experiencia cotidiana de muchas personas era negativa.”
Para la especialista, ese descontento fue aprovechado por el oficialismo para impulsar una transformación estructural cuyo alcance todavía está comenzando a medirse. Mientras tanto, concluye, la pregunta central sigue abierta.
“Cuando el Estado se corre de donde estaba, alguien ocupa ese lugar. El desafío es entender quiénes lo hacen y cuáles serán las consecuencias de ese reemplazo.”