La represión a las manifestaciones socioambientales en Mendoza volvió a ocupar el centro de la escena. La protesta contra el proyecto minero San Jorge, impulsado en Uspallata y rechazado por amplios sectores de la sociedad, terminó con personas detenidas, manifestantes golpeados y periodistas arrestados mientras realizaban su trabajo.
Lejos de tratarse de hechos aislados, desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierten que lo ocurrido responde a una política de Estado orientada a garantizar un modelo extractivista a cualquier costo.
Durante las últimas movilizaciónes en el centro mendocino, la Policía provincial desplegó un operativo que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias. Entre las personas privadas de la libertad hubo asambleístas, militantes culturales y trabajadores de prensa, varios de los cuales estaban debidamente identificados. El saldo incluyó personas heridas y causas contravencionales abiertas sin imputaciones claras.
Para Eliana Ocaña, integrante de CORREPI Mendoza, lo sucedido encaja en un patrón que la organización viene denunciando desde hace más de tres décadas: “En Mendoza asistimos a un recrudecimiento de la represión estatal que no es improvisado ni reactivo. Es el resultado de una ingeniería política, judicial y policial puesta al servicio de un modelo económico extractivista”, sostuvo.
En ese sentido, Ocaña remarcó que la represión no puede explicarse como una suma de excesos individuales. “No son errores, abusos ni policías que se levantaron de mal humor. La represión es una política de Estado, transversal a los gobiernos, como lo es el extractivismo. No hay grieta cuando se trata de disciplinar a quienes se organizan y resisten”.
La referente de CORREPI señaló que el aparato represivo no se limita al accionar policial en las calles. “La represión no empieza ni termina en el golpe. Incluye un entramado institucional que va desde las fuerzas de seguridad, los códigos contravencionales, la fiscalía, los juzgados y las cárceles, hasta el silenciamiento de los medios hegemónicos”, afirmó. Y agregó: “Si no fuera por las redes sociales y por los medios alternativos, muchas de estas situaciones directamente no se conocerían”.
En Mendoza, explicó, ese engranaje se expresa con claridad a través del Código Contravencional, que habilita detenciones sin delito, imputaciones ambiguas y causas que se prolongan en el tiempo. “Te imputan en minutos, te quedás con una causa abierta que no sabés cuándo se cierra. Eso genera desgaste político, económico y emocional. Es un castigo real que continúa mucho después de que termina la protesta”.
Ocaña también apuntó al despliegue de recursos estatales para sostener esta política de control social. “No hay plata para salud ni educación, pero sí hay un despliegue millonario obsceno: drones de vigilancia, sistemas biométricos, vallados, infiltración de agentes en asambleas, corralitos policiales y hasta el uso de la Legislatura como centro de detención y reclutamiento”, enumeró. “Todo eso responde a una política del miedo”.
La dirigente fue contundente al señalar responsabilidades políticas. “El gobernador Alfredo Cornejo no solo avala esta política, la legitima con su discurso. Cuando elige no escuchar la voluntad popular, gobierna con represión”. En la misma línea, cuestionó el rol de la vicegobernadora Hebe Casado y del Ministerio de Seguridad a cargo de Mercedes Rus, al que definió como una pieza central del esquema represivo. “No son fuerzas desbordadas. Son operativos planificados, con órdenes claras y respaldo político”.
Las imágenes que circularon en redes sociales, donde se observa a varios efectivos golpeando a una sola persona detenida, refuerzan ese diagnóstico. “Eso habla de una práctica institucional, no de un hecho aislado. También pone en riesgo la integridad física de las personas detenidas y revela una lógica de violencia profundamente instalada”, advirtió.
Frente a este escenario, desde CORREPI insisten en la organización y el cuidado colectivo. Ocaña recomendó no asistir solos a las movilizaciones, informarse previamente, usar elementos de protección y consultar el Manual del Pequeño Detenido, disponible en las redes y la web de la organización. “La organización es fundamental para resistir este avance represivo”, subrayó.
Finalmente, exigió la libertad inmediata y plena de Renzo y Facundo Goyano y el cierre de todas las causas abiertas contra quienes se manifestaron en defensa del agua. “El agua de Mendoza no se negocia. Esta lucha la vamos a ganar, pero tiene que ser con organización, asamblea y lucha”, concluyó.
Compartimos la entrevista completa con Eliana Ocaña: