El Gobierno provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, dando continuidad a su política extractivista y desoyendo las expresiones del pueblo mendocino. Es especialista Marcelo Giraud denuncia irregularidades técnicas y legales, mientras asambleas y ciudadanos cuestionan las descalificaciones de la vicegobernadora Hebe Casado.
Un proyecto que vuelve del pasado
El Gobierno de Mendoza aprobó recientemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, ubicado en Uspallata, departamento de Las Heras, en plena cordillera frontal. La resolución conjunta (51/25-DM y 10/25-DPA) autoriza el inicio formal del procedimiento ambiental para la etapa de explotación del yacimiento de cobre.
Según el Ejecutivo, la iniciativa, rebautizada PSJ Cobre Mendocino, cumplió con los requisitos técnicos y sociales exigidos por ley, y su evaluación estuvo a cargo de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM). Desde el Gobierno sostienen que el proyecto es “viable técnica y ambientalmente”, aunque con condiciones de monitoreo y remediación.
Sin embargo, la decisión volvió a encender las alarmas en una provincia atravesada por el debate minero desde hace más de quince años. San Jorge ya había sido rechazado en 2011, tras una masiva movilización social y dictámenes técnicos que desaconsejaban su avance. Su regreso, con nuevos dueños y viejos promotores locales, reabre una disputa política y ambiental de fondo.
Marcelo Giraud: “nos quieren imponer un proyecto ya rechazado”
Entre las voces críticas se destaca la del geógrafo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, quien ha seguido el expediente de San Jorge desde sus primeras presentaciones en 2008. En diálogo con Radio Crece, Giraud fue categórico: “estamos muy preocupados y tratando de ocuparnos de todo esto que tiene que ver con el proyecto minero San Jorge y la aprobación que el Poder Ejecutivo le ha dado al refrito de ese viejo proyecto que ya había sido rechazado en 2011”.
El especialista recordó su participación en la evaluación original y denunció que el actual proceso repite errores y omisiones: “me tocó ser parte de la evaluación del proyecto presentado por Minera San Jorge en 2008, aprobado por el Ejecutivo de Jaque en 2010 y rechazado en agosto de 2011. Ahora, con otros dueños pero los mismos agentes locales, el gobierno vuelve a aprobarlo”.
Una de sus principales críticas apunta a la audiencia pública realizada este año: “la audiencia pública no fue una audiencia pública: fue una audiencia oficial privada. Se hizo al pie del cerro San Jorge, dentro del territorio minero, a 2.600 metros de altura, lejos del pueblo más cercano y más afectado, que es Uspallata”.
Giraud también cuestionó la manera en que el Gobierno trató el dictamen técnico de la Fundación UNCuyo: “la Fundación Universidad Nacional de Cuyo elaboró un dictamen técnico de 186 páginas, con objeciones muy duras. De todo eso, el gobierno redujo el contenido a tres páginas, con apenas 14 preguntas para la minera. Todo lo demás, especialmente lo social, fue ignorado”.
Ese informe académico había determinado que solo el 22% de los ítems ambientales estaba completa y suficientemente respondido. El resto, incompleto o parcial. “Emitir una DIA en esas condiciones es ilegal”, afirma Giraud, y continúa: “si un juez la analiza con criterio, debería declararla nula”.
El geógrafo también desmintió la supuesta “licencia social” que el oficialismo dice tener: “Cornejo y la ministra Latorre dicen que tienen licencia social porque ganaron las elecciones, pero eso es una extrapolación inadmisible. No se votaba la megaminería, se votaban diputados nacionales. Es falso decir que el 53% les da vía libre para avanzar”.
Según sus datos, en Uspallata más del 70% de la población sigue rechazando el proyecto, pese al discurso gubernamental. “El gobierno intenta imponer la minería trayendo la feria Argentina Mining Cuyo, como diciendo que Mendoza volvió al mapa del mundo minero. Pero sigue sin tener licencia social”, resumió.
Para Giraud, lo que está en juego no es solo una política extractiva, sino una decisión que puede marcar el futuro ambiental de la provincia: “si San Jorge termina siendo aprobado y construido, será mucho más grave que la pérdida temporal de la Ley 7722. No se trata de un papel: se trata de la materialidad concreta de lo que se nos viene encima”.
Compartimos a continuación la entrevista completa de Radio Crece:
Casado y los “cuatro trastornados”: la violencia política de la vicegobernadora
En medio de este clima de tensión, la vicegobernadora Hebe Casado sumó combustible al debate al referirse en una entrevista a los defensores del agua como “cuatro trastornados que repiten sin pensar un slogan”. Sus declaraciones generaron un fuerte repudio social y motivaron la publicación de una Carta Abierta por parte de la Asamblea por el Agua de San Rafael.
El documento exige “tolerancia cero a la violencia verbal institucional” y reclama una rectificación pública. “Cuando un gobierno descalifica a quienes expresan preocupación, vulnera no solo la dignidad ciudadana, sino también la ética que debe presidir el servicio público”, señala el texto.
La Asamblea pidió, además, la adopción de un código de buenas prácticas comunicacionales que promueva el respeto y el diálogo, y cuestionó la idea de que los sectores críticos sean “desinformados” o “pobristas”. “Las actividades agrícolas y vitivinícolas son el verdadero motor económico de Mendoza, no la megaminería, que aporta poco y pone en riesgo la salud y la economía local”, sostuvieron en el comunicado.
En ese sentido, Tierra Campesina entrevistó a Fernando “Ferlo” Acuña, integrante de la Asamblea sanrafaelina, quien describió el clima de hostigamiento que atraviesan los movimientos ambientalistas: “estos dichos son parte de las descalificaciones que venimos viviendo por parte del gobierno. Nos quieren meter la megaminería a toda costa”.
Acuña denunció que las fuerzas de seguridad provocan y reprimen las marchas pacíficas, utilizando la violencia como método de intimidación: “cada vez que las asambleas por el agua organizan una concentración, la policía provoca, golpea, hace arrestos, para meternos miedo”.
Consultado sobre la posibilidad de una denuncia formal contra Casado, respondió que por ahora el camino es el diálogo: “lo que buscamos es que cambien la metodología, que haya respeto. No queremos pelear, discutimos ideas, no personas”.
El militante social subrayó, respondiendo a las chicanas de Casado sobre los especialistas que se expresaron, que las asambleas no están solas: detrás de ellas hay vecinos, científicos, técnicos y organizaciones que comparten la defensa del agua y del territorio. “Nos cuesta que nos escuchen, pero seguimos insistiendo. Siempre está la esperanza de que el diálogo sea posible”, agregó.
Compartimos la entrevista con Fernando Acuña:
Una disputa que va más allá del cobre
La aprobación del proyecto San Jorge, junto con las declaraciones de la vicegobernadora, profundizó la grieta entre el Gobierno provincial y las organizaciones ambientales que cuentan con al apoyo de gran parte de la ciudadanía mendocina. Mientras el Ejecutivo defiende el procedimiento como “ajustado a derecho”, las asambleas aseguran que el proceso fue irregular y que se ignoran dictámenes técnicos y la voluntad popular.
En el fondo, la discusión vuelve sobre una pregunta estructural: ¿qué modelo de desarrollo quiere Mendoza?.
Entre las promesas de inversión y las advertencias por el agua, San Jorge se convirtió una vez más en el epicentro de un debate que trasciende lo ambiental: interpela la democracia, la participación y el respeto institucional.
Como sintetizó Marcelo Giraud: “nos toca marcarles la cancha y decirles que de ninguna manera pueden violar la voluntad popular. Es ahora, ahora es cuando”.