La situación de la comunidad mapuche Lof Yantén Florido, en el sur de Mendoza, lejos de encauzarse por vías institucionales, se agrava. Tras el desalojo a una familia mapuche en San Rafael en plena época de parición, denunciado días atrás, la Organización Territorial Malalweche alertó ahora sobre un nuevo escenario de violencia, hostigamiento y vulneración de derechos, luego de que la Justicia Federal rechazara el amparo presentado por la comunidad.
En un comunicado titulado “Llamado urgente a brindar garantías al lof Yanten Florido y a todas las comunidades mapuche en conflictos por desalojos en el sur de Mendoza”, la organización sostiene que el rechazo del amparo por parte del juez federal de San Rafael, Eduardo Puidéngola, constituye “una respuesta claramente política, para nada técnica ni jurídica”, orientada a habilitar el avance de intereses extractivos e inmobiliarios en la región.
“Hoy podemos confirmar que los intereses políticos pueden más que la institucionalidad del Estado y los derechos adquiridos”, advierten, y agregan que en las sentencias se “degradan los Derechos Indígenas y la Constitución Argentina con fines de protección de la especulación inmobiliaria y el avance de la minería a gran escala y el fracking en Mendoza”.
Según detalla el comunicado, el 1 de diciembre se autorizó el lanzamiento y ejecución del desalojo. Días después, el empresario Francisco Greco junto a un oficial de justicia, fuerzas policiales y personas contratadas, se presentó en el Puesto Costa del Lechuzo, donde José Luis Martínez y su hijo Franco, de 12 años, realizaban tareas comunitarias y prácticas ganaderas tradicionales, como el acompañamiento de la parición de chivitos.
La organización califica ese accionar como “una violenta acción contracultural y productiva” sobre la familia, en un momento especialmente sensible del ciclo ganadero. Tras negociaciones, se acordó el retiro de los muebles de la vivienda y un plazo de 20 días para trasladar los animales y otros bienes.
Desde la comunidad explican que la decisión de no resistir el desalojo estuvo guiada por la necesidad de proteger a los animales recién nacidos y evitar su mortandad, trasladándolos a un campo cercano fuera del área en conflicto. Al mismo tiempo, remarcan que continúan las acciones para retener la totalidad del territorio reclamado históricamente.
Sin embargo, la situación volvió a tensarse. Malalweche denuncia que el terrateniente Francisco Greco dejó en el predio a cuatro personas contratadas que, lejos de limitarse a tareas de mantenimiento, comenzaron a hostigar a la familia, prender fuego objetos cerca del puesto y amenazar con incendiar la vivienda prefabricada.
La comunidad presentó un escrito solicitando protección para los bienes y los animales durante el plazo establecido, pero advierte que la violencia escala: se cierran accesos, se impide el retiro de pertenencias y se intimida tanto a la familia como a vecinos de la zona, incluso incumpliendo lo ordenado por la jueza Andrea Grzona.
Ante este escenario, la Organización Territorial Malalweche exige garantías de seguridad para las personas y los bienes, y convoca a un proceso de diálogo desde una perspectiva ancestral e intercultural. “Estamos llamando a parlamentar, a intercambiar como lo hicimos durante miles de años”, expresan, en contraste con lo que describen como decisiones “racistas y fascistas”.
En ese marco, anunciaron la realización de un Travun Intercultural en solidaridad con el lof Yanten Florido y en defensa del agua y los territorios. La convocatoria es para el sábado 20 de diciembre, desde las 9 de la mañana, en el paraje Los Parlamentos, en el departamento de San Rafael. “Convocamos para detener esta escala represiva con los pueblos y en la unidad de todas las luchas”, concluye el comunicado.