La medida judicial cuestiona el artículo 30 del Presupuesto 2026, que elimina el piso de financiamiento de la Educación Técnico Profesional y es señalado como inconstitucional por vulnerar el derecho a la educación.
Organizaciones, familias y referentes vinculados a la Educación Técnico Profesional presentaron una medida cautelar de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de frenar la aplicación del artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, promulgada el pasado 2 de enero.
Según advierten, ese artículo deroga el piso de financiamiento y el criterio de distribución equitativa establecidos por la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), lo que representa un retroceso inédito desde la sanción de esa norma. “Desde la creación de la ley no se había visto un ataque de esta magnitud contra la educación técnica en nuestro país”, señalan.
El planteo judicial sostiene que una ley de presupuesto, por su carácter anual, no puede derogar leyes estructurales ni derechos consolidados, como los garantizados por la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En ese sentido, se denuncia un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano.
Además, el amparo remarca que el recorte afecta de manera directa el derecho constitucional a la educación, consagrado tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales con jerarquía constitucional. “Eliminar los pisos legales de inversión vacía de contenido real ese derecho y lo transforma en una promesa formal sin sustento material”, argumentan.
Otro de los ejes centrales del reclamo es la violación del principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. El artículo 30 elimina garantías ya consolidadas y desanda políticas públicas construidas durante décadas, sin que exista una justificación excepcional que lo habilite.
El escrito también advierte sobre el carácter irrazonable y discriminatorio de la medida. La eliminación del financiamiento golpea con mayor fuerza a estudiantes de familias trabajadoras, mientras quienes cuentan con recursos pueden acceder a educación privada, profundizando la desigualdad y vulnerando el principio de igualdad real de oportunidades.
En ese marco, se subraya que la educación es un derecho en desarrollo, cuyas trayectorias no pueden interrumpirse sin generar daños irreparables. Aun cuando una declaración de inconstitucionalidad llegara más adelante, el perjuicio ya estaría consumado, por lo que permitir la aplicación de la norma tornaría ilusoria la tutela judicial efectiva.
El contexto presupuestario agrava el escenario. De acuerdo al planteo, el recorte acumulado en educación técnica alcanza el 93% en el Presupuesto 2026 respecto de valores equivalentes a 2023: se asignan apenas 11 mil millones de pesos, muy lejos de los 322 mil millones que corresponderían al 0,2% previsto por la ley. A esto se suma que Argentina presenta hoy un promedio de titularización docente del 17%, cuando en países industrializados ronda el 30%.
“Este desfinanciamiento expresa una decisión política clara: no apostar a la producción nacional ni a la formación de técnicos y técnicas”, concluye el comunicado, que alerta sobre el impacto estructural que estas medidas tendrán en el desarrollo del país.
A continuación el texto completo del amparo presentado: