En la mañana del viernes 17 de julio, la Comunidad Antirracista de Mendoza (CAM) realizó un acto público frente a la Legislatura provincial en repudio a los dichos racistas de la vicegobernadora Hebe Casado, exigiendo reparación ante esta violencia institucional y señalando la persistencia del racismo en la sociedad.
Al iniciar la actividad se llevó adelante la lectura de un documento en la que se señaló que el racismo no es una opinión, es violencia estructural en Mendoza:
“La Comunidad Antirracista de Mendoza emite la presente Declaración Pública con motivo de las expresiones racistas emitidas por la vicegobernadora Hebe Casado y las respuestas institucionales y diplomáticas suscitadas. Lo hacemos porque entendemos que este no es un hecho aislado. Se trata de la evidencia explícita de un problema estructural que atraviesa a nuestra sociedad: la persistencia del racismo, la colonialidad y la supremacía racial que se exacerban en la actualidad.
Las expresiones emitidas por una alta autoridad provincial no pueden ser reducidas a una opinión personal. Quien ejerce una función pública representa al Estado y tiene el deber de garantizar los principios de igualdad, dignidad y no discriminación consagrados en el marco jurídico internacional, nacional y provincial”.
Se mencionó la decisión adoptada por la Embajada de Francia en Argentina de declarar persona non grata a la vicegobernadora, también denunciamos la historia colonial de Francia, así como las continuidades contemporáneas de su presencia colonial planetaria y denunciamos que ningún Estado puede situarse por fuera del examen crítico de su propia responsabilidad histórica sobre la trata trasatlántica africana y expolio colonial en contra de los pueblos originarios y sus graves efectos en el presente:
“Advertimos que la historia de Mendoza no puede comprenderse sin reconocer el despojo de los pueblos indígenas preexistentes, el trabajo forzado de personas africanas esclavizadas y los aportes históricos en la construcción del Estado Nacional de las comunidades indígenas, afrodescendientes y africanas.
Queremos dejar evidencia de un ejemplo de la matriz racista colonial persistente: la violación del Convenio 169 de la OIT (ratificado por Ley Nacional 24.071) con la imposición de la megaminería en Mendoza, que elude soberbiamente la Consulta Previa a las comunidades preexistentes Huarpes, Mapuches y Pehuenches. Esta exclusión deliberada es evidencia directa del racismo estructural que pretende anular la identidad y los derechos territoriales indígenas para entregar los bienes comunes al capital transnacional. Los afrodescendientes y africanos conocemos en historia propia que el despojo a la identidad y a la ciudadanía es el paso previo al despojo del territorio. La extranjerización de nuestras identidades habilita la extranjerización de la tierra. Vale un paralelismo con el denominado “reparto de África” (Conferencia de Berlín 1884): un encuentro donde las potencias europeas se dividieron y apropiaron de un continente entero para explotar sus materias primas, sin la participación de África”.
Sosteniendo que las decoraciones de la vicegobernadora exponen la total falta de perspectiva política frente al racismo dentro de la gestión estatal. Al ejercer una función pública, la emisión de comentarios racistas constituye un claro acto de violencia institucional que perpetúa desigualdades estructurales:
“De vuelta al contexto local, manifestamos que la comunicación del gobernador Alfredo Cornejo priorizó la administración diplomática del conflicto sin asumir que la ofensa y agravio racial es en contra del Pueblo Mendocino. Del mismo modo, la respuesta de la representación diplomática de Francia, aun cuando condenó las expresiones discriminatorias, eludió reconocer que el colonialismo y el racismo forman parte de una historia y de desafíos pendientes en la sociedad francesa. La lucha contra el racismo exige coherencia, memoria, responsabilidad y reparación histórica. No admite dobles estándares.
Frente a esta situación, la Comunidad Antirracista de Mendoza sostiene que el racismo institucional genera daños individuales y colectivos cuya reparación constituye una obligación democrática”.
Al final del documento de la Comunidad Antirracista de Mendoza, exigen que se reconozca públicamente la gravedad institucional de los hechos y el daño ocasionado. Que se impulse políticas permanentes de formación en perspectiva antirracista para autoridades y agentes de los poderes del Estado. Que se fortalezca las políticas educativas y de memoria que reconozcan la historia y los aportes de los pueblos indígenas preexistentes y de las comunidades afroargentinas, afrodescendientes y africanas en la construcción de Mendoza. Que se establezca mecanismos eficaces de prevención, denuncia, sanción y reparación frente a actos de racismo institucional.
Al finalizar la lectura en los micrófonos, se entregó el documento por mesa de entrada en la Cámara de Senadores de Mendoza para que sea abordado en el recinto en las próximas sesiones .
Compartimos la entrevista realizada a Lilia Ferrer, Guadalupe Godoy Lemos, Javier Sosa , Noir y Julián Peñaloza, integrantes de la Comunidad Antirracista de Mendoza.
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