Lejos de una política de fortalecimiento educativo, se evidencia un desfinanciamiento sistemático que hunde a las y los docentes en la pobreza y estrangula el futuro de la educación técnica.
Mientras el gobierno de Claudio Poggi proclama en sus anuncios oficiales que 2026 es el “Año de la Educación” en San Luis, en el marco del bicentenario de la primera escuela sarmientina, el análisis de los datos económicos y presupuestarios expone una realidad muy distinta. La paradoja es grotesca: se inauguran salas de 3 años y se lanzan planes de alfabetización, mientras el salario docente se desploma un 40.4% en dos años y el gobierno nacional, con la anuencia tácita de las provincias, desmantela los fondos legales que sostenían al sistema.
El ranking nacional de la indignidad: San Luis lidera la caída salarial docente
Los números, fríos y oficiales, de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo y el INDEC, pintan un cuadro desolador. Entre junio de 2023 y junio de 2025, San Luis se ubica en el primer puesto del ranking nacional de pérdida del poder adquisitivo docente, con una caída del 40.4% en términos reales. Para que une docente sanluiseñe recupere el salario de hace dos años, necesita un aumento del 67.9%, el porcentaje más alto de la Argentina.
La comparación es brutal: un docente con 10 años de antigüedad perdió el equivalente a cinco meses de sueldo en su bolsillo. El aguinaldo de diciembre de 2025, lejos de ser un alivio, evidenció la caída. Docentes como Marcela Escudero, de Tilisarao, con 33 años de servicio, mostraron recibos por $352.105, incluso menores que los del medio año anterior. “La realidad nos golpea fuerte”, declaró en sus redes sociales, desmintiendo con su recibo la retórica gubernamental. “No es cuestión de política, es razonamiento lógico. Nos quieren ignorantes y pasivos”.
Este derrumbe va más allá de la desaparición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que impactaba entre un 5% y 8% del salario. La magnitud de la pérdida en San Luis –y en otras 19 provincias que también registran caídas– es responsabilidad directa de la gestión provincial, que prioriza el relato de la “transformación educativa” sobre la dignidad de quienes la ejecutan.
El desguace nacional y el abandono provincial de la Educación Técnica
El panorama empeora aún más al observar el destino de la Educación Técnico Profesional (ETP). Con la aprobación del Presupuesto Nacional 2026, el gobierno de Javier Milei, mediante el polémico Artículo 30, eliminó el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Este fondo, creado por ley en 2005, garantizaba un mínimo del 0.2% del presupuesto nacional para equipamiento, insumos y mantenimiento de más de 3,800 instituciones técnicas donde estudian 1.4 millones de alumnes.
En San Luis, esto impacta de lleno en 35 escuelas técnicas que, según datos oficiales provinciales, habían logrado aumentar la cobertura de sus Prácticas Profesionalizantes al 97%. Sin el fondo nacional, el futuro de estas especialidades -claves para el desarrollo productivo- queda librado a la voluntad y a la capacidad fiscal de una provincia que demuestra incapacidad para remunerar dignamente a sus docentes.
La eliminación del fondo es tan lesiva que un grupo de estudiantes, padres y docentes de escuelas técnicas del país presentó una acción de amparo por inconstitucionalidad, argumentando que una ley de presupuesto no puede derogar leyes de fondo que garantizan derechos. “Está claro que a Javier Milei y su Gabinete no les interesa tener un país con producción nacional”, denunciaron les amparistas.
El “Año de la Educación” y la gran simulación
Frente a este desastre, el gobierno de Poggi despliega una puesta en escena de logros: la apertura de 45 salas de 3 años, los planes “Queremos Aprender” y “Queremos Resolver”, la participación en ferias de ciencias y la creación de cooperativas escolares. Son iniciativas valiosas en su objetivo, pero insustanciales en su base material si quienes enseñan están empobrecides y las escuelas técnicas ven desaparecer su financiamiento clave.
La declaración de 2026 como “Año de la Educación” por la Legislatura sanluiseña, en homenaje a Sarmiento y a la maestra Rosenda Quiroga, aparece en este contexto como un mero gesto simbólico. Más ligado al marketing político que la defensa de derechos por parte del Estado.
Mientras tanto, el presupuesto nacional deja a la educación argentina con una inversión proyectada del 0.73% del PBI para 2026, muy por debajo del 6% establecido por la derogada Ley de Educación Nacional y en caída libre desde 2015.
El futuro se exige hoy y San Luis tiene una deuda que saldar con los ojos bien abiertos
La educación no se negocia con retórica edulcorada, ni se compra con kits de materiales didácticos o ferias de ciencia fotografiadas para la prensa oficial. La educación se defiende con hechos concretos: con salarios que no sean un insulto, con presupuestos que no sean una estafa y con leyes que no se deroguen con un decreto disfrazado de ajuste.
Mientras el gobierno de Javier Poggi se envuelve en la bandera de Sarmiento para declarar el “Año de la Educación”, ejecuta en la práctica un ajuste silencioso y brutal contra el corazón mismo del sistema: los y las docentes, condenades a un salario que perdió el 40% de su valor.
Esta no es una contradicción, es una estrategia calculada. Es el viejo arte de la distracción: aplaudir los actos escolares mientras se vacían los bolsillos de maestras y maestros y se desmantelan, artículo 30 mediante, las herramientas legales que garantizaban un piso de inversión educativa de escuelas técnicas.
Por eso, el verdadero legado de este 2026 no se escribirá en los discursos del gobernador. Sino en los recibos de sueldo docentes que muestran una caída libre hacia la pobreza. Se escribirá en los talleres de las escuelas técnicas, donde las máquinas quedarán obsoletas por falta de repuestos. Se escribirá en las aulas vacías de los mejores profesores, obligades a huir de una provincia que precariza sus vidas.
El relato oficial es un monumento al pasado. Los números son un grito de rabia en el presente. Y el futuro de la educación puntana no “pende de un hilo”: está siendo deliberadamente cortado, tijera en mano, entre el ajuste nacional y la complicidad provincial.
La deuda es con las y los docentes, con las y los estudiantes, con el país. Y se cobra con memoria, con organización y con la firme convicción de que sin dignidad no hay educación y sin recursos no hay futuro.