La provincia está a un paso de aprobar la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, una normativa que busca transformar el sistema actual. El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado. Todos a favor pero con peros.
Después de más de tres décadas con una legislación desactualizada, Mendoza avanza hacia la aprobación de una nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado y busca transformar la forma en que la provincia enfrenta uno de sus mayores desafíos ambientales y sociales: la basura.
La ley propone la erradicación de basurales a cielo abierto, la regionalización del sistema en cuatro zonas operativas y la trazabilidad de los residuos desde su origen hasta su disposición final. También reconoce por primera vez a los y las recuperadoras urbanas como actores esenciales en la cadena de gestión, aunque ese sector presenta algunas dudas y recaudos al respecto.
Para la doctora Belén Levatino, directora del Centro de Políticas Ambientales y Cambio Climático de la UNCuyo, el panorama tiene luces y sombras: “si vemos el vaso medio lleno, la ley incluye algo que en 1992 era un silencio absoluto: la inclusión de las cooperativas y de los recuperadores. Habla de trazabilidad, de planes municipales de inclusión social y de datos. Es un avance muy importante”.
Sin embargo, también advierte que el mayor desafío estará en la implementación, teniendo en cuenta a los y las recuperadores: “El alerta está en la creación de los centros tecnificados de gestión de residuos. Eso requiere mucho capital privado y no todas las cooperativas podrán dar ese salto. El riesgo es que queden fuera y que el negocio de la basura quede en manos del sector privado”.
La nueva ley contempla además la posibilidad de que los municipios gestionen directamente fondos y créditos internacionales, algo que antes dependía de la provincia. En este punto, Levatino reconoce un avance: “se mejoró el reconocimiento a la autonomía municipal. Antes, todo quedaba en manos de la provincia. Ahora se admite que los municipios pueden gestionar sus recursos y atraer financiamiento externo, lo que da más margen de acción” aunque puso una luz amarilla al respecto: “hay mucha concentración en las facultades de la Provincia, y eso es advertido por los municipios“, señaló.
De hecho algunos sectores de la oposición no apoyaron el proyecto bajo el argumento de que “viola la autonomía municipal”, “genera más confusión que soluciones” y “centraliza decisiones sin dar participación a los intendentes ni financiamiento a los municipios” según señalaron desde un comunicado, senadores del Justicialismo.
Uno de los casos emblemáticos es el cierre del basural de Puente de Hierro, anunciado como un paso decisivo hacia la erradicación de basurales. Pero la realidad es más compleja: “Es una bomba de tiempo. Todavía hay gente que vive de los residuos y, cuando se cierran estos lugares, se genera un problema social. No se trata solo de contaminación, sino también de subsistencia”, subraya Levatino.
El proyecto ahora pasará a Diputados, donde puede ser aprobado tal cual o con modificaciones. Luego vendrá la etapa de reglamentación, clave para definir cómo se aplicará en cada municipio. Los planes locales deberán elaborarse recién un año después de la reglamentación.
La especialista concluye con una mirada crítica pero esperanzada: “Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, celebro que después de 33 años se avance con una nueva ley. Pero también veo la luz amarilla de lo que puede pasar con su implementación. La ley del 92 decía que en un año se iban a erradicar los basurales, y todavía los tenemos. Por eso ahora necesitamos compromiso político y social real”.
Compartimos a continuación la entrevista completa con Belén Lavatino:
Los puntos centrales de la nueva ley GIRSU
- Erradicación de basurales a cielo abierto: eliminación y remediación progresiva de sitios de disposición informal.
- Regionalización: la provincia se divide en cuatro zonas (Metropolitana, Este, Centro y Sur) con consorcios interjurisdiccionales.
- Autonomía municipal: los municipios podrán elaborar planes propios y acceder a financiamiento nacional e internacional.
- Trazabilidad de residuos: registro y seguimiento desde la generación hasta la disposición final.
- Centros tecnificados: incorporación de tecnología para mejorar la valorización y reciclaje de residuos.
- Inclusión social: reconocimiento del trabajo de recuperadores urbanos y promoción de cooperativas.
- Educación ambiental: campañas en escuelas y comunidades para fomentar separación en origen y economía circular.