En la provincia de San Luis, donde el gobierno de Claudio Poggi declaró al 2026 como el “Año de la Educación” en conmemoración de los 200 años de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento, un nuevo conflicto docente expone la distancia entre el discurso oficial y la realidad laboral en el sistema educativo.
El martes 10 de marzo, ocho coordinadores de circuitos de escuelas generativas rurales y al menos dos docentes fueron despedides sin explicaciones formales, luego de haber participado semanas atrás de un reclamo frente al Ministerio de Educación por mejoras salariales y condiciones laborales.
Las y los trabajadores manifiestan que las desvinculaciones son a causa de la protesta realizada el 18 de febrero, cuando docentes de los 28 circuitos rurales reclamaron actualización del viático por traslado, reconocimiento de antigüedad y zona, contratos formales y mejoras salariales en un contexto donde los ingresos docentes en San Luis continúan entre los más bajos del país, aunque los datos oficiales digan lo contrario.
Despidos comunicados por mail
La forma en que se produjo la decisión generó indignación en la comunidad educativa rural. Según el relato de la docente Sandra Aranda, coordinadora despedida del circuito generativo rural N.º 16, la noticia llegó de manera inesperada y sin comunicación previa.
“El día martes 10 de marzo a las ocho de la mañana a los profesores de diferentes circuitos generativos rurales les llega un mail diciendo que a partir de la fecha se va a comunicar con ellos un nuevo coordinador o coordinadora. Automáticamente nuestros profesores, ya que nosotros somos coordinadores de generativas rurales, nos empiezan a preguntar qué pasó, si sabíamos algo”, expresa en dialogo con La Bulla.
Aranda explica que inicialmente pensaron que se trataba de un error administrativo, ya que ninguno de los coordinadores había recibido notificación oficial. “Nosotros desde la inocencia total dijimos: ‘no, se deben haber equivocado’, porque no hay ninguna notificación, no hay nada. Entre las ocho y las ocho y media nos empezamos a comunicar entre coordinadores y vimos que a varios profesores de diferentes circuitos les había llegado el mismo mail”.
La sorpresa fue mayor cuando comprobaron que el mensaje implicaba la remoción de ocho coordinadores que trabajaban en distintos circuitos rurales.
Ante la situación, los y las docentes decidieron dirigirse al Ministerio de Educación para pedir explicaciones. Sin embargo, aseguran que no recibieron respuestas.
“Llamamos a nuestros jefes. A quien era nuestro jefe, Luciano Martínez, no nos contestó. Llamamos a Pablo Fernández, que muy amablemente nos atendió, pero nos dijo que no sabía nada y que después nos iba a avisar”.
Los y las coordinadores se presentaron entonces en el edificio ministerial. Allí, según Aranda, tampoco obtuvieron información concreta. “Nos fuimos al ministerio porque no entendíamos nada de lo que había pasado con nosotros. Cuando llegamos, Pablo Fernández nos atendió muy bien, pero no nos dijo nada porque no sabía nada”.
Finalmente apareció el funcionario responsable del área. “En eso llega nuestro jefe. Nos invita a un espacio aparte. Entonces le preguntamos que no entendíamos qué había pasado, qué iba a ser de nuestras vidas. Y en un silencio absoluto, sin darnos ninguna explicación, solo nos dijo: ‘todo mándenmelo por mail’”.
La docente describe la escena como un diálogo frustrado. “Le dijimos: ‘pero te estamos preguntando acá porque ya llegó este mail que vos mandaste’. Y él repetía: ‘todo mándenmelo por mail’. Le preguntamos: ‘Luciano, ¿nos echaste? Queremos saber los motivos’. Nada. Nos dijo: ‘si los echaron ya les llegará la notificación’”.
Sospechas de represalia
Horas después llegó finalmente la notificación formal. “Llegó la notificación donde se habla de ocho coordinadores y donde se habla de un acta que supuestamente explica por qué nos han echado. Nosotros no hemos visto esa acta, nadie nos dio ninguna explicación”, detalla Aranda, al tiempo que remarca que, según el estatuto docente, los trabajadores tienen derecho a conocer ese documento y presentar un descargo.
“Si existe esa acta, realmente está dentro del estatuto docente que nosotros tenemos derecho a leerla y derecho a realizar un descargo”.
Para los y las docentes afectades, el despido tiene relación directa con el reclamo realizado semanas atrás.
“Casualidad: somos los mismos que fuimos a reclamar junto con un montón de coordinadores más que nos devolvieran el viático a Terrazas. Fuimos con mucho respeto, sin hacer lío, a pedir ese dinero porque no nos alcanzaba”, detalla Aranda.
La docente también señala que un profesor que participó del mismo reclamo recibió un telegrama de renuncia.
“A un profesor que ese día también fue a hablar con ellos muy respetuosamente le llegó el telegrama. Estamos esperando a ver a qué otro profesor más le llega el pedido de renuncia”.
Aranda sostiene que nunca recibió cuestionamientos por su desempeño. “En mi caso no hay una queja de un directivo de nivel primario, no hay una queja de un padre, no hay una queja de un niño” Por el contrario, afirma haber dedicado años de trabajo al desarrollo del circuito rural.
“He trabajado día y noche por el circuito generativo rural número 16. He dado mi vida, he dado mi familia, para que me echaran así, como te la estoy contando”, afirma.
La situación resulta aún más contradictoria, señala, porque el propio Ministerio le entregó su evaluación docente en el mismo momento del despido. “Sumado a que recién cuando me estaban echando me entregaron mi concepto docente y tengo 10 firmado por quien me echó”.
Docentes rurales y la precarización en el “Año de la Educación”
Las Escuelas Públicas Digitales Rurales, impulsadas por la Universidad de La Punta, fueron creadas para garantizar educación a niñas, niños y jóvenes de zonas rurales entre 6 y 17 años.
El modelo se basa en el aprendizaje por proyectos, el uso de tecnología y el trabajo comunitario, buscando reducir la brecha educativa en territorios alejados de los centros urbanos. En algunos casos, un mismo coordinador tiene a cargo hasta cinco escuelas generativas, lo que implica largas distancias de traslado y trabajo territorial constante.
El conflicto se produce en un momento políticamente sensible para el gobierno provincial. En 2026, la gestión de Poggi declaró el “Año de la Educación” para conmemorar el bicentenario de la primera escuela fundada por Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro, con la promesa de fortalecer las políticas educativas, la infraestructura y la calidad del sistema.
Sin embargo, para los y las docentes rurales, la realidad cotidiana está marcada por salarios bajos, contratos precarios y reclamos sin respuesta.
Los despidos de coordinadores que habían participado de un reclamo salarial profundizan esa contradicción ya que mientras el discurso oficial reivindica la educación como política de Estado, trabajadores del sistema educativo denuncian persecución laboral por exigir condiciones de trabajo dignas.
En las escuelas rurales, donde la presencia del Estado suele ser más frágil, el conflicto abre además un interrogante mayor: qué lugar ocupa la educación pública cuando quienes sostienen el sistema en territorios alejados son despedides sin explicaciones o confinades al silencio para mantener sus puestos de trabajo