Mientras el Gobierno provincial intenta “lavar” la imagen de la minería, crecen las denuncias por doble vara: controles duros en Lavalle y privilegios, recursos públicos e impunidad para el proyecto San Jorge en Uspallata.
Día por medio el Gobierno de la Provincia publica alguna nota que promociona la actividad minera en Mendoza. Capacitaciones, actividades educativas, monitoreos y, muchas veces, sanciones mostradas como “logros” de la Policía Ambiental Minera.
Compartimos algunos de los últimos títulos publicados:
- “La Autoridad Ambiental Minera realizó una inspección técnica al proyecto El Seguro en Malargüe”.
- “Minería y productores ladrilleros continúan el trabajo conjunto para el ordenamiento progresivo del sector”.
- “La Policía Ambiental Minera detectó incumplimientos en una planta de Godoy Cruz y avanzará con sanciones”.
- “Finalizó con gran participación la convocatoria del Ciclo + Capacidad Local para fortalecer la cadena minera”.
- “La Policía Ambiental Minera realizó controles de Guía de Tránsito de Minerales en plantas de beneficio”.
- “La actividad minera, presente en la Fiesta Nacional del Chivo con una carpa de perfil educativo e informativo”.
- “La Policía Ambiental Minera cerró el 2025 con 570 inspecciones y 63 ceses de actividad”.
Ninguna de estas noticias está vinculada directamente al proyecto minero San Jorge, en Uspallata, naciente de la cuenca que irriga y abastece al departamento de Lavalle. Porque en San Jorge está el ojo de la tormenta, esa espina que el pueblo de Uspallata no piensa dejar de sostener en el pie (o en el poto) de Alfredo Cornejo y su equipo.
Pero es necesario “lavar” la imagen de la minería y, por eso, se publican con bombos y platillos estos titulares (algunos pocos de las últimas semanas) que aquí compartimos. Cornejo necesita terminar de “vender” la minería como progreso. Demostrado está en San Juan y Catamarca como provincias minera de larga data, que no genera trabajo y si contaminación.
Suspensión de la ripiera en Lavalle: ¿aleccionamiento a quien defiende el agua?
El viernes de la semana pasada, una inspección de la Policía Ambiental Minera terminó en la suspensión de la actividad de la ripiera en la que se abastece el municipio para los áridos de la obra pública. La misma está ubicada al oeste de la Ruta Nacional 40, cerca de lo que se conoce como el cruce de Tres de Mayo, a unos 8 kilómetros de la arteria nacional.
Según pudimos averiguar, el motivo de la suspensión tuvo que ver con las medidas de seguridad del personal, ya que no contaban, según la reglamentación, con la indumentaria ni el calzado adecuados. La medida tomada por el organismo provincial se mantiene hasta que la comuna regularice la situación. Cabe aclarar que no se realizó ningún tipo de confiscación de maquinaria, como circuló en algunos audios anónimos de WhatsApp.
Más allá del cumplimiento de la reglamentación, lo sucedido despierta suspicacias que pueden leerse de varias maneras. Una de las luchas que los lavallinos y lavallinas sostienen casi sin fisuras (autoridades, militancia ambientalista, productores, comunidades originarias, el pueblo en su conjunto) es la defensa del agua. Incluso, desafiando acuerdos partidarios, se ha escuchado a integrantes locales del oficialismo provincial expresarse en contra de la minería y de actividades que pongan en riesgo el ya escaso recurso con el que cuenta el departamento.
Casi la única excepción que se nos viene a la mente es la del diputado cornejista “paladar negro” Jorge López y su entorno, escrachado largamente en redes sociales por no defender el agua de Lavalle y por operar políticamente para que su padre ocupe un alto cargo en Irrigación, desplazando a productores y regantes que defienden el recurso. El detalle de este caso fue publicado en una nota de El Despertador del 8 de diciembre pasado.
¿Es lo sucedido un intento de aleccionamiento al intendente Edgardo González y su equipo?.
«¿Así que te gusta defender el agua? Bueno, ahí tenés: te mando a los sabuesos de la Policía Ambiental Minera para que no te pases de la raya», parece haber dicho Cornejo en esta oportunidad.
Distinta vara en Uspallata: otra irregularidad que confirma las sospechas
En las últimas horas se conoció un hecho que refuerza las denuncias sobre el trato diferencial que recibe el proyecto minero San Jorge. Un video difundido en redes sociales muestra una motoniveladora de Vialidad Nacional operando dentro del predio de la explotación privada.
Vecinos de Uspallata registraron imágenes de una máquina marca New Holland, identificada con el código 58-B-2-YFC, acompañada de un tráiler que presuntamente serviría para el alojamiento del personal, realizando tareas de mantenimiento de caminos internos del emprendimiento minero.
La situación generó indignación en la comunidad, ya que los caminos de la zona presentan un grave deterioro: la Ruta Nacional 149 se encuentra en muy mal estado, la Ruta Provincial 13 permanece clausurada para vehículos comunes y la Ruta 52 necesitaría intervenciones urgentes similares a las que estaría recibiendo la minera.
Vialidad Nacional es un organismo descentralizado que depende actualmente de la Secretaría de Transporte. El pasado 21 de enero se conoció la renuncia de su secretario, el mendocino Luis Pierrini, involucrado en una denuncia por presuntos subsidios otorgados en base a declaraciones falsas de empresas de transporte del Gran Buenos Aires, lo que constituiría un fraude cercano a los 30.000 millones de pesos. El administrador general de Vialidad Nacional es Marcelo Jorge Campoy.
El uso de bienes públicos para beneficio privado podría configurar delitos como malversación o peculado. Más allá de la tipificación penal que eventualmente deberían adoptar los jueces, es evidente que resulta ilegal utilizar recursos del Estado para favorecer emprendimientos privados, y más aún cuando se trata de un proyecto cuestionado socialmente por su impacto ambiental. El vinculo que tienen Javier Milei y Alfredo Cornejo no es necesario desarrollarlo en esta nota …