La Ley de Salud Mental aprobada en 2010 fue pionera al garantizar el derecho a la salud desde una perspectiva integral y comunitaria. Sin embargo, un proyecto de modificación impulsado por el gobierno nacional busca alterar su espíritu, priorizando la mirada médica sobre los derechos humanos y transfiriendo la responsabilidad del cuidado a las familias. Santiago Martín, psicólogo y becario del CONICET, analiza los riesgos de este cambio en un contexto donde los indicadores de malestar social y suicidios alcanzan cifras inéditas.
En abril de 2026, el gobierno nacional envió al Congreso una solicitud para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aquella norma fue considerada vanguardista a nivel mundial por desmontar el paradigma manicomial y poner el foco en los derechos humanos y la inclusión social. Hoy, tras más de una década de vigencia —y con dificultades de implementación por falta de presupuesto—, se debate si los cambios propuestos son una necesaria actualización o un peligroso retroceso.
Para analizar esta coyuntura, Radio La Leñera dialogó con Santiago Martín, psicólogo y becario del CONICET, quien advierte que el nuevo proyecto no solo modifica artículos, sino que cambia “el espíritu completo” de la ley.
Un contexto de crisis profunda
La discusión sobre la reforma llega en un momento crítico. Según datos recientes del Observatorio Psicosocial de la UBA, durante el último año se percibe un aumento significativo del malestar en la población argentina. Pero lo más alarmante, según detalla Martín, es el salto en las tasas de suicidio durante 2025: “Alcanzaron una cifra inédita que llegó a triplicar el registro de los homicidios”, señala el especialista, recordando que esta tendencia venía en aumento desde el inicio de la pandemia en 2020.
Es en este escenario de vulnerabilidad colectiva donde se introduce la pregunta por la modificación legal. El proyecto tuvo tratamiento en las comisiones del Senado entre abril y mayo, pero quedó estancado sin fecha definida para continuar, aunque la polémica ya está instalada.
Tres golpes al modelo actual
Martín identifica tres ejes fundamentales donde el proyecto de reforma representa un retroceso respecto a la ley vigente:
- El modelo de atención: La ley de 2010 prioriza el fortalecimiento de redes comunitarias y la participación de equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos). La reforma propone devolver el rol central a la “mirada técnica médica”, es decir, al psiquiatra, desplazando a otros profesionales y revalorizando al hospital psiquiátrico como dispositivo central, algo que la normativa anterior buscaba superar mediante la desmanicomialización.
- El sujeto de la ley: Mientras la ley actual habla de “padecimiento mental”, reconociendo que cualquier persona puede atravesar momentos de sufrimiento psíquico, la modificación reintroduce el concepto de “trastorno mental”. Esto restringe el foco de atención únicamente a quienes tienen un diagnóstico psicopatológico formal, excluyendo la prevención y el abordaje temprano de la población general.
- El sistema de cuidados: Uno de los puntos más criticados es que el proyecto deriva explícitamente la responsabilidad del cuidado a las familias. “Esto va a sobrecargar la vida cotidiana de las mujeres, quienes sostienen mayoritariamente la red de cuidados en nuestra sociedad”, advierte Martín, señalando que debilita los dispositivos públicos de acompañamiento.
Contradicción con tendencias globales
El psicólogo remarca que la reforma va en contra de las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que insiste en abordajes locales, barriales y en la creación de servicios comunitarios que trasciendan lo estrictamente sanitario. “La tendencia global es hacia un manejo más dinámico, que incluya factores sociales y económicos, y fortalezca la vida cotidiana. Lo que propone el gobierno es un abordaje fuertemente individual”, sostiene.
Además, se pone en riesgo la preparación de agentes clave como las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Martín recuerda que la falta de capacitación y la visión criminalizante suelen derivar en intervenciones violentas y uso desmedido de la fuerza contra personas en crisis, agravando sus cuadros clínicos.
Resistencia y defensa de la ley
Frente a este avance, organizaciones sociales, familiares y profesionales mantienen una fuerte movilización. Si bien reconocen que la ley de 2010 requiere revisiones —principalmente para asegurar su financiamiento y plena implementación—, rechazan estas modificaciones ya que profundizan un enfoque punitivo y medicalizante.
“Sin financiamiento, sin dispositivos comunitarios y sin perspectiva integral, cualquier política de salud mental hace agua o es una farsa”, concluye Martín. La defensa de la ley vigente se plantea así no solo como una batalla legislativa, sino como una disputa por cómo la sociedad entiende, acompaña y contiene el sufrimiento de sus integrantes.
Entrevista completa a Santiago Martín, psicólogo y becario del CONICET.